Lula da Silva y Europa: desencuentros por el Mercosur y promesas de financiación para el medio ambiente

Fuera de las declaraciones de circunstancia, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur parece cada vez más lejano. A pesar de que se viene hablando de él desde hace 24 años, y a pesar de que Lula había prometido en la campaña electoral llevarlo a cabo en los primeros seis meses de su mandato, todo el Mercosur, empezando por Brasil, parece quedar ahora en la cuerda floja. Estamos hablando del principal bloque comercial de Sudamérica, creado hace 32 años y formado por cuatro países miembros, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y seis países asociados, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

El viaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Brasilia el lunes, al menos en las intenciones del viejo continente, debía servir de presión para que Brasil aceptara las exigencias europeas. Tanto es así que hasta el final von der Leyen declaró que el acuerdo se firmaría a finales de año. De hecho, las negociaciones entre los dos bloques habían terminado en 2019 con la firma del Gobierno de Bolsonaro, pero el texto no había sido ratificado, dando paso a nuevas negociaciones.

“Este acuerdo debe ir mucho más allá del comercio”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, “debe representar un compromiso a largo plazo y una plataforma para continuar el diálogo”. Sin embargo, al día siguiente de sus declaraciones, la Asamblea Nacional francesa votó con 281 votos en contra y 58 a favor una resolución contra la ratificación del acuerdo de libre comercio con Mercosur. La resolución no tiene fuerza de ley, pero representa un cambio de rumbo en las negociaciones y corre el riesgo de crear un punto muerto sin retorno.

Entre las razones del veto figura el temor a una competencia desleal que perjudicaría a los productores franceses. Los partidarios de la resolución exigen, de hecho, que los productos importados de Brasil cumplan los mismos requisitos sanitarios y medioambientales que son obligatorios para todas las mercancías que entran o circulan en la Unión Europea. “Este tratado fragiliza nuestra agricultura”, declaró la eurodiputada ecologista Marie Pochon, según la cual el acuerdo podría acelerar la deforestación de la Amazonia en un 25%.

Es precisamente en torno a la cuestión del medio ambiente que la relación entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y Europa se torna cada vez más conflictiva. Por un lado, von del Leyen destacó en su discurso en Brasilia que “el tema global que más nos une es el cambio climático”, reconociendo el “liderazgo en el área climática” de Lula y anunciando una aportación de 20 millones de euros al Fondo Amazonia, una iniciativa de Alemania y Noruega para proteger la floresta y promover el desarrollo sostenible que recaudó unos 198 millones de dólares entre 2009 y 2018, cuando el gobierno de Bolsonaro lo suspendió.

Por otro lado, son precisamente algunas exigencias adicionales sobre el medio ambiente que prevén sanciones en caso de incumplimiento, añadidas al acuerdo en marzo pasado por la Unión Europea en una carta adjunta, “side letter” en inglés, las que han despertado la ira de Lula: “La premisa que debe existir entre socios estratégicos es la confianza mutua y no la desconfianza y las sanciones. Paralelamente, la Unión Europea ha aprobado leyes propias con efectos extraterritoriales que alteran el equilibrio del acuerdo. Estas iniciativas representan potenciales restricciones a las exportaciones agrícolas e industriales brasileñas”, afirmó el presidente brasileño.

En realidad, la “side letter” nunca se hizo pública. Mientras una parte del gobierno de Lula critica sus “duros términos”, otras fuentes afirman que el documento no menciona sanciones. En realidad, Europa quiere obligar a Brasil a cumplir los acuerdos medioambientales de París, en particular la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El viejo continente se reserva también el derecho de establecer barreras comerciales si se demuestra que los productos proceden de zonas de América Latina recientemente deforestadas. Para Brasil se trata de proteccionismo disfrazado de ecologismo.

Queda la cuestión nada menor de los pesticidas. El 27% de los que se utilizan en Brasil están prohibidos en Europa. Además, la autorización del trigo argentino HB4, un trigo transgénico resistente a la desecación y al glufosinato de amonio, ha causado recientemente mucha polémica. Más de 10 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec) y la Asociación Brasileña de Agroecología (ANA), han pedido al Consejo Nacional de Bioseguridad (CNBS) que prohíba la importación.

Según estas asociaciones ha habido violaciones en el proceso de aprobación y han faltado estudios sobre los peligros para la salud humana y el medio ambiente. No es de extrañar que la cuestión de los agrotóxicos también se trató en la resolución votada por la Asamblea Nacional francesa. Por último, el acuerdo estipula que las empresas de ambos bloques podrán participar en licitaciones públicas en las mismas condiciones. Pero el gobierno de Lula intenta a toda costa cambiar este punto del texto del acuerdo, que ya había sido aprobado, con el argumento de que esta apertura podría perjudicar a la industria brasileña. Según el diario O Globo, “obsesionado con la idea de política industrial, Lula quiere impedir que los europeos participen en las licitaciones públicas”. Sin embargo, conviene recordar que Brasil tiene una de las economías más proteccionistas del mundo y entre las más cerradas. El acuerdo permitiría una apertura muy interesante para la industria del país. Además, la Unión Europea es el segundo socio comercial del país y con el acuerdo podría diversificar aún más su red de exportaciones, al menos en parte, de las de China, hoy en día dominantes.

Ursula von der Layen intentó endulzar la dura píldora de la negociación prometiendo una inversión de dos mil millones de euros en la producción ecológica de hidrógeno en Brasil. El tema también es muy discutido internacionalmente en estos momentos. Un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de 2019 reveló que el hidrógeno verde, es decir, el producido por electrólisis del agua con energías renovables, solo representa el 0,1% de la producción mundial de hidrógeno. De hecho, el mayor problema es que se necesita mucha energía para producir una pequeña cantidad de hidrógeno, y la energía renovable necesaria para producirlo no se puede almacenar. No es casualidad que la producción de hidrógeno y su uso como alternativa energética sean objeto de intensos debates en la ciencia y la industria desde hace al menos veinte años sin que se hayan logrado resultados importantes a gran escala. Hasta la fecha, y ahí está la paradoja, un tercio del total mundial de hidrógeno -38 millones de toneladas al año- se utiliza en refinerías de petróleo. La mayor parte de este hidrógeno se produce localmente, principalmente a partir de gas natural; estos volúmenes también se complementan con hidrógeno comprado a proveedores comerciales. El temor según muchos expertos es que, más allá de los anuncios políticos, la viabilidad del hidrógeno verde en Brasil sea mínima, reduciéndose a una mera cuestión de negociación entre Lula y Europa.

La próxima semana Lula viajará de nuevo al viejo continente, tras su visita de abril a Portugal y España. Esta vez se reunirá con el presidente Emmanuel Macron en Francia, donde participará en una conferencia “sobre modelos de financiación global para hacer frente al cambio climático”. Anunciada por Macron durante la COP27 de Egipto, en noviembre de 2022, la idea es discutir un nuevo contrato entre los países del Norte y del Sur global para hacer posibles proyectos que actualmente están bloqueados por cuestiones financieras. Además del cambio climático, también deberán discutirse cuestiones como la lucha contra la pobreza, la reforma de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y soluciones para los países endeudados.

Después de Francia, el “Grand Tour” de Lula continúa en Roma, donde el presidente brasileño será recibido el 21 de junio por el Papa Francisco, que el día anterior concederá una audiencia al dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Según fuentes de Itamaraty, con el Papa, al que ya había escuchado por teléfono a finales de mayo, Lula hablará de la protección del medio ambiente, la lucha contra el hambre y la guerra de Ucrania, un tema que ha provocado críticas mutuas entre Lula y Europa.

Tras una reunión fallida, no exenta de polémica, con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en el último G7 celebrado en Hiroshima (Japón), el jefe de gabinete del gobierno de Kiev, Andrii Iermak, telefoneó el martes al asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim. El ucraniano expresó el deseo de Zelensky de visitar a Lula en Brasil. También se habló de una cúpula internacional para debatir sobre la paz. Iermak telefoneó también a Ajit Kumar Doval, asesor de seguridad nacional de India. Se trata de una iniciativa de Ucrania para obtener el apoyo de los países del Sur en una propuesta de paz dictada de todos modos por Kiev. En las mismas horas Amorim también canceló una visita a Noruega, al Foro de Oslo, oficialmente por motivos de agenda. El asesor de Lula debía presentar ante el público del foro la propuesta brasileña de paz por el conflicto en Ucrania. Según la prensa brasileña, en el viaje a Noruega Amorim también debía defender la candidatura de Lula al Premio Nobel de la Paz.

Seguir leyendo: