La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló este jueves que la condena a seis años de prisión por lavado de dinero contra José Rubén Zamora, fundador de un diario crítico del gobierno de Guatemala, es un “golpe bajo” a la libertad de expresión.
La sentencia dictada el miércoles también fue criticada por el gobierno de Estados Unidos, que se declaró “muy preocupado” y afirmó que “amenaza el periodismo independiente”, así como por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que la calificó de “vergonzosa”.
“Se trata de un golpe bajo para la libertad de prensa en Guatemala”, dijo el presidente de la SIP, Michael Greenspon, en un comunicado.
Es “contradictorio o, al menos sospechoso, que un periodista, cuyas denuncias sobre corrupción pública llevaron a presidentes y a altos funcionarios a la cárcel, termine en la cárcel”, agregó el jefe de la SIP.
Zamora era dueño de El Periódico, un medio crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, que publicaba artículos sobre hechos de corrupción y que dejó de publicar hace un mes.
La Fiscalía había solicitado 40 años de cárcel para el periodista por lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje, pero fue absuelto de los dos últimos.
Zamora, de 66 años, está recluido desde hace casi 11 meses en la prisión Mariscal Zavala, dentro de un cuartel militar de la capital.
El Periódico cerró sus actividades el 15 de mayo tras 27 años de circulación, luego de denunciar persecución judicial penal y presiones financieras, agravadas con la detención de su dueño.
La Fiscalía acusó a Zamora de intentar lavar un equivalente a unos 37.500 dólares “producto de chantajes y extorsiones” a empresarios, cargos negados por Zamora.
El periodista adelantó que apelará el fallo para anular la condena, lo mismo que el fiscal Rafael Curruchiche, quien pretende elevar la sentencia a 40 años de prisión.
“Si bien la SIP es respetuosa de los fallos judiciales, no podemos dejar de reiterar nuestras críticas al sistema de Justicia de Guatemala por su falta de independencia”, expresó Greenspon.
“Erosión de la libertad”
Por su lado, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, dijo que esta sentencia “amenaza el periodismo independiente y la libertad de expresión en Guatemala”.
“El mundo estará pendiente de que se proteja su salud e integridad física”, escribió Nichols el miércoles en su cuenta de Twitter aludiendo a Zamora.
Un portavoz del Departamento de Estado de EEUU declaró a la agencia de noticias EFE que “este veredicto manda una señal muy preocupante para el periodismo y la libertad de expresión en Guatemala” y subrayó que “el Gobierno guatemalteco tiene la responsabilidad de brindar garantías de un juicio justo a todos los acusados”. Además, defendió la importancia de “una prensa libre” para la rendición de cuentas y advirtió que “cuando los periodistas son encarcelados, la libertad de expresión de todos se resiente”.
El CPJ calificó de “vergonzosa” la condena de Zamora, cuya esposa y un hijo se fueron del país por temor a ser arrestados.
El fallo “es un claro testimonio de la erosión de la libertad de expresión en el país y de los desesperados intentos del gobierno del presidente Alejandro Giammattei de criminalizar el periodismo”, dijo el director de programas del CPJ, Carlos Martínez, en un comunicado.
“Los funcionarios guatemaltecos deben poner fin a la absurda farsa de los procesos penales en su contra. Es hora de que José Rubén Zamora sea liberado, porque su único ‘crimen’ ha sido el ejercicio sin miedo de su profesión”, puntualizó.
Otras dos causas
A las críticas se sumaron la Oficina en Washington para Asuntos en Latinoamérica (WOLA) y el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca.
Zamora acusa al presidente Giammattei y a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de haber fabricado el caso para silenciarlo por publicaciones sobre corrupción en el gobierno.
El periodista enfrenta, además, otros dos casos abiertos por la Fiscalía.
Su juicio comenzó tras la detención y exilio de varios ex fiscales y jueces que investigaron sonados casos de corrupción, quienes ahora son señalados en su mayoría de abuso de autoridad.
(Con información de AFP y EFE)
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