Hasta el 18 de julio la Fiscalía y la Contraloría de Ecuador deberán determinar sanciones en contra de los ex funcionarios encargados del manejo del informe final –conocido como el tercer producto– que revelaba los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, y que desapareció.
En febrero pasado la Corte Constitucional resolvió y dispuso varias acciones alrededor del caso. Entre ellas se ordenó la entrega del informe perdido a la viuda del general, Patricia Ochoa. Para lograrlo, el gobierno de Guillermo Lasso conformó un comité que contactó al perito argentino Roberto Meza Niella, quien en el 2015 presentó dicho informe ante las autoridades de la época. Meza Niella y su equipo están en Quito reconstruyendo la investigación.
Además, el alto tribunal constitucional dispuso que en cinco meses la Fiscalía y la Contraloría sancionen a los funcionarios que, en aquel momento, estuvieron a cargo del tercer producto. Sobre esta resolución, la Contraloría presentó ante la Corte el resultado de dos exámenes especiales que se practicaron en el 2019 donde se establecerían sanciones administrativas para siete funcionarios, incluyendo a un ministro del correato.
Los ex funcionarios del Ministerio de Justicia con responsabilidades sobre el manejo del informe final, según la Contraloría, son: Lenín Lara, entonces ministro de Justicia; Jorge Pazmiño, ex director de Asesoría Jurídica; Jéssica Jaramillo, ex coordinadora de Asesoría Jurídica; Cristina Sofía Calvopiña, ex servidora pública; Gabriela Espinoza, ex servidora de Apoyo; Luis Miguel Mendoza, ex asistente y Geovanna del Rocío Palacios, ex directora de Secretaría General del Ministerio de Justicia.
Una de las ex funcionarias, Jessica Jaramillo, dijo al medio ecuatoriano Primicias que la Contraloría solo le informó que se abrió un proceso en su contra, pero que no se incluyó en dicho informe una resolución sancionatoria por lo que “fue liberada de cualquier tipo de responsabilidad”.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado aún no se ha pronunciado sobre los avances que la institución ha realizado para cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional.
El oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, fue acribillado en 2009 en la puerta de su casa luego de denunciar por sobreprecios una compra de helicópteros indios Dhruv. Su misterioso asesinato sucedió durante el gobierno de Rafael Correa y la versión oficial siempre sostuvo que se trató de un acto de delincuencia común. Sin embargo, las pericias de un experto que fue contratado por aquel gobierno indicó que el asesinato de Gabela estaba relacionado a las denuncias que este realizó.
A inicios de este mes, el perito Meza Niella presentó su diagnóstico sobre la información que el Estado ecuatoriano le entregó en esta ocasión. Los resultados revelados por Meza Niella muestran que un informe que el experto emitió fue modificado.
Entre los miles de documentos que distintas autoridades del Estado le entregaron al perito, este encontró tres versiones distintas de un informe que se le atribuye pero “ninguna de estas tres versiones presenta sumillas, firma y sello del perito Roberto Meza Niella”. Estas versiones se encontraron en la información que remitió la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado.
Las observaciones más importantes de esas versiones son las conclusiones. En la primera versión se concluye que el asesinato del general Gabela fue producto de la delincuencia común. En la segunda se incluye que el asesinato no tuvo relación con las denuncias sobre los helicópteros Dhruv. La tercera versión, en cambio, se asegura que el asesinato fue consecuencia de un robo y se descarta cualquier otra posibilidad: “Las hipótesis planteadas en las versiones uno y dos son diferentes. Verificando que en la tercera versión no existen hipótesis”, indicó Meza Niella en su informe diagnóstico.
En los resultados de los exámenes especiales que la Contraloría realizó en el 2019 se advierte lo que Meza Niella confirmó a inicios de junio: el informe final no estaba sumillado ni tenía las firmas del experto, pese a que él ha asegurado que se entregó dicho producto suscrito con su firma, sello y sumilla.
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