Las turbinas de los aviones que incesantemente despegaban y aterrizaban apaciguaban el sonido de las balas que allí, próximo al aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la comuna de Quilicura, en Santiago, se disparaban en un polígono de tiro clandestino que la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató.
De acuerdo a la investigación, el polígono clandestino era de propiedad de Juan Pablo Ruiz, también conocido como El Vengador.
Ruiz se hizo conocido en la prensa el año 2017, luego de que junto a un amigo se hicieran pasar por funcionarios de la PDI y recorrían las calles de Santiago detectando asaltantes y deteniéndolos. Se hacían llamar Los Vengadores.
El tiempo pasó, Juan Pablo Ruiz se reinventó, y armó su empresa de seguridad en la que ofrecía cursos de tiro en el polígono que no tenía autorización.
La acusación dice que él fue quién arrendó el polígono y también las armas a ciudadanos venezolanos, entre ellos un ex policía y otro ex integrante de la Guardia Nacional Bolivariana, que no tenían su situación migratoria en regla en Chile. Ellos ofrecían cursos de tiro básico en una empresa a la que bautizaron como V-Raptor Adiestramiento.
“Se comentó que uno de los V-Raptor se vio vinculado con unos detenidos por un robo en que estos delincuentes habían ido a practicar tiro en el recinto”, dijo el comisario Carlos Muñoz, de la Brigada Contra el Crimen Organizado de la PDI, en un reportaje emitido por T13.
Prosede, la empresa que armó Ruiz, también ofrecía cursos de disparo avanzado gratuitos a Carabineros y funcionarios de la PDI. Y hasta cursos de tiro en movimiento, desde un automóvil.
El 10 de junio, en una redada, la PDI detuvo a Ruiz, los ciudadanos venezolanos y todos los asistentes al último curso: 15 funcionarios de Carabineros y otros 5 civiles, todos quienes por ahora son considerados como testigos en la causa.
Se incautaron armas como un fusil convencional, tres fusiles de airsoft, dos rifles convencionales y otro de airsoft, balas de distinto calibre, cargadores, cascos, chalecos antibalas, antiparras, blancos de tiro, etc.
En las redes sociales de ambas empresas se puede ver cómo se enseñaba a disparar a hombres y mujeres, y hasta habían hecho cursos invitando a instructores extranjeros de Brasil y Argentina.
Empresas legales
La fiscal Tania Sironvalle, jefa de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional Centro Norte, explicó que el mentado polígono funcionaba a través de dos empresas legalmente inscritas, Prosede y V-Raptor, que prestaban el servicio de seguridad. En polígono, que no tenía permiso para funcionar, se arrendaban armas para practicar y se vendían municiones.
El Jefe Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, Guillermo Gálvez, dijo que se abrió un sumario administrativo contra tres funcionarios de la policía civil que frecuentaban el campo de tiro. Según dijo, se trataba de una actividad prohibida pues “la institución tiene todas las condiciones anualmente para poder desarrollar estas prácticas de tiro”.
La fiscal añadió que se determinará si los funcionarios policiales y de carabineros compraban municiones a Juan Pablo Ruiz, lo que cambiaría su condición de testigos en la causa a imputados.
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