Guatemala está por condenar a 40 años de prisión a su periodista más crítico e influyente

José Carlos Zamora logró hablar con su padre la semana pasada, después de siete meses de silencio. Su padre, José Rubén Zamora, fue el director de El Periódico, uno de los diarios más influyentes de Guatemala hasta su cierre definitivo el 15 de mayo pasado, y lleva 10 meses preso en una cárcel de máxima seguridad acusado de lavado de dinero y otros delitos que el Ministerio Público ha sido incapaz de probar.

La última vez que hablaron, José Carlos y su padre, el periodista Zamora, apenas tuvieron cinco minutos. “Tanto que decir y tan poco tiempo. Nos reímos, nos pusimos al día, me habló sobre su salud. Él ya está solo esperando”, dijo Zamora hijo a Infobae en una charla telefónica

José Rubén Zamora espera, desde que se realizó la última audiencia en su contra, el 31 de mayo, que el tribunal guatemalteco que lleva su caso dicte sentencia. El Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, una abogada a la que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado como funcionaria corrupta y antidemocrática, ha pedido 40 años de cárcel, algo que la justicia guatemalteca no pidió siquiera en los casos del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes se vieron obligados a renunciar en 2015 acusados de corrupción.

A Zamora padre, la fiscalía de Porras lo acusa de tres delitos: lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. El argumento del MP es este: el periodista y director de El Periódico entregó a un hombre llamado Ronald García Navarijo, extrabajador en un banco local, 300,000 quetzales (unos USD 40,000) como parte de una transacción financiera para pagar la operación diaria de El Periódico. Los fiscales alegan que el origen de ese dinero no es lícito, a lo que Zamora ha respondido que proviene de la venta de obras de arte donadas por amigos del diario. El MP dijo en la corte, además, que el origen real de el dinero son chantajes que el periodista hizo a personas a las que amenazó con desprestigiar.

En ninguna de las 11 audiencias judiciales realizadas contra Zamora y la abogada Samari Gómez, a la que el MP acusa de confabularse con el periodista, los fiscales presentaron pruebas de supuesto origen ilícito del dinero ni del supuesto chantaje. En sus alegatos finales, Cinthia Monterroso, la fiscal que lleva el proceso, siguió hablando en condicional, sin atreverse a dar por hecho que el periodista hubiese participado en los hechos que se le imputan. Monterroso, como destacó el defensor de Zamora, usó palabras como “pudo”, “es probable”, “podría”, al referirse a las supuestas acciones del periodista.

Todo el caso, dice José Carlos Zamora, hijo del exdirector de El Periódico, es una ficción, es “creado, montado”. En eso coinciden con él las principales organizaciones que defienden periodistas. El Centro para la Protección para Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, y 130 comunicadores de todo el mundo emitieron un comunicado en diciembre pasado en el que cuestionan a García Navarijo, el testigo del MP, y demandan la libertad inmediata de Zamora.

“El principal testigo contra Zamora… es un exbanquero (García Navarijo) acusado de corrupción. Tampoco hemos visto argumentos legítimos a nivel judicial o de apelación para mantener a Zamora tras las rejas”, dijeron CPJ y los periodistas.

La periodista Bertha Michelle Mendoza, ex corresponsal de CNN en Ciudad de Guatemala y hoy exiliada tras recibir amenazas de muerte y de que sería encarcelada por su cobertura crítica del poder, coincide. “El MP quiere mandarnos un mensaje a quienes hemos trabajado en contar lo que ha estado pasando con los casos de estos grupos criminales clandestinos y de corrupción incrustados en el Estado. Es un mensaje para que no volvamos a Guatemala. Lo que quieren es que José Rubén Zamora no salga nunca de la cárcel, eso es lo que parece con la saña con la que armaron todo esto”, dice en charla con Infobae.

Lo cierto es que José Rubén Zamora y El Periódico han sido, desde 1996 cuando el diario se fundó, un dolor de cabeza para presidentes y empresarios señalados por corrupción y otros delitos. En el cuarto de siglo que ha pasado desde entonces, El Periódico ha publicado investigaciones sobre la relación del poder político con el narcotráfico y de las grandes redes de corrupción guatemaltecas, además de dar nuevos impulsos al periodismo narrativo y cultural en el país centroamericano.

Juan Francisco Sandoval, ex fiscal guatemalteco exiliado en Washington por investigar al presidente Alejandro Giammattei y a otros, no tiene duda sobre los motivos del MP para perseguir a Zamora. “Es porque El Periódico ha sido uno de los medios más críticos contra la administración gubernamental, y alguna sección del medio era la única vía para denunciar situaciones que ocurren y nadie se atrevía a denunciar”, dice.

Durante los años en que estuvo en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una especie de fiscalía supranacional que ayudó a investigar crímenes complejos, entre 2006 y 2019, El Periódico reportó entresijos de los grandes casos que la comisión llevó a la justicia. La animadversión de los investigados contra Zamora, en parte por eso, no es nueva.

La posibilidad de que el periodista terminara en la cárcel, cuenta José Carlos Zamora, ha sido una sombra para la familia desde hace tiempo. “Siempre era una posibilidad. Habían pasado muchas cosas desde que yo tenía 14 años. Nos tiraron granadas, nos ametrallaron para asustarnos, porque si nos hubiesen querido matar nos hubiesen matado. A él le volaron un carro. En 2003 nos secuestraron a todos a la fuerza. En 2008 lo trataron de asesinar. Toda la vida ha sido esto”, cuenta.

Hoy, el Ministerio Público de Consuelo Porras, una de las principales aliadas políticas del presidente Alejandro Giammattei, ha hecho de José Rubén Zamora el enemigo más importante de la fiscalía guatemalteca y ha pedido al juez del caso que le aplique una sentencia de 40 años que en Guatemala muy rara vez se aplica. En toda América Latina solo hay, al cierre de esta nota, dos periodistas presos: Zamora en Guatemala y Lázaro Yuri Valle Roca en Cuba, condenado a cinco años de cárcel el año pasado. Varios periodistas nicaragüenses permanecieron en las cárceles del dictador Daniel Ortega desde 2018, año en que hubo protestas masivas contra el régimen, pero fueron liberados por intervención del Departamento de Estado en Washington el pasado febrero.

José Carlos Zamora identifica dos publicaciones de El Periódico como las que despertaron la ira de quienes controlan el poder político en Guatemala en la actualidad: un reportaje sobre la llamada trama rusa, relacionado con el supuesto soborno que el presidente Alejandro Giammattei recibió de mineros rusos y kazajos para hacerse con un contrato en uno de los puertos más grandes del país, y un artículo sobre la relación personal entre el presidente y Miguel Martínez, un influyente funcionario del entorno presidencial.

En agosto de 2021, El Periódico publicó una edición especial titulada “Los siete días que nos visitaron los rusos”, en la que Zamora y sus periodistas revelaron que una delegación de mineros rusos y kazajos se reunieron con empresarios y políticos guatemaltecos, entre ellos el presidente Giammattei, en el marco de negociaciones para obtener permisos de explotación en yacimientos en el noreste del país y una vía libre para exportar minerales y tierras raras a través del Puerto Santo Tomás de Castilla, en la costa Caribe.

Una de las fuentes de El Periódico detalló que miembros de la delegación extranjera, que estuvieron en Guatemala la última semana de abril de 2021, visitaron la residencia de Giammattei y le dejaron una alfombra llena de dólares para sellar los tratos en el puerto.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP había empezado una investigación sobre el supuesto soborno ruso en junio de 2021, lo cual le costó el puesto a Juan Francisco Sandoval, el jefe de la unidad fiscal entonces, y lo obligó a exiliarse en Estados Unidos en julio de aquel año. A partir de entonces, la fiscal general Porras se apoderó de la FECI y ascendió a la fiscal Cinthia Monterroso, quien ahora pide 40 años de cárcel para Zamora. Como jefe de la fiscalía especial, Porras nombró a Rafael Curruchiche, quien ha supervisado todo el caso contra el exdirector de El Periódico y bajo cuyas órdenes se extendió la persecución contra varios periodistas y columnistas que trabajaron con Zamora.

Pero no fueron siempre Monterroso y Curruchiche los que llevaron siempre la voz cantante en la acusación. En la persecución penal a Zamora, como ha ocurrido en los casos de ex fiscales y ex investigadores que acusaron de corrupción y otros crímenes a los más poderosos de Guatemala, participan como querellantes privados los abogados de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una organización de ultraderecha dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, un activista a quien CICIG investigó por su supuesta participación en el tráfico de metanfetaminas. Como en otros casos, en este la FCT ha sabido antes que nadie sobre las actuaciones del MP y ha participado en campañas masivas de difamación contra Zamora.

“Son los sicarios parajudiciales, es algo nuevo. Es parte del modus operandi aplicado a la persecución penal. Es una estrategia que solo es posible porque estos sicarios tienen al MP y al sistema de justicia a su disposición”, asegura José Carlos Zamora sobre la FCT.

El hijo de José Rubén Zamora, quien desde el arresto de su padre ha recorrido medios internacionales, Naciones Unidas y organismo defensores de derechos humanos para denunciar lo que pasa en su país, cree que el poder en Guatemala ha mutado de uno que mataba a quienes se le oponían a otro que hoy, por el control absoluto que ejerce sobre el aparato judicial, prefiere lanzar persecuciones criminales contra aquellos que le estorban.

“Pasaron de torturar y asesinar a usar la ley porque ellos controlan todo el aparato de justicia. Eso vino precedido de las campañas de difamación en contra de periodistas, en atacar la credibilidad, que es el principal activo de un periodista. Se dieron cuenta que al usar la ley penal tenían una herramienta perfecta, porque además todo el proceso es una difamación que busca matar en vida al periodista. Y en Guatemala eso lo dijeron así los activistas de la FCT”, reflexiona José Carlos Zamora.

Todo esto ocurre en un momento crítico en Guatemala. El próximo 25 de junio el país elegirá a quien sustituirá en la presidencia a Alejandro Giammattei, uno de los mandatarios más impopulares de los últimos años, marcado por escándalos de corrupción, por una pésima gestión de la pandemia de Covid-19 y por arreciar la persecución política contra críticos como José Rubén Zamora. Toca a Giammattei el dudoso honor de ser el presidente bajo cuyo gobierno el periodista más influyente del país está por ser condenado a décadas en prisión.

Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio de poblaciones indígenas Maya Ixil, es la favorita para ganar, pero solo después de que pactos en los pasillos del poder han procurado que el Tribunal Supremo Electoral y las altas cortes del país bloqueen las candidaturas de tres candidatos -entre ellos una lideresa indígena- con capacidad real de derrotarla. Ricardo Méndez Ruiz, el director de la fundación privada que ha litigado en contra de Zamora y otros, es cercano a la candidatura de Ríos.

El momento no es mejor para los periodistas en otros rincones de Centroamérica. En El Salvador, el director de la policía del presidente Nayib Bukele ha amenazado con meter presos a los periodistas que han reportado sobre pactos entre políticos y pandilleros, como el que el gobierno Bukele tuvo con la MS13 y el Barrio 18, las dos pandillas más importantes del país.

A una semana de que el tribunal lea la sentencia contra su padre en Ciudad de Guatemala, José Carlos Zamora no es optimista. “Solo te queda esperar lo que decida el tribunal. Es ridículo lo que está pidiendo el MP: ¡40 años! Ni Otto Pérez Molina ni Baldetti, de quienes se comprobó que robaron del erario, el MP pidió 30 años y solo les dieron 16. Sabés que viene una condena por nada. Le fabricaron el caso. Todo es fabricado en el proceso. No le probaron nada porque no hay nada que probar. Toca resignarte a que lo van a condenar. No lo van a dejar libre”, dice. Aunque, acto seguido, busca en un último resquicio: “Nunca he dejado de tener un poco de fe, una esperanza de que algo funcione en el sistema, que se apeguen a la ley… Que haya jueces que decidan hacer bien su trabajo. Tenés que tener un poco de fe. Pero es difícil.”

La comunidad internacional, dice el hijo de José Rubén Zamora, ha sido solidaria, pero eso, cree, no es suficiente en los casos de los atropellos a la libertad de prensa en Guatemala y Centroamérica, sobre todo si se lee el contexto desde los Estados Unidos.

“En el caso de Estados Unidos están atentos, se comunican de buena fe, pero te asombra y decepciona que por combatir la migración ignoran los temas como la democracia, las libertades, la libertad de prensa. Al final es una aproximación miope, porque podés tener aliados como Giammattei y Bukele para tener una policía migratoria, pero eso no va a parar la migración. El tema de fondo es la corrupción que roba oportunidades en estos países. La corrupción mata la esperanza. No importa que construyás un muro, no parará mientras no mejoren las condiciones en el sur de la frontera”, dice.

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