La oscura trama detrás de los USD 120 millones que El Salvador deberá pagar el año próximo al régimen de Nicolás Maduro

Dos días antes de que Nayib Bukele jurase como presidente de El Salvador, el 30 de mayo de 2019, el Ministerio de Hacienda emitió un documento que certifica la venta de un bono por USD 120 millones de deuda al banco central de Venezuela. El régimen del dictador Nicolás Maduro autorizó, pocos meses después, que parte de los intereses que genera esa deuda se pagaran a Drefaza, una sociedad anónima operada por el entorno de Alba Petróleos, el consorcio de compañías salvadoreñas financiado con dinero del petróleo venezolano que es investigado por lavado de dinero en Estados Unidos, en Venezuela y en el país centroamericano y que ha sido financista del presidente Bukele.

Desde que la deuda con Venezuela fue monetizada por el gobierno salvadoreño, al inicio de la presidencia Bukele, ese dinero ha generado USD 19 millones en intereses. Con la complicidad de funcionarios de la presidencia en San Salvador, de los administradores de la banca estatal venezolana amparados por el dictador Nicolás Maduro y una red de empresas salvadoreñas investigadas por lavado de capitales, parte de esos millones ha servido en los últimos años para alimentar la caja chica de operadores políticos cercanos a Bukele.

No es la primera vez que el entorno de Bukele acude al dinero venezolano para financiarse. El actual presidente salvadoreño, uno de los más populares en la historia del país centroamericano, inició su carrera con un aparato mediático y de propaganda que incluyó un canal de televisión, financiado en parte con el dinero venezolano gestionado por Alba Petróleos.

El principal operador político de Alba Petróleos ha sido, desde su fundación en 2006, José Luis Merino, también conocido como Comandante Ramiro, a quien Estados Unidos tiene en la mira desde finales de la década 2000 por sospechas de que traficó armas para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de que lavó dinero venezolano en complicidad con políticos salvadoreños del FMLN y, desde principios de la década pasada, con el entorno del actual presidente, Nayib Bukele. Entre 2013 y 2015, Merino y Alba Petróleos canalizaron al menos USD 3.4 millones al entorno de Bukele, de los cuales USD 1.9 millones los recibió el futuro presidente a título personal.

Bukele empezó a recibir dinero venezolano en 2013, cuando era alcalde del pequeño suburbio residencial de Nuevo Cuscatlán, al sur de la capital, San Salvador, a través de préstamos y donaciones de empresas privadas, varias de ellas de cartón. El dinero de la banca venezolana a través de la venta de un bono del tesoro salvadoreño, que fue monetizado en 2019 horas antes de que el actual presidente asumiera el mando del país y cuyos intereses fueron recogidos por operadores políticos cercanos a casa presidencial, es la primera operación financiera con fondos públicos venezolanos hecha a través de la hacienda salvadoreña del que se tiene noticia en la era Bukele.

Además de la deuda de USD 120 millones que la administración de Bukele tiene que pagar en 2024, y de la que hasta ahora no había conocimiento público, aquella operación dejó a José Luis Merino, uno de los padrinos políticos del presidente, con USD 19 millones con el aval del régimen de Nicolás Maduro.

Infobae consultó con un investigador estadounidense en Washington, quien durante años ha seguido la pista al dinero de Alba Petróleos desde agencias de aplicación de la ley, sobre la posibilidad de que esta sea una operación típica de lavado de dinero: “Estas son, precisamente, las operaciones de blanqueo que operadores como José Luis Merino han hecho en Centroamérica”, respondió.

Un agente de Wall Street, quien habló con Infobae bajo condición de anonimato y quien sigue de cerca las finanzas públicas de El Salvador y la evolución de su deuda, aseguró que la bolsa en Nueva York no tenía conocimiento de lo que el gobierno salvadoreño adeuda a Venezuela. El exfuncionario salvadoreño consultado confirmó que el trato con Bandes se hizo de forma privada y no a través de la bolsa local. De cualquier manera, el gobierno de Nayib Bukele tiene en el horizonte un nuevo vencimiento de deuda que no era público: USD 120 millones a pagar a Caracas en diciembre de 2024, lo que se suma a los USD 347 millones que, según el actual ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, el país centroamericano debe de pagar a sus acreedores en 2025. Este año, El Salvador logró pagar USD 800 millones que de deuda que se vencían en enero; debido a que el gobierno Bukele tiene entrampada la negociación de un crédito por USD 1.4 mil millones con el Fondo Monetario Internacional, el pago de 2023 lo hizo echando mano de recurso interno, de un ajuste al sistema previsional y de otros créditos.

Infobae intentó comunicarse con el ministerio de hacienda de El Salvador y con José Luis Merino y su entorno, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero no hubo repuesta.

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) monetizó en 2019 la deuda por USD 120 millones que había comprado al gobierno salvadoreño, según un funcionario en el ministerio de hacienda de El Salvador (MH). La deuda, que se vence en 2024, fue contratada a un 4.5% de interés anual. La compra no fue hecha a través de la bolsa de valores de El Salvador, sino de forma privada.

En marzo de 2019, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Bandes y advirtió con extender las sanciones a quienes hicieran negocios con el banco venezolano, el ministerio de hacienda salvadoreño se vio obligado a hacer una operación para “materializar” el título de la deuda vendida a Venezuela a través de un documento que se emitió el 30 de mayo de 2019, cuando Bukele ya era presidente electo y a dos días de su toma de posesión. “Es un procedimiento normal pero nunca se había hecho”, aseguró a Infobae un exfuncionario del gobierno salvadoreño que conoció de la operación.

Siete meses después, cuando ya Bukele había jurado como presidente, Bandes informó al ministerio de hacienda salvadoreño que cedía a una oscura sociedad anónima de El Salvador los derechos de reclamar los intereses de la deuda contratada, la nada despreciable suma de USD 5.4 millones al año. La empresa autorizada para recibir los fondos, en dos entregas de USD 2.7 millones cada una correspondientes a los intereses generados por los USD 120 millones a julio y a diciembre de 2019, se llama Drefaza y sus huellas llevan hasta Alba Petróleos, a José Luis Merino y a contratos con el gobierno de Bukele.

Drefaza se constituyó como sociedad anónima el 20 de diciembre de 2018 y ese día fue inscrita en el Registro Civil de El Salvador, de acuerdo con documentos en poder de Infobae. Un año después, el 19 de diciembre de 2019, Bandes, el banco estatal más importante de Venezuela y uno de los principales operadores financieros del dinero proveniente del petróleo venezolano, cedió a Drefaza, entonces administrada por una mercadotécnica salvadoreña de 29 años, el derecho de explotar al menos USD 5.4 millones de los intereses que producía al año la deuda que Venezuela había comprado a El Salvador.

La administradora de Drefaza se llama Maira Ivette Garcilazo Chávez, quien también ha actuado ante las autoridades salvadoreñas como representante de Vengo S.A. de C.V., una empresa textilera a la que han sido adjudicados contratos para confeccionar uniformes en oficinas públicas del gobierno de Nayib Bukele, entre ellos uno con el ministerio de salud firmado en agosto de 2021. Los contratos de Vengo con el gobierno en los que Garcilazo Chávez actúo como representante de la textilera son por montos que no pasan de los USD 4,000; nada comparado con los millones de dólares a los que la mujer tuvo acceso por decisión del gobierno de Nicolás Maduro.

En El Salvador, la cesión de derechos por lo USD 5.4 millones que hizo Bandesa a Drefaza de la que fue informado el ministerio de hacienda fue notariada el 18 de febrero de 2020 ante los oficios de la abogada Claudia Beatriz Guzmán, quien también fue empleada de Alba Petróleos en litigios comerciales y ante la superintendencia de competencia de El Salvador. El 4 de noviembre de 2019, unos meses antes de que Bandes en Venezuela cediera a Drefaza la explotación de intereses por la compra de deuda pública a El Salvador, la abogada Guzmán se presentó ante un tribunal de apelaciones como representante de INGEHI, una empresa relacionada con el conglomerado Alba Petróleos, en un litigio civil.

Pero Claudia Guzmán no era una abogada cualquiera para Alba Petróleos. Fue ella quien, el 2 de junio de 2017, se presentó como una de las dos abogadas del consorcio en el litigio abierto por la Superintendencia de Competencia de El Salvador por supuestas prácticas monopólicas. Fue ante la abogada Guzmán que, dos años después, uno de los bancos más importantes de Venezuela confirmó la cesión de derechos sobre intereses de una deuda millonaria, adquirida por el gobierno de El Salvador, a favor de una mercadotécnica especializada en confeccionar uniformes.

Un agente del ministerio de hacienda de El Salvador, que estuvo al tanto de la compra de deuda salvadoreña por parte de Bandesa, dijo que este tipo de cesión de derechos sobre los intereses no es una práctica común y que, en este caso, podría estar relacionado con la sanción estadounidense al banco venezolano.

Otro funcionario de hacienda -ambas fuentes hablaron desde el anonimato por no estar autorizados a hacerlo en público y por temor a represalias- aseguró que el convenio entre Bandesa y Drefaza solo incluía la cesión de derechos por los intereses vencidos en julio y diciembre de 2019. Desde entonces, el dinero venezolano ha seguido generando intereses, unos USD 19 millones, que por ahora deberían de estar resguardados por el gobierno salvadoreño. Un agente salvadoreño que ha investigado el supuesto lavado de dinero de Alba Petróleos desde 2016 dice que los operadores de José Luis Merino y del consorcio estén buscando cuentas de terceros para cobrar ese dinero.

El gobierno de El Salvador materializó la deuda que había adquirido con el gobierno de Venezuela, a través de Bandes, el 30 de mayo de 2019. Nelson Fuentes, entonces ministro de hacienda, firmó ese día un título valor de crédito por USD 120 millones en el que se especifica que el pago total se haría el día del vencimiento de la deuda, el 8 de diciembre de 2024, y fijó la tasa de interés al 4.5% anual, un valor por debajo del estándar de mercado en aquellos días gracias “a las buenas relaciones entre ambos países”, según explicó un funcionario salvadoreño.

Cuando aquel título valor fue emitido Nayib Bukele ya era presidente electo. Un día después de la emisión, el 31 de mayo de 2019, la fiscalía general de El Salvador allanó una treintena de empresas, buena parte de ellas de cartón, que operaban bajo la sombrilla de Alba Petróleos. Al día siguiente, el 1 de junio, Bukele juró como presidente.

Poco después de la toma de posesión, periodistas y medios salvadoreños tuvieron acceso a parte de los documentos decomisados en las empresas de Alba Petróleos, entre los cuales había pruebas de que el consorcio había financiado a Bukele desde que él era alcalde de Nuevo Cuscatlán, un suburbio de clase media alta en las afueras de la capital San Salvador donde empezó su carrera política a principios de la década pasada. Con parte del dinero que le dio Alba Petróleos, a él y a miembros de su entorno que ocupan puestos ministeriales en el actual gobierno, Bukele montó la primera operación mediática y de propaganda en su carrera política, que lo llevó primero a la alcaldía de la capital y luego a la presidencia del país.

Con los documentos encontrados a finales de mayo de 2019 en los allanamientos a las empresas de Alba Petróleos, la fiscalía abrió una investigación por posible lavado de dinero en la que aparecían los nombres de Bukele y sus funcionarios como supuestos partícipes del esquema. Agentes estadounidenses destacados en San Salvador colaboraron con la investigación. Washington, de hecho, ha seguido la pista a Alba Petróleos y a José Luis Merino, el operador político y financiero de PDVSA en El Salvador, desde finales de la década de 2000.

Todas esas investigaciones fueron bloqueadas desde el 1 de mayo de 2021, cuando Bukele y el Congreso que él pasó a dominar tras las elecciones legislativas de ese año impusieron de forma ilegal al abogado Rodolfo Delgado como fiscal general. Delgado, quien fue empleado de Alba Petróleos, enterró la investigación por lavado de dinero y otras que implican al presidente y a su entorno.

Mucho antes de que Bukele irrumpiera en la política salvadoreña, el dinero del petróleo venezolano había alimentado al partido FMLN, que gobernó El Salvador entre 2009 y 2019 y bajo cuya bandera nació y creció el actual presidente. Merino, dirigente del FMLN se apropió del partido gracias, en buena medida, a que él manejaba el dinero venezolano, y, desde al menos 2012, desvió parte de esos millones a la operación política para hacer crecer a Bukele. Entre 2018 y 2019, luego de que Bukele fue expulsado del FMLN por pleitos internos, Merino siguió apoyando al joven político. Cuando Bukele llegó a la presidencia, los lazos entre Merino, Alba Petróleos y el nuevo mandatario siguieron intactos a través de funcionarios como Erik Vega, hasta hace poco secretario privado del dirigente del FMLN y asesor comercial del presidente.

En público, Nayib Bukele ha renegado varias veces de Venezuela y de Nicolás Maduro. Lo hizo antes de que se hiciera público que sus campañas políticas habían sido financiadas en parte con dinero de PDVSA. Lo siguió haciendo a pesar de que Sara Hanna Georges, una de sus principales asesoras, es investigada en Estados Unidos por su relación con Raúl Gorrín, el testaferro de Maduro que movió millones de dólares de PDVSA en bancos de la Florida. Y lo hizo a pesar de que sus vínculos políticos con Merino, el hombre de los venezolanos en El Salvador desde hace décadas, ha sido uno de sus principales aliados.

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