De la Cruz Roja a la Cruz Blanca: las razones de la última batalla insólita de Daniel Ortega

Tras el desmontaje de la Cruz Roja Nicaragüense está la intención de “convertir al partido sandinista y, particularmente, a las figuras de Rosario (Murillo) y de Daniel (Ortega), en las únicas personas a las cuales la comunidad puede recurrir en caso de emergencia”, afirma el opositor Félix Maradiaga.

Maradiaga es uno de los siete precandidatos presidenciales encarcelados por Ortega y posteriormente desterrados, y se desempeñó como director de Protección Civil en el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007).

Para el opositor, Nicaragua está ante “la construcción de un modelo norcoreano tropicalizado, donde la pareja omnipresente esté, no solo en todos lados, sino que sea desde la perspectiva de ellos, el único estamento de poder al cual la población más vulnerable, más pobre, que es la que sufre las consecuencias de los desastres naturales y de las emergencias, tenga que recurrir solo a ellos”.

El 10 de mayo pasado, el régimen de Daniel Ortega canceló la organización humanitaria Asociación Cruz Roja Nicaragüense, que se regía bajo los principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La despojó de sus emblemas y símbolos y ordenó que todos sus bienes pasaran a manos del Estado.

La Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), con sede en Ginebra, Suiza, y con colaboradores en más de 100 países del mundo, manifestó en un comunicado su preocupación por el cierre de su representación en Nicaragua y expresó que “esta situación podría poner en riesgo actividades humanitarias muy necesarias en el país, así como el trabajo del personal nicaragüense”.

En un aparente viraje, este 2 de junio la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la “Ley creadora de la Cruz Blanca”, una institución estatal adscrita al Ministerio de Salud, que pretende sustituir a la cancelada Cruz Roja que funcionaba en Nicaragua desde hace 92 años.

La Cruz Blanca, dice la ley, será constituida con “los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles, registrados o no, que hayan pertenecido a la extinta Asociación Cruz Roja Nicaragüense”.

En la exposición de motivos de la ley, los diputados establecen que “es necesario contar con una entidad humanitaria y de socorro que atienda las emergencias bajo el modelo comunitario familiar”.

“Como entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Salud (MINSA), la Cruz Blanca brindará sus servicios de atención bajo los principios del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), de: Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Participación Social, Eficiencia, Calidad, Equidad, Sostenibilidad y Responsabilidad de los Ciudadanos”, expuso el Parlamento en una nota de prensa.

Para Maradiaga, el abandono de la simbología de la Cruz Roja y la creación de la Cruz Blanca es una estrategia para recibir apoyos de la misma organización mundial. “Se dieron cuenta de que no tienen la capacidad económica, financiera y tampoco es muy lógico desconectarse todos los recursos internacionales que estarían disponibles para el estado de Nicaragua, una situación de emergencia”, dice.

“Estos organismos priorizan la protección civil como su razón de ser”, añade. “Por esa razón, es posible especular que la Cruz Roja Internacional estaría dispuesta a tener una relación de colaboración técnica con una entidad nacional que tenga otro nombre y no utilice su emblema de la Cruz Roja, pero que esté lista para atender situaciones de emergencia”.

El régimen de Daniel Ortega justificó el cierre y confiscación de los bienes de la Cruz Roja bajo la acusación de que esta institución humanitaria actuó en contra de sus principios de “humanidad, imparcialidad y neutralidad” al apoyar la rebelión ciudadana de 2018.

“En los actos acontecidos en el año 2018, que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de (sus) principios y de su acta constitutiva y estatutos; y la asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”, consideró la ley que canceló a la organización.

La oposición nicaragüense acusó al Ministerio de Salud de negar la atención médica a los ciudadanos nicaragüenses que resultaron heridos como consecuencia de la represión policial y paramilitar mientras protestaban. Un caso emblemático es el del adolescente de 15 años, Álvaro Conrado, quien murió el 20 de abril de 2018 después de ser herido en el cuello y que dos hospitales le cerraran las puertas al buscar atención de emergencia.

Para Maradiaga, el régimen de Ortega esperaba un comportamiento similar de la Cruz Roja. “Decir que la Cruz Roja se involucró en acciones subversivas es un argumento que no tiene ninguna lógica, porque está ampliamente documentado que la Cruz Roja no solo en Nicaragua, sino en cualquier parte del mundo, tiene que atender heridos ante una situación como esta, independientemente de la filiación de las personas que están involucrados en las partes del conflicto. Eso está claramente detallado en todos los protocolos de Ginebra”, señala Maradiaga.

El opositor recuerda que Nicaragua “está en la cima de los países de mayor vulnerabilidad en América Latina”. Managua, la capital del país, fue destruida completamente en dos ocasiones por terremotos durante el siglo pasado. Ha sido desbastada por huracanes, maremotos, deslaves, sequías, y erupciones volcánicas, así como por guerras y violencia social.

La Cruz Roja llegó a Nicaragua precisamente para el terremoto del 31 de marzo de 1931 que destruyó Managua, y desde entonces ha estado presente en todas las emergencias y desastres que ha vivido este país centroamericano. Al momento de su cierre, tenía 42 filiales en Nicaragua.

A pesar de la manifiesta neutralidad de la Cruz Roja, la tensión entre el régimen y la institución venía aumentando. El 24 de marzo de 2022 fue expulsado de Nicaragua el representante de la Cruz Roja Internacional, Thomas Ess, supuestamente por informar a familiares sobre el estado de algunos presos políticos.

Maradiaga dice que el régimen de Ortega comenzó desde el propio 2007, cuando asumió el poder, un proceso de “monopolización de la solidaridad” y pone como ejemplos varios casos en que las autoridades prohibieron a campesinos llevar alimentos a zonas castigadas por la sequía, en 2018, o a la iglesia católica la organización de centros y brigadas médicas para socorrer a la población durante la pandemia de Covid.

“Lo que estamos viendo con la Cruz Roja es la consumación de un proceso perverso de parcialización, de politización, pero más grave aún, de personalización del Estado en función de una familia dictatorial, que nos quiere expropiar y confiscar la solidaridad”, señala Félix Maradiaga.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren ser los únicos dueños de toda capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, y esto es una forma de chantaje, es una forma de secuestro de la ciudadanía, pero sobre todo es un atropello de la libertad individual”, dice.

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