Más de 17 toneladas de cocaína procedente de Bolivia llegaron a España en los últimos dos años. La cifra se conoce justamente cuando la coca y la droga son usadas como armas en la guerra que enfrenta a los líderes del partido MAS.
La investigación fue hecha durante dos años por Europol y la policía brasileña en un trabajo que culminó en Asunción del Paraguay, donde fueron incautados 87 inmuebles, 173 vehículos, una avioneta y el bloqueo de 147 cuentas bancarias.
Y Evo Morales, el ex presidente, dirigente cocalero, asegura que alguien le está preparando una trampa para “destruirlo políticamente”, pero no se sabe si alude a las investigaciones sobre la cocaína o al juicio que le sigue el gobierno peruano por intentar dividir ese país.
Morales también ha sido aludido por la diputada española Valentina Martínez, del PP, quien aseguró que el partido izquierdista Podemos, ahora casi muerto, usaba Bolivia como un “laboratorio político”, en condición de conejillo de Indias. En efecto, por recomendación de Pablo Iglesias, el jefe de ese partido, Bolivia dejó de llamarse república y ahora se llama “estado plurinacional”, aunque no sepa qué utilidad tiene.
Acerca de la droga, la capacidad de Bolivia de producirla sólo es conocida por informes que llegan del exterior, como el de Europol ahora, o las avionetas cargadas con cocaína que tienen accidentes, o las fábricas que encuentra la policía en la selva.
En su gobierno, Morales elevó la extensión máxima que puede destinarse al cultivo de la coca de 12.000 a 22.000 hectáreas, pero el gobierno de Estados Unidos dice que llegan a 38.000, sin contar las que se encuentran camufladas en los parques nacionales.
Juan Carlos García Hoyos escribió el ensayo “De la coca a la cocaína”, donde dice que para producir un kilo de cocaína se necesita procesar 125 kilos de coca.
Con esas cifras, de las 38.000 hectáreas destinadas a ese cultivo según la DEA de Estados Unidos, en Bolivia se obtendrían 57.000 toneladas de coca (1,5 toneladas por hectárea), lo que serviría para producir 456.000 kilos de cocaína.
La droga se vende en la frontera con Brasil en 7.000 dólares el kilo, lo que daría más de 3.000 millones de dólares, en un país donde el PIB es de 40.000 millones.
Además, las fábricas bolivianas de clorhidrato de cocaína cuentan con la llegada, también por avión, del sulfato de cocaína (pasta base) del Perú, de la región de Puno, donde sus dirigentes proponen pasar toda la jurisdicción al dominio de Bolivia atendiendo las insistentes recomendaciones de Morales, según denuncia el gobierno de Lima.
Las fábricas de clorhidrato instaladas en parques nacionales donde no hay vigilancia de la policía, y los cocaleros que producen solamente sulfato, envían la droga a Brasil incluso a bordo de camiones, según dice el informe de Europol.
La carga llegaba a dos grandes empresas de logística marítima instaladas en Río Grande do Sul y Santa Catarina y luego era enviada a Europa. De las 17 toneladas rastreadas en el operativo, 12 habrían sido capturadas en España.
A fines de mayo, el gobierno de Luis Arce intervino y destruyó 34 factorías, pero los voceros de Morales hicieron notar que en el operativo la policía no capturó ni siquiera a una persona, lo que sería prueba del grado de infiltración de las mafias en el gobierno.
Morales ha anunciado que en el próximo congreso del MAS pedirá la expulsión de todos los corruptos, aludiendo a que su ex ministro de gobierno, Carlos Romero, dice que Arce maneja el gobierno más corrupto de la historia de Bolivia.
Y los seguidores de Morales dicen ahora que es necesario investigar y castigar a quienes administran la empresa Boliviana de Aviación (BoA), creada por el gobierno del MAS, que habría llevado en las últimas semanas en sus aviones 500 kilos de cocaína a España, según se informó en ese país.
La propaganda del MAS dice que la coca es la “hoja sagrada” de los pueblos originarios de Bolivia, y lo dice frente a todas las críticas sobre el crecimiento de los cultivos de coca y a las pruebas que existen de la presencia de cárteles mexicanos, colombianos y brasileños en Bolivia.
La violencia de los cárteles que operan en la frontera con Brasil y en Chapare ha superado la capacidad de control de la policía.
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