La Fiscalía del Ecuador reabrió la investigación del caso Singue, que involucró al ex vicepresidente Jorge Glas y a otras 13 personas involucradas en una supuesta trama de corrupción. Desde finales de noviembre de 2022, Glas se encuentra en libertad condicional después de cumplir una condena en prisión. Además de enfrentar acusaciones por peculado relacionadas con la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016, Glas ha sido informado de que la investigación previa del caso Singue ha sido reabierta.
Entre los notificados, además de Glas, están los ex ministros Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, además de otros también ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa que fueron imputados en el primer caso Singue.
La reapertura ocurrió casi siete meses después de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declarara por unanimidad la nulidad procesal del caso por primera vez abierto por la Fiscalía el 12 de febrero de 2019. Como resultado de esta anulación, las condenas de ocho años para Jorge Glas, así como las condenas para los ex ministros Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, César Guerra, y otros ex funcionarios públicos fueron declaradas nulas. En la sentencia inicial se sostiene que hubo un caso de peculado relacionado con la adjudicación de un contrato de desarrollo minero y explotación del campo Singue, otorgado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC).
Los jueces argumentaron en su fallo que se violaron los derechos de defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva en este caso, lo cual constituye una violación inaceptable e irreparable. El presidente de la sala que anunció la nulidad, el juez Luis Rivera, confirmó que la Fiscalía General del Estado tiene la facultad de iniciar un nuevo proceso penal basado en elementos de prueba diferentes a los que fueron anulados y que se recopilaron durante la investigación previa al juicio.
En esta nueva investigación, la Fiscalía no podrá hacer uso del informe de la Contraloría que señalaba indicios de responsabilidad penal y que fue el origen del primer proceso, ya que dicho documento también fue anulado en un proceso administrativo anterior.
En relación con las acusaciones de corrupción en torno a la reconstrucción de Manabí después del terremoto de 2016, la Fiscal General, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional que establezca una fecha para la audiencia en la cual presentará cargos contra Glas y otros dos ex funcionarios.
En 2019, la Contraloría General descubrió presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de la carretera Manta-Colisa, un tramo de 22 kilómetros con un valor superior a los USD 68 millones, financiado por la Ley Orgánica de Solidaridad expedida durante el gobierno de Rafael Correa. Como resultado, la Fiscalía abrió una investigación preliminar, aseguró la fiscal Salazar en un video oficial publicado en Twitter.
La Fiscal General señaló que el 16 de abril de 2016, Ecuador sufrió el terremoto de Manabí, uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de Rafael Correa estableció la Comisión para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, y posteriormente se promulgó la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana.
Diana Salazar argumentó que este proyecto vial no cumplía con los objetivos establecidos por la Ley de Solidaridad, que incluían la atención de emergencia, la reconstrucción de la infraestructura y la reactivación económica. Pese a estos señalamientos el proyecto vial fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue calificado como prioritario, sin tener en cuenta los 587 proyectos de reconstrucción de infraestructura pública, viviendas, salud y educación que requerían atención inmediata después del terremoto en la misma zona del desastre.
Basándose en las condenas previas de Jorge Glas, de Carlos Bernal, ex secretario de la Comisión para la Reconstrucción de Manabí, y de Pablo Ortiz, ex gerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico, la fiscal Salazar solicitó a la Corte Nacional que designe un juez y fije fecha y hora para la formulación de cargos contra los tres ex funcionarios del correísmo.
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