Estados Unidos propuso crear un ombudsman en la OEA para el monitoreo de la democracia en la región

(Washington, Estados Unidos) El mismo día que el presidente de Brasil, Lula da Silva recibe a presidentes de 10 países de la región en una cumbre en la que discuten el impulso a otros foros regionales y 24 horas después de asegurar junto al dictador Nicolás Maduro que sobre Venezuela se “construyó” una “narrativa” para mostrarla como antidemocrática, la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó un Consejo Permanente extraordinario para discutir la vigencia de la Carta Democrática Interamericana.

En ese ámbito, Estados Unidos propuso una revisión y actualización de la Carta, lo que abrió un fuego cruzado y un nuevo pase de facturas de Bolivia, México y El Salvador. Argentina, por su parte, cuestionó que solo se mire la democracia sobre los aspectos de la participación electoral sin considerar temas como la desigualdad social.

Esta discusión -a 22 años del nacimiento de la carta- fue promovida por los representantes de Estados Unidos y secundada por Canadá, Guyana y Perú. Expertos y representantes de los países coincidieron en que la región atraviesa un momento complejo para la calidad de la democracia. En el debate de la OEA, los embajadores de algunos gobiernos de izquierda de la región hicieron hincapié en sacar el foco de la discusión democrática como algo solo electoral, sino focalizar la discusión en otro tipo de igualdades sociales.

El embajador norteamericano Frank Mora propuso que de cara a la Asamblea General de la OEA del próximo junio se discutan algunas propuestas concretas. En ese sentido marcó algunas ideas para “mejorar capacidad de prevención para evitar crisis democráticas”. Una de las ideas es establecer un mecanismo que sistematice informes periódicos sobre parámetros que sean establecidos por la OEA.

En segundo lugar, pidió evaluar la creación de un “sistema de revisión de pares” que sea de carácter voluntario y que permita una “compilación de mejores prácticas, experiencias logradas y lecciones aprendidas”. En tercer lugar propuso la implementación de un “relator especial, un alto comisionado o un ombsumand que sea independiente del secretario general” y que pueda llevar un análisis sistemático de los países y abrir el diálogo con actores sociales políticos y económicos, dijo Mora.

En el foro también participó la excanciller de Chile y expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, quien destacó que la carta debe ser actualizada para incoporar elementos de “alerta temprana” y que también se puedan tomar decisiones por mayoría simple, para evitar bloqueos. Sugiere que esas decisiones sirvan como “censura” a procesos de los países que erosianan la calidad democrática y que pueden no tener efectos concretos más que la suspensión de poder recibir préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Otro experto que propuso un cambio importante fue el exrepresentante de Perú en la OEA, Hugo de Zela, quien señaló que se debería pensar la posibilidad de que la activación de la Carta Democrática no solo esté en beneficio de los poderes ejecutivos, sino que se pueda estudiar que otros poderes del Estado como el Legislativo, el Judicial o incluso las autoridades electorales puedan recurrir a la carta. “Hoy vivimos situación dificil en la región. Hay que ser realistas”, dijo De Zela.

La discusión incluyó la participación de dos personas que fueron parte de las negociaciones que en 2001 derivaron en su aprobación: el uruguayo Jean Michel Arrighi, secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA y el exsubsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon.

Arrighi contó cómo las negociaciones fueron “largas y muy sensibles” y Shannon recordó que la carta fue aprobada horas después de los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001 en Lima y cómo el secretario de Estado de los Estados Unidos de entonces, Colin Powell, destacó ese día que esa Carta era la mejor forma de responder a los atentados porque demostraban la unidad de los países y de la sociedad abierta.

“Todas estas normas están en vigor y pueden ser usados en forma complementaria. Estamos en una obligación internacional y libremente reafirmada por todos los estados americanos. Señalar su incumplimiento no viola el principio de no intervención. Reafirma el del respeto al derecho internacional acordado”, dijo Arrighi.

Para Shannon, “es dificil imaginar que algo así pueda hacerse en la actualidad”, dada la polarización y fragmentación que existe en el continente, pero propuso algunas actualizaciones como “la evaluación multilateral”, o la creación de figuras como las del “defensor del pueblo” que pueda ser “líder del diálogo sobre la democracia en la región”.

Luego de dos paneles de expertos que realizaron un análisis de la carta, el estado de la democracia en la región y propuestas de cambios y actualizaciones, los representantes de los países abrieron la discusión y allí quedaron expuestas nuevamente las diferencias sobre el rumbo de la organización y la forma en la que se ha aplicado la carta.

El representante de República Dominicana, Josué Fiallo, fue de los primeros en sugerir que este debate puede abrir la oportunidad de discutir formas de mejorarlo. Eso más adelante fue apoyado por el representante de Uruguay, Washington Abdala. “¿Por qué no pensar eso? Pensémoslo. Tengamos la capacidad de arriesgar un nuevo contrato social. ¿Que tenemos que esperar?”, dijo.

México fue el primer país en marcar sus diferencias. Su representante Luz Elena Baños remarcó en varias oportunidades el concepto del “principio de no internvención”.

Mora dijo luego que ninguna de las propuestas de Estados Unidos implican una contradicción entre la soberanía y los principios de la carta. “Nada implica un conflicto entre la autodeterminación y la aplicación de la carta. Es una acción preventiva que evita aplicar los mecanismos de defensa. Evita los costos afectados con la interrupción del orden democrático y brinda fundamento para alertas tempranas”, dijo el embajador.

Baños subrayó que México “mantiene su pleno compromiso con la democracia y deben ajustarse a los principios de no intervención e integridad territorial”. Aseguró que “si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único y no pertenece a un país o región”, sino que “debe responder a proceso endógenos y realidades de cada pueblo y a las necesidades de todas las personas en particular a las que han sido excluidas históricamente”.

El embajador Héctor Enrique Arce, representante de Bolivia, fue en un sentido similar al de Baños. Su gobierno insiste que lo que sucedió en su país en 2019 fue “un golpe de Estado” y dijo que allí la carta no se aplicó. “Los autores del golpe de estado se pasearon y fueron recibidos calurosamente en esta organización”, dijo Arce.

Para Argentina, en tanto, no se debe considerar solo el voto o la representación participativa cuando se habla de democracia. “Sin renegar del voto o la representación participativa, ¿no se nos ocurre que también deberíamos preguntarnos que hay problemas estructurales en nuestra región?”, dijo el embajador Carlos Raimundi.