La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la reforma fiscal en medio de un escenario económico complicado

Como ha sido habitual en estos cinco meses de Gobierno de Lula, fue en plena noche cuando la Cámara de Diputados, con 372 votos a favor y 108 en contra, aprobó con carácter de urgencia la nueva reforma fiscal que ahora deberá pasar al Senado para completar su tramitación.

Paradójicamente, aunque fue articulada por el Ministerio de Economía liderado por el ministro Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores (PT), en el momento de la votación la reforma contaba con un apoyo fuerte del Partido Liberal (PL) del ex presidente Jair Bolsonaro y la oposición del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y de la Rede, dos partidos que cuentan con dos ministras en el Gobierno de Lula, Marina Silva de Medio Ambiente y Sonia Guajajara de los Pueblos Indígenas. Todos los diputados del PSOL y Túlio Gadêlha, único miembro de la Rede, rechazaron el texto, mientras que el PL dejó libertad de voto a sus 99 diputados y 30 de su bancada votaron a favor, cerca del 30% y 9 se abstuvieron. Pero, ¿por qué esta paradójica división?

Los partidos que votaron “no” lo hicieron porque, desde su punto de vista, la reforma no les permite gastar en bienestar social tanto como desearían. En concreto, se opusieron al punto relativo a las prohibiciones de gasto impuestas al Gobierno en caso de no alcanzar el objetivo del superávit primario. Sin embargo, si uno lee el texto, se da cuenta de cómo en realidad hay un amplio margen para el gasto público, tal vez incluso demasiado según muchos economistas. La nueva reforma fiscal, de hecho, elimina dos reglas que habían saneados las cuentas públicas en los últimos años. Por un lado, la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), aprobada en 2000 durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Por otro, el Techo de Gastos creado en 2016 por el presidente Michel Temer para equilibrar las cuentas públicas después de que la recesión económica provocada por el Gobierno de Dilma Rousseff acabara con su impeachment.

La supresión de la primera regla, en la nueva reforma fiscal que acaba de aprobar el Gobierno, protege al presidente de la República, pero también a alcaldes y gobernadores, de un impeachment en caso de incumplimiento de la meta de gastos. En resumen, con la nueva reforma, nadie será más responsable y, si fuera hoy, Dilma Rousseff no sufriría un impeachment como en 2016.

En cuanto al “Techo”, ahora sustituido porque “demasiado rígido” por el actual gobierno, tenía sin embargo el mérito de limitar a la inflación del año en curso el aumento de los gastos realizados por el sector público del Estado para el año siguiente. Según la economista liberal Marina Helena, “el problema de Brasil nunca ha sido la falta de dinero, sino el dinero mal gastado. El techo obligó al gobierno a gastar mejor”.

Ahora la nueva reforma fiscal autoriza al Gobierno a gastar más y subir los impuestos. Aunque limita el crecimiento del gasto al 70% del crecimiento de los recursos primarios (obtenidos de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones) en los últimos 12 meses, el proyecto de ley sustituye el “Techo” por un “Umbral Mínimo de Gastos” que permite aumentar las erogaciones del Estado al menos un 0,6% y, como máximo, un 2,5% por encima de la inflación. “Estas medidas darán mucha tranquilidad a los inversores, a la autoridad monetaria y a los ministros, para que puedan trabajar por el bienestar del país”, aseguró el ministro de Economía, Fernando Haddad.

Sin embargo, el mercado financiero y los expertos económicos no comparten el mismo entusiasmo. “El relator de la reforma fiscal introdujo en el último momento antes de la votación una nueva fórmula sobre el posible aumento del gasto en 2024″, explicó el analista financiero Erich Decat al diario Estado de São Paulo, “pero el nuevo texto ha generado perplejidad, todavía no está claro cuál será exactamente el impacto y, en cierto modo, esto causa aprensión en el mercado financiero”. Se trata de un cambio de última hora realizado bajo la presión de Haddad en el que la fórmula para calcular el espacio para el aumento del gasto en el primer año de aplicación de la norma, en 2024, parece muy complicada para los técnicos. Y aumentaría el espacio para nuevos gastos sobre la base de una proyección de mayores ingresos hasta el final de 2025. Para el líder del partido Unión Brasil, el diputado Elmar Nascimento, en realidad sólo haría un ajuste del gasto en 2025, con el riesgo de tener una expansión de gastos muy fuerte en 2024.

Según el economista Marcos Lisboa, ex secretario del Ministerio de Economía del primer Gobierno Lula (2003-2005), “esta nueva reforma exigirá un aumento permanente de los impuestos, tal como está planteada no se sostiene”. Según Lisboa, el nuevo texto no prevé una revisión de los gastos y amplía parte de los que ya existen.

Para Marcos Mollica, gestor del fondo Opportunity Total, “la aprobación elimina riesgos extremos e inmediatos”, pero “el gran juez será el tiempo”. Es decir, en seis meses o un año como máximo se sabrá, según los expertos, si el Gobierno será capaz o no de frenar su expansionismo del gasto. Y aunque para muchos, empezando por el presidente del Banco Central Roberto Campos Neto, es importante una reforma fiscal para volver a la discusión sobre la reducción la tasa Selic, actualmente en el 13,75%, es él mismo Campos Neto que juega a la defensiva. “El alto nivel de los tipos de interés no es culpa del Banco Central, sino de la deuda pública. Si usted, empresario, está intentando conseguir dinero y es caro, no es culpa del Banco Central porque es malo, es culpa del Gobierno que tiene mucha deuda”, dijo en una entrevista a CNN Brasil, respondiendo indirectamente a las reiteradas acusaciones de Lula de no reducir los intereses por una cuestión ideológica.

Muchos ya han calificado la reforma de placebo fiscal. Poco antes de su aprobación, los ministerios de Economía y Planificación elevaron las previsiones de déficit de 107.500 millones de reales en marzo a 136.200 millones ahora, un aumento de cerca 6.000 millones de dólares en dos meses. De esta suma, 5.000 millones de reales, 1.010 millones de dólares, representan el aumento del salario mínimo deseado por Lula mientras que las previsiones de recaudación han disminuido en 4.400 millones de reales en los últimos dos meses. El déficit fiscal que probablemente experimentará el país en 2023 está muy lejos del objetivo de déficit del 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Según el Secretario del Tesoro Nacional, Rogério Ceron, ese déficit podrá disminuir cuando entren en vigor las nuevas reglas fiscales. Sin embargo, como escribe el Estado de São Paulo, “en un intento de construir una base sólida de apoyo en el Congreso, en lugar de trabajar para convencer a los parlamentarios de que apoyen sus propuestas, el Gobierno ha recurrido a repartir dinero, la llamada “emenda”, que amplía el gasto y, por tanto, el déficit fiscal”.

En esta pescadilla que se muerde la cola, la principal perjudicada es la clase media baja. Mientras el debate gira en torno a la reducción de la tasa Selic, se habla muy poco de los intereses bancarios. En marzo, según el informe de política monetaria del Banco Central, alcanzaron una tasa anual del 430,5%, la más alta en seis años. Esto explica también el aumento de las personas endeudadas. Según el último informe sobre endeudamiento y morosidad de los consumidores, publicado en mayo por la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC), el 78,3% de la población brasileña tiene deudas. Se trata de una cifra récord en la historia del país.

En resumen, las cuentas en los bolsillos de los brasileños no cuadran. A pesar de una tasa de inflación del 6,01%, su poder adquisitivo ha caído un 30% en los últimos cinco años, según el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC). No es casualidad que estemos asistiendo a un fenómeno preocupante, muy visible en los supermercados, bautizado como “reduflación”. Para acompañar la inflación y limitar la subida de precios, se están reduciendo la cantidad y el tamaño de los productos, cuando no su fórmula. El caso más emblemático ha sido el de la leche condensada, que casi todas las marcas que operan en Brasil han sustituido por mezcla de leche. También ha disminuido el tamaño de los biscotes y las tostadas. Según un análisis de la consultora Horus, muchas categorías de productos se han reducido, pero no han conseguido mantener el mismo precio. El detergente en polvo ha aumentado un 20%, mientras que el volumen medio de los envases ha disminuido un 5,4%. El riesgo ahora es que si la nueva reforma fiscal no lograra realmente contener el déficit, los principales perjudicados serán los pobres, a quienes la reforma dice querer ayudar.

Como escribe el Estado de São Paulo, “con la actual estructura de ingresos y la rigidez del gasto público, las cuentas no se cerrarán ni este año ni en 2024, y mucho menos a medio y largo plazo. En algún momento el país tendrá que enfrentarse a la realidad y revisar la magnitud de su gasto con reformas estructurales o aceptar un inevitable aumento de la presión fiscal”. De hecho, sigue habiendo perplejidades sobre la nueva reforma fiscal, sobre el calendario de aprobación y sobre la propia aprobación.

“Ahora centraremos nuestra atención en una reforma fiscal para todos”, prometió el presidente de la Cámara, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), que también aprovechó para enviar su mensaje al presidente. “El Gobierno de Lula”, dijo, “debe entender que el Congreso ha ganado más protagonismo” y que “está dando oportunidades” para que la administración pase a estructurar y viabilizar proyectos. También añadió que “la privatización de la empresa eléctrica Eletrobras, la independencia del Banco Central y muchos otros proyectos estructurales no pueden ser cuestionados sino para mejor”.

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