Ocho prestigiosas ONG le pidieron a la Unión Europea que los Derechos Humanos estén en el centro de la relación con Cuba

Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, Civil Rights Defenders, FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), Front Line Defenders, Human Rights Watch, People in Need, Race and Equality y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) escribieron una carta abierta al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, instándolo a garantizar que los derechos humanos sigan siendo el centro de las relaciones del bloque con Cuba.

Con motivo al próximo Consejo Conjunto entre la Unión Europea y el país, que se celebrará el viernes en La Habana, las ONG indicaron que “continúan documentando la continua represión de las autoridades cubanas contra los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en el país, reprimiendo las voces disidentes y atacando a los defensores de los derechos humanos”.

“Los defensores de los derechos humanos cubanos enfrentan hostigamiento y represión por parte de las autoridades cubanas y siguen excluidos de los espacios donde los actores internacionales y el gobierno cubano toman decisiones que afectan su trabajo y la situación más amplia de los derechos humanos en el país”, expresaron las ocho prestigiosas ONG en la misiva.

Luego subrayaron que el “enfoque” del régimen cubano “ha estado marcado durante mucho tiempo por leyes restrictivas, censura y tácticas de intimidación, con una maquinaria cada vez mayor para controlar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, mientras que las personas que defienden los derechos humanos se enfrentan a juicios injustos y detenciones arbitrarias”.

“Esta tendencia solo ha aumentado con el ataque a los manifestantes desde las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles de la isla para exigir un cambio en las condiciones de vida en Cuba de una manera que no se ha visto en décadas”, recordaron.

Las organizaciones también repasaron que las autoridades cubanas se negaron a permitir que diplomáticos de la Unión Europea y de los Estados miembros, medios de comunicación internacionales u organizaciones de derechos humanos supervisen los juicios de los detenidos durante las protestas del 11J.

“Familiares y detenidos denuncian diversas violaciones al debido proceso, mientras que artistas, intelectuales y otras personas con ideas alternativas son objeto de alarmantes niveles de vigilancia y restricciones a su libertad de movimiento”, refirieron.

En el escrito dirigido a Borrell, las ONG hicieron referencia a que la dictadura de Cuba lleva adelante una política que tiene el objetivo de “silenciar continuamente a la disidencia. Las autoridades controlan e interrumpen el acceso a la web en momentos políticamente delicados, bloqueando regularmente las aplicaciones de mensajería en contravención de las leyes internacionales de derechos humanos”.

El texto recordó el caso de tres destacados activistas —Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel “Osorbo” Castillo Pérez y José Daniel Ferrer García—, que permanecen encarcelados como resultado de sus condenas y el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.

“Justicia 11J, un grupo formado en respuesta a la represión de los manifestantes en julio de 2021, registra 1.812 personas detenidas desde el inicio de las protestas, con 768 permaneciendo en prisión al 11 de mayo de 2023″, recalcaron las ONG.

Con respecto al mencionado Consejo Conjunto, destacaron que “la magnitud de la crisis de derechos humanos de Cuba debe ir acompañada de una respuesta proporcional de la Unión Europea y sus estados miembros para abordar el alcance y la gravedad de la situación, y establecer puntos de referencia concretos de derechos humanos en sus relaciones con Cuba”.

Por último, las organizaciones enumeraron 12 ítems en los que desea que trabaje la Unión Europea con la dictadura cubana en el marco del mencionado consejo. Estos son:

- Liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La UE y sus estados miembros deben plantear los casos de José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, Aymara Nieto, Sissi Abascal Zamora, Donaida Pérez Paseiro y los artistas disidentes Richard Zamora Brito “El Radikal”, María Cristina Garrido Rodríguez y Randy Arteaga-Rivera.

- Poner fin a la vigilancia en curso y las detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas, incluido el uso del arresto domiciliario contra las voces disidentes.

- Cesar el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias durante las protestas y abstenerse de las interrupciones de internet que obstaculizan los derechos a la libertad de reunión pacífica, expresión y acceso a la información. Las autoridades deben facilitar de forma proactiva las reuniones pacíficas, proteger las manifestaciones pacíficas, poner fin a todo uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad de los manifestantes.

- Establecer un marco legislativo nacional para salvaguardar el derecho a la protesta; en paralelo, derogar y enmendar los delitos represivos y/o vagamente redactados en el nuevo código penal, así como las leyes que han sido mal utilizadas contra defensores de derechos humanos, activistas, manifestantes y miembros de la sociedad civil independiente.

- Prevenir y combatir la discriminación de cualquier tipo y promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las mujeres, los afrodescendientes y la comunidad LGBTIQ+.

- Establecer a la brevedad una ley integral sobre violencia de género que defina protocolos para prevenir y atender el creciente problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres y las niñas en Cuba, incluyendo un mecanismo institucional de protección y seguridad eficaz, público y transparente para las sobrevivientes.

- Asegurar el acceso a organizaciones independientes de derechos humanos para monitorear e informar sobre la situación de los derechos humanos, y también extender invitaciones permanentes a los Relatores Especiales de la ONU, en particular aquellos que se enfocan en las libertades de opinión y expresión, reunión pacífica y asociación, y defensores de los derechos humanos, facilitando sus visitas lo antes posible.

- Abordar la necesidad de la población de un mayor acceso a alimentos y medicinas, y actuar para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de la población, preocupaciones de derechos humanos que estuvieron en el centro de las protestas recientes y en curso. La UE y sus estados miembros deben hacer un llamado a las autoridades cubanas para que aumenten sus esfuerzos para garantizar estos derechos y apoyen los esfuerzos genuinos para hacerlo.

- Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Interamericana de Derechos Humanos lo antes posible, utilizando el próximo Examen Periódico Universal (EPU) del historial de derechos humanos del país como una oportunidad para reafirmar los compromisos de Cuba con todos los derechos.

- Aproveche (le dicen a Borrell) la oportunidad de la próxima cumbre UE-CELAC en julio para intensificar el compromiso en materia de derechos humanos con Cuba y en toda América Latina y el Caribe en línea con los llamados de la sociedad civil en la región y en la UE.

- Asegurarse de que las organizaciones independientes cubanas y europeas de derechos humanos y de la sociedad civil sean plenamente consultadas, y que se facilite su participación proactivamente en todas las decisiones que les afecten, incluidos los eventos de la sociedad civil relacionados con el diálogo UE-Cuba sobre derechos humanos, la cooperación bilateral y la implementación del PDCA (Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba).

- Utilizar plenamente los mecanismos definidos en el PDCA para asegurar que el gobierno cubano cumpla con sus compromisos de respeto a los derechos humanos.

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