El Tribunal Supremo de Brasil imputó a otras 250 personas por los hechos violentos del 8 de enero, por lo que ya son 1.045 el total de los detenidos de aquel día que tienen abiertos procesos penales.
Las últimas 250 corresponden a la quinta remesa de denuncias presentadas por la Procuraduría General. Todos ellos fueron detenidos un día después de los ataques a las sedes de los tres poderes en el campamento que montaron frente al cuartel general del Ejército, en Brasilia, desde el que se reclamaba un golpe de Estado.
Las denuncias están siendo analizadas en dos procesos judiciales distintos. En uno de ellos, se investiga a los autores materiales de los episodios de violencia -de los que han sido denunciadas 239 personas-, mientras que en el otro se engloban los instigadores o autores intelectuales -un total de 1.390-.
En ese último bloque podría ser incluido el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien a su llegada de Estados Unidos a finales de marzo, tiene ahora por delante una treintena de causas abiertas que podrían inhabilitarle para futuros procesos electorales, como las elecciones presidenciales de 2026.
El mes pasado, el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, reveló que los ataques contaron con la participación de “generales y oficiales traidores”, que “dicen ser patriotas” mientras “cantan el himno”, pero al mismo tiempo “traicionan la Constitución”.
Dino dijo en declaraciones para ICL Notícias que “cerca de cien militares” prestaron declaración por aquellos hechos y que el grado de jerarquía es cada vez mayor. “Estoy hablando de generales, de oficiales, traidores de Brasil”, agregó.
Así, explicó que además de la vertiente militar está la económica, si bien parece solo involucrar a empresarios importantes a nivel regional, y política, que “es la más notable” y con la que se identifica a su “antecesor”, Anderson Torres.
Anderson Torres, en el momento de los ataques era secretario de Seguridad de Brasilia, es la principal figura política detenida por los ataques del 8 de enero. Ex ministro de Justicia con Bolsonaro, está bajo prisión provisional mientras es investigado por supuestas connivencia con los asaltantes.
El mes pasado unos 80 militares declararon ante la Policía local para prestar testimonio sobre el asalto a la sede de los tres poderes.
Estos interrogatorios se enmarcan dentro de la investigación abierta por parte del Tribunal Supremo Federal, que tiene como objetivo esclarecer cómo tuvo lugar el incidente y si hubo omisión por parte de las autoridades.
El juez Alexandre de Moraes, que se encarga del caso del asalto a las instituciones democráticas, estableció que el STF tiene competencia para juzgar los delitos cometidos aquel día, independientemente de si los sospechosos eran civiles o militares.
Ese 8 de enero, miles de bolsonaristas invadieron y destrozaron las sedes del Congreso, la Presidencia y el Supremo, con el objetivo de forzar la caída del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que venció a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.
En el curso de las investigaciones, las autoridades encontraron un borrador de un decreto presidencial golpista en casa del ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, quien hoy sigue detenido por su presunta “omisión” en el episodio como secretario de Seguridad de Brasilia.
El texto, no firmado por Bolsonaro, habría permitido intervenir el Tribunal Superior Electoral (TSE) y anular el resultado de las elecciones.
En diversas ocasiones, Lula ha acusado públicamente al ex jefe de Estado de estar detrás de todo y “preparar” un golpe en su contra. Bolsonaro, en cambio, afirmó que jamás pasó por su cabeza dar un golpe de Estado.
(Con información de Europa Press y EFE)
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