Qué es la “corrupción geoestratégica” y cómo la usa China para ejercer su influencia en América Latina

La corrupción ha sido durante mucho tiempo una plaga en algunas partes de América Latina.

Tradicionalmente, se ha canalizado a través de rutas nacionales, en las que los políticos locales, los intereses empresariales y los capos de la droga se benefician de los chanchullos y los tratos dudosos. De hecho, un informe de Transparencia Internacional de 2022 concluía que 27 de los 30 países de América Latina y el Caribe mostraban niveles de corrupción estancados y sin mejoras en los últimos años.

Pero en las últimas dos décadas, una nueva forma de corrupción se ha instalado en los países de la región, un fenómeno que llamamos “corrupción geoestratégica”.

Se caracteriza por el uso por parte de países externos de métodos corruptos -contratos sin licitación, tratos financieros con información privilegiada, relaciones especiales con quienes ostentan el poder- para convertirse en parte interesada en múltiples facetas de la política, la economía y la sociedad de un país. China es un maestro en este arte; Estados Unidos, no tanto.

Como estudiosos de la política latinoamericana, hemos visto cómo China ha utilizado la corrupción geoestratégica para afianzarse en la región a medida que la influencia de Estados Unidos disminuía.

La corrupción geoestratégica se basa en patrones tradicionales de clientelismo y patrocinio. En América Latina en particular, el crecimiento de las bandas de narcotraficantes desde la década de 1980 introdujo la “narcocorrupción”, en la que la policía y los funcionarios locales actúan en connivencia con las bandas organizadas, que pueden “comprar protección” frente a la persecución judicial.

Como resultado, la policía, los gobiernos locales y los representantes electos son considerados por los organismos de control como unas de las entidades políticas más corruptas de América Latina, y la región obtiene sistemáticamente una puntuación baja en la clasificación anual de percepción global de la corrupción.

Este patrón de corrupción ha coincidido con un periodo en el que Estados Unidos ha desviado su atención de América Latina hacia Oriente Medio primero y Asia después.

El vacío ha sido llenado en gran parte por China. El comercio entre la región y China se disparó, pasando de 10.000 millones de dólares en 2000 a 450.000 millones en 2021. China es ahora el principal socio comercial de Sudamérica, con un 34% del comercio total de Chile, Brasil y Perú.

La expansión de China en la región está impulsada en gran medida por la búsqueda de recursos como el cobalto, el litio, las tierras raras, los hidrocarburos y el acceso a alimentos, que abundan en América Latina. En los últimos 20 años, China también ha realizado inversiones masivas en infraestructuras, energía y sectores financieros de América Latina.

Y China no es la única que ha aumentado su interés por América Latina. En las dos últimas décadas también han aumentado las inversiones y la influencia de Rusia e Irán en la región.

Estos países han encontrado en América Latina un terreno fértil debido, en gran medida, a la cultura de corrupción y a la debilidad de las instituciones de la región. Las redes criminales locales y el desprecio de las normas democráticas sobre el terreno han facilitado que países que se perciben a sí mismos como acosados por la corrupción se afiancen en América Latina.

La presencia de China en la región forma parte de su objetivo estratégico a largo plazo de desafiar la influencia de Estados Unidos en todo el mundo por medios económicos, militares, financieros y políticos.

Este proceso se ha visto favorecido por las tendencias mundiales. Países como Brasil y Argentina han intentado diversificar cada vez más sus relaciones bilaterales y depender menos del comercio estadounidense.

Mientras tanto, la agresión rusa en Ucrania ha dado aparentemente más peso a China en la escena internacional, con Pekín posicionándose como una fuerza diplomática alternativa a Washington, especialmente para los países que se sienten no alineados con Occidente. Un ejemplo reciente se vio en marzo, cuando Honduras anunció que establecería relaciones diplomáticas con Pekín y rompería los lazos con Taiwán, un hecho que, según funcionarios taiwaneses, se produjo tras el “soborno” de funcionarios hondureños.

Lo que da a China una ventaja competitiva añadida a medida que extiende su influencia es que es capaz de eludir las restricciones que atan a muchos posibles inversores en Occidente, como las preocupaciones medioambientales o las dudas sobre los derechos laborales y el nivel de corrupción de un país. Los organismos internacionales de control consideran que las empresas chinas se encuentran entre las menos transparentes del mundo, y los organismos de control de sobornos llevan mucho tiempo señalando la reticencia de Pekín a procesar a empresas o individuos chinos acusados de soborno en relación con contratos extranjeros. Según un estudio de 2021, el 35% de los proyectos chinos de la “Franja y Ruta” en todo el mundo han estado marcados por problemas medioambientales, laborales y de corrupción.

La administración estadounidense, en cambio, está más limitada por los compromisos de fomentar el desarrollo democrático, así como por la presión pública y la imagen internacional. Washington no goza del mismo privilegio de pragmatismo diplomático que China.

Las empresas estadounidenses no son, por supuesto, intachables cuando se trata de participar en prácticas corruptas en el extranjero. Pero, a diferencia de China, el gobierno estadounidense está obligado por un tratado internacional que prohíbe el uso de sobornos para conseguir contratos. Además, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos prohíbe estrictamente a las empresas estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros; China no tiene una ley equivalente.

La inversión china ha sido más fácil allí donde gobiernan regímenes populistas y donde el Estado de Derecho lleva mucho tiempo socavado, como Argentina, Bolivia y Venezuela.

Por ejemplo, en Bolivia, durante los 14 años de mandato del presidente Evo Morales, las empresas chinas lograron una importante posición en sectores clave de la economía que se ha traducido en un monopolio de la industria del litio, a pesar del fuerte movimiento antiminero que existe en el país.

La corrupción geoestratégica en Argentina está firmemente arraigada a nivel local, en las provincias y regiones de todo el país, los gobernadores de tipo feudal han habilitado una sofisticada red de corrupción que China ha utilizado aparentemente para invertir en todo, desde centrales nucleares y construcción de plantas de baterías de litio hasta la construcción de una estación terrestre de rastreo de satélites en el espacio profundo, ferrocarriles, centrales hidroeléctricas, instalaciones de investigación y puede que incluso aviones de combate.

En Ecuador, estos proyectos incluyen una presa construida a cambio de contratos petrolíferos; la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que desarrolló grietas masivas poco después de su construcción; y el proyecto hidroeléctrico Quijos, que no generó los volúmenes de energía prometidos. Del mismo modo, los opositores al proyecto estimaron que el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, financiado por China, afectaría irreversiblemente al ecosistema y desplazaría a unas 120.000 personas, mientras que los activistas locales sufrían acoso, violencia y detenciones ilegales.

En Venezuela, China inició pero nunca completó la construcción de una línea de tren bala de miles de millones de dólares, y un acuerdo de minería de hierro no sólo permitió al país asiático comprar el mineral de hierro de Venezuela a un precio un 75% inferior al del mercado, sino que también resultó ser un caso de financiación depredadora china, dejando a Venezuela con una deuda catastrófica de mil millones de dólares. Asimismo, en Panamá, las concesiones portuarias y una línea de tren de alta velocidad fueron congeladas o canceladas, mientras que el inversor está siendo investigado en China.

En toda la región, las empresas chinas han sido citadas en numerosos casos de sobornos y comisiones ilegales que han enriquecido a funcionarios locales a cambio de contratos y acceso.

Este uso de la corrupción geoestratégica va en detrimento directo de los intereses estadounidenses.

En Argentina y Bolivia, la expansión china significa que sectores cruciales para el éxito de los objetivos estadounidenses en materia de energía verde están cada vez más bajo el dominio de Pekín. También socava los esfuerzos de Estados Unidos por combatir la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en la región.

Y las empresas estadounidenses no pueden competir. La administración Biden ha establecido normas estrictas para la inversión estadounidense en los mismos sectores en los que los chinos tienen una fuerte presencia. Entre ellas figuran la transparencia y la rendición de cuentas, así como el compromiso con las normas medioambientales, laborales y de derechos humanos.

El Presidente Joe Biden ha declarado que la adhesión a estas normas es lo que distingue a las inversiones extranjeras de Estados Unidos de sus competidores. Pero supone un obstáculo para las empresas estadounidenses a la hora de competir con China.

Mientras tanto, mientras Estados Unidos busca respuestas y trata de averiguar cómo restablecer su influencia en América Latina, China aumenta su presencia en la región de forma silenciosa y pragmática.

*Publicado originalmente en The Conversation- Eduardo Gamarra es Profesor de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Internacional de Florida y Valeriia Popova es Profesora de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Internacional de Florida

Seguir leyendo: