La Justicia de El Salvador negó la extradición de otro líder pandillero a EEUU mientras Bukele extiende el régimen de excepción

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador, controlada por el presidente Nayib Bukele, volvió a evitar que un líder de la pandilla MS13 sea extraditado a Estados Unidos, donde una corte en Nueva York lo reclama por acusaciones de terrorismo. El jefe pandillero, Efraín Cortez, alias Tigre de Parkview, es el tercer jefe favorecido por los jueces de Bukele en menos de dos años.

El 11 de mayo pasado, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conocieron el suplicatorio 87-S-2021 en el que consta la petición que el gobierno de los Estados Unidos hizo hace dos años a su similar salvadoreño para que extradite a Cortez y este responda, en la corte neoyorquina, por actos de terrorismo, según reveló una investigación del diario La Prensa Gráfica. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Cortez es uno de los líderes máximos de la MS13, la pandilla más letal de Centroamérica.

Como lo habían hecho antes con otros líderes pandilleros, también solicitados por Estados Unidos, los magistrados salvadoreños bloquearon la extradición de Cortez con el argumento de que aún tiene pendiente, en El Salvador, un proceso judicial.

En septiembre de 2022, la CSJ de Bukele había negado la extradición de Eliú Melgar Díaz, alias Blue, otro de los líderes de la MS13. Para detener el viaje de Blue, juzgado en un caso distinto, entró en juego otro de los funcionarios leales a Bukele, el fiscal general Rodolfo Delgado, quien dijo a los magistrados del máximo tribunal que esa extradición no era posible porque Estados Unidos no garantizaba el respeto a los derechos del reo. Delgado, sin embargo, sabía que su antecesor, el fiscal general Raúl Melara, ya había pactado con los fiscales estadounidenses que homologarían la petición de sentencia a lo estipulado en la legislación salvadoreña.

Los estadounidenses sospechan que el gobierno salvadoreño tiene algo que ver con el buen trato que los pandilleros de alto perfil han recibido desde que Nayib Bukele es presidente. En abril de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió una carta al tribunal que lleva el caso contra Tigre de Parkview y otros 13 líderes de la MS13 por terrorismo en la que advertía sobre la posibilidad de que el gobierno salvadoreño estuviese liberando a los pandilleros que, hasta antes de las peticiones de extradición giradas por los estadounidenses, estaban presos en cárceles salvadoreñas.

“Si bien… doce acusados de la ranfla nacional estuvieron bajo custodia de El Salvador en algún momento… el Gobierno de El Salvador dejó en libertad a cuatro de los acusados”, dice la carta, que fue publicada en su momento por medios salvadoreños. Uno de los liberados, según esa misiva, es Cortez, el Tigre de Park View. De hecho, según documentos judiciales estadounidenses, el gobierno de Nayib Bukele sí liberó a los cuatro líderes pandilleros entre julio de 2021 y febrero de 2022.

Washington llevaba un buen tiempo trabajando con la fiscalía salvadoreña para robustecer la acusación por terrorismo que presentó el 1 de diciembre de 2020 en Long Island, Nueva York. Agregados del FBI y contratistas independientes trabajaban desde la embajada de Estados Unidos en San Salvador para recoger evidencia y robustecer el caso, según han confirmado a Infobae uno de los funcionarios que trabajó en esa misión y otro en el Departamento de Estado que tuvo conocimiento de ella. Aquel trabajo sirvió para terminar de perfilar a los líderes de la MS13 y para afianzar la red de colaboración con las autoridades locales con el fin de mantener al día detalles sobre la situación legal y penitenciaria de los pandilleros presos.

La fuerza de tarea estadounidense destacada en El Salvador por el tema pandillero empezó a trabajar con el fiscal general Melara, desde 2019, la posibilidad de extraditar a los líderes, algo que requiere el concurso de la fiscalía salvadoreña ya que, por ley, la Corte Suprema debe escuchar a esa oficina al tramitar solicitudes internacionales como estas.

En abril de 2021, cinco meses después de que el Departamento de Justicia (DOJ) había presentado la acusación por terrorismo contra los pandilleros en la corte de Long Island, Melara viajó a Washington, invitado por el FBI, para reunirse con los funcionarios que, en el DOJ, estaban a cargo de la acusación a la MS13. Durante dos días, según un funcionario salvadoreño que estuvo al tanto del viaje que hizo el fiscal general, Melara revisó las carpetas de los líderes acusados de terrorismo y homicidio y conversó con los norteamericanos de las condiciones para dar el visto bueno a la extradición: la pena de muerte, aplicable en estados como California o Texas, donde algunos de los pandilleros acusados de terrorismo también tienen cuentas pendientes por asesinato, quedó fuera de la mesa.

Las investigaciones que el FBI había hecho en El Salvador para perfilar a los líderes pandilleros arrojaron otros descubrimientos. El más importante de todos fue que el gobierno de Bukele, que había asumido el poder en 2019, mantenía activo un pacto con la mesa directiva de la MS13, el cuerpo histórico de dirección que en jerga pandillera se conoce como la ranfla nacional.

Tanto los fiscales estadounidenses como los salvadoreños abrieron expedientes de investigación por esas negociaciones. Dos funcionarios de Bukele, el secretario presidencial Carlos Marroquín y el jefe de prisiones Osiris Luna fueron señalados explícitamente por el Departamento de Estado y por el Departamento de Justicia como arquitectos del pacto pandillero en nombre del presidente salvadoreño. En diciembre de 2021, según un fiscal estadounidense dijo a la agencia Reuters, el DOJ tenía lista una acusación contra Luna y Marroquín, la cual no ha prosperado por decisiones políticas tomadas en el Departamento de Estado en Washington, que en los últimos meses ha bajado el nivel de confrontación pública con Bukele, según confirmaron a Infobae un diplomático estadounidense y un agente del gobierno Biden.

En abril de 2021, cuando la casa presidencial de Bukele estaba ya al tanto de que fiscales estadounidenses y salvadoreños tenían investigaciones abiertas por el pacto del gobierno con las pandillas y de que las extradiciones de los líderes de la ranfla, quienes podrían convertirse en potenciales testigos en Nueva York, estaban a punto, el presidente dio un golpe en la mesa. El 1 de mayo, cuando asumió la legislatura 2021-2024, en la que las fuerzas políticas afines al presidente habían logrado supermayoría, el Congreso destituyó al fiscal Melara y a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

En lugar de Melara, los bukelistas nombraron a Rodolfo Delgado, quien había defendido a un presunto lavador de activos de la MS13, un hombre llamado Jorge Vega Knight y que, ya en el puesto de fiscal general, revirtió lo acordado entre su antecesor y los Estados Unidos para facilitar la extradición de jefes pandilleros a los Estados Unidos. Desde entonces, la nueva Corte Suprema, leal a Bukele, ha blindado a tres de los líderes, entre ellos a Efraín Cortez, el Tigre de Park View, y se ha asegurado de que permanezcan en El Salvador.

Tanto Cortez como Blue y Hugo Armando Quinteros Minero, alias Flaco, ha sido favorecidos por la Corte Suprema de Bukele. Los tres están entre los líderes a los que Estados Unidos ha acusado de terrorismo u homicidio. La mayoría de esos líderes han sido fundamentales en la confección de pactos con gobiernos salvadoreños desde 2012, cuando la MS13 y el Barrio 18 acordaron una tregua con la presidencia de Mauricio Funes, o en el pacto con Bukele.

“Que sepan todas las ONG de derechos humanos que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás…”, tuiteó el presidente Bukele el 16 de mayo de 2021 luego de que la Policía Nacional Civil hizo público que supuestos pandilleros habían asesinado a un agente policial en Nueva Concepción, Chalatenango, en el norte del país.

Tras aquel tuit, la propaganda presidencial se desplegó al completo. La Asamblea Legislativa, reunida ese día en San Salvador, rindió homenaje al policía asesinado y, en las horas siguientes, el presidente publicó en sus redes sociales un vídeo cuidadosamente curado que muestra a policías y militares salvadoreños en acción. El presidente ordenó cercar Nueva Concepción.

Otras dos cosas habían pasado ese 16 de mayo. Ese día fue cuando la prensa salvadoreña reveló que la Corte Suprema de Bukele había blindado al tercer líder de la MS13 de la extradición. Fue también el 16 de mayo que el Congreso bukelista aprobó la 14ª prórroga al régimen de excepción decretado el 22 de marzo de 2022, luego de que una ruptura del pacto de la MS13 con Bukele provocó la matanza de 87 salvadoreños en 72 horas.

Para intentar contrarrestar las críticas por favorecer a líderes pandilleros al evitar que los extraditen, el aparato de propaganda de Bukele, que incluye granjas de troles cibernéticos pagados por la presidencia, inunda las redes sociales con argumentos como este: los jefes de la MS13 tendrán un peor castigo en las cárceles de Bukele que en las de Estados Unidos. El problema con eso es que los mismos funcionarios que según el gobierno estadounidense fabricaron el pacto de Bukele con las pandillas han facilitado la salida de algunos de esos líderes de las prisiones en El Salvador.

Es el caso de Élmer Canales Rivera, alias Crook, otro de los líderes de la ranfla solicitado en extradición por Estados Unidos. A Crook el gobierno de Bukele lo sacó de la cárcel en noviembre de 2022, a pesar de que aún tenía pendientes judiciales. Carlos Marroquín, el secretario presidencial acusado de ejecutar el pacto pandillero en nombre de Bukele, fue personalmente a sacar a Canales Rivera de la prisión para llevarlo a Guatemala, de donde el pandillero huyó a México. De acuerdo con oficiales estadounidenses consultados por Infobae, ya Crook ha sido localizado en la capital mexicana.

Crook y los tres líderes que no serán extraditados a Estados Unidos por decisión de la corte suprema y el fiscal bukelistas han sido los jefes máximos de la pandilla más letal de la región. Ellos, de acuerdo con investigaciones en Estados Unidos, México y El Salvador, han tenido el poder para, como se dice en jerga pandillera, “abrir válvulas”, es decir ordenar a su membresía matar o no según sea la conveniencia política. Con ellos pactó el gobierno de Bukele.

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