
Los ministros de Luis Arce son corruptos porque son “karas” (blancos o mestizos), dice el vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Gerardo García, de la corriente de Evo Morales.
Y el dirigente masista Antonio Quispe dice que todo esto es porque la corrupción fue traída por los españoles a estas tierras.
“Nunca confíes en los karas, porque son traidores”, repite García, recordando a Felipe Quispe, caudillo aimara que restaba importancia a la república de Bolivia y proponía restablecer el “qollasuyo” como parte del “tawantinsuyo” de los Incas.
Y el vicepresidente David Choquehuanca recomienda, a quien esté dispuesto a escucharle, no fiarse de los karas y sus descendientes, “porque siempre te traicionan”. Según Choquehuanca, todos los males que existen en América Latina llegaron de Europa. Dice que Bolivia resolverá sus problemas en 2034, cuando se cumplirán 500 años de la llegada de Diego de Almagro a estas tierras, y entonces “se acabará esta maldición”.
Gerardo García dijo que el MAS se equivocó al designar a Luis Arce como candidato a la presidencia porque se ha convertido en un traidor y ahora Morales sostiene que Arce introdujo en el partido la traición y la corrupción con el pretexto de avanzar en la renovación del partido.
Carlos Romero, ex ministro de gobierno de Morales, asegura que ahora Bolivia tiene el gobierno más corrupto de la historia y está dispuesto a probarlo ante la justicia.

En 2006 llegó el “primer presidente indígena de Bolivia”, según dice la propaganda, y el actual gobierno está presidido por el pupilo de ese indígena, que lo prefirió para que sea su sucesor después de que renunció y escapó del país en 2019.
Arce fue designado como candidato por Morales en 2020 desde Buenos Aires, donde se encontraba refugiado después de su apresurado viaje a México.
El primer presidente indígena de Bolivia provocó esa revuelta cuando se había propuesto postularse como candidato a la presidencia por cuarta vez consecutiva a pesar de que un referéndum que él mismo convocó había decretado que no podía ser candidato.
La revuelta se disparó cuando el presidente-candidato ordenó que el recuento de los votos, en octubre de 2019, sea interrumpido porque lo estaba llevando a una segunda vuelta, en la que iba a perder de todos modos.
Unos expertos de la OEA detectaron 27 formas de fraude electoral y recomendaron llamar a nuevas elecciones, pero Morales prefirió escapar en un avión mexicano, seguro de que la revuelta popular había sido el comienzo de una revolución que llevaría a reponer la república y restablecer las instituciones democráticas que él había destruido.
Ahora, cuando el pupilo de Morales está a la cabeza del gobierno “más corrupto de la historia”, como dice Romero, es probable que los indígenas bolivianos se hayan decepcionado, según detectan las encuestas.
En esta contienda entre Morales y Arce por la conducción del MAS y la candidatura para las elecciones de 2025, ambos ayudan a la difusión de informes sobre los pecados de corrupción cometidos en sus gestiones.
Morales asegura que es imposible frenar la corrupción pero que, entonces, corresponde ponerle freno mediante la aplicación de la política de “tolerancia cero”. Y asegura que él jamás toleró la corrupción en sus catorce años de presidente.
Desde la corriente que apoya a Arce se alude, entonces, al caso de la corrupción que se dio en el Fondo Indígena, donde la ministra Nemesia Achacollo, pariente política de Morales, malversó más de 600 millones de dólares, según dice la oposición.
Lo grave fue que Marco Antonio Aramayo, funcionario de esa repartición, denunció la corrupción de la ministra Achacollo pero la “tolerancia cero” se lanzó contra él y no contra la presunta corrupta.
Aramayo estuvo preso durante siete años, fue torturado y murió en 2022 después de haber ocupado las celdas de casi todas las cárceles de Bolivia y con 256 juicios en su contra, denunció su abogado.
Ahora, cuando el escándalo del ministro Juan Santos Cruz obliga al presidente Arce a ofrecer que no tolerará nuevos casos de corrupción, la funcionaria que lanzó la primera piedra contra el ahora ex ministro está recibiendo amenazas de muerte, según dice ella misma a los medios de comunicación.
Y el periodista Andrés Gómez Vela, que había mostrado pruebas de la corrupción de Santos Cruz, es ahora citado por los jueces del gobierno.
Arce no ha dicho nada acerca de las alusiones de corte racista que le hacen desde el bando de Morales.
En 2009, el MAS decidió que en Bolivia hay 36 “naciones” aborígenes, para que el país dejara de llamarse república y se convirtiera en “Estado plurinacional” por recomendación de los asesores del partido Podemos de España.
Pero desde entonces sólo los aimaras tienen predominio en el gobierno de Bolivia. Han impuesto una insignia multicolor como segunda bandera de Bolivia, y han creado un segundo escudo, que ha reproducido en el nuevo edificio del parlamento. Todos los funcionarios de la cancillería deben tener apellido aimara.
Una revolución racista que ahora ha hecho crisis por la corrupción de sus dirigentes.
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