El rumbo del nuevo gobierno de Lula varía entre la venganza y controvertidas medidas económicas

De la esperanza de un gobierno de frente amplio, expresión de una democracia plural ansiosa por dejar atrás la era Bolsonaro y proyectada en el desarrollo del país, a la realidad de un gobierno liderado por el Partido de los Trabajadores (PT), con una agenda económica plagada de errores del pasado y mucha venganza.

El sueño de muchos brasileños, según la periodista del diario Estado de São Paulo Raquele Landim, se rompió brutalmente tras 137 días del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. “En la campaña electoral, se pensaba que Lula había callado sobre su programa económico para no desmovilizar a la militancia de izquierda. Hoy, a sólo cuatro meses de gobierno, está claro que lo que quería era no alienar al centro. Y que le parecía suficiente no transigir para tener un cheque en blanco para el programa económico del ala izquierda del PT”.

La nueva política de precios de Petrobras y una reforma tributaria que pugna por despegar en el Congreso fueron un jarro de agua fría para el país que también se vio agravado en la noche del martes por la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de anular el mandato político de uno de los fiscales símbolo de la operación anticorrupción Lava Jato, Deltan Dallagnol. Tras entrar en política, había sido el diputado más votado en el estado de Paraná en octubre con 344.917 votos para el partido Podemos.

El TSE, liderado por su presidente Alexandre de Moraes, en menos de un minuto de votación mató políticamente la operación Lava Jato, según los analistas. Dallagnol había solicitado el año pasado su exoneración como fiscal para poder presentarse a las elecciones de octubre de 2022 como diputado federal. El Tribunal Regional Electoral (TRE) había concedido el permiso, especificando que no había ningún proceso disciplinario administrativo (PAD) contra él, sino sólo algunos procedimientos para establecer otras infracciones de función que no eran PAD, como estipula la llamada ley de la “Ficha Limpia”. Citada como justificación de la sentencia del TSE del martes, la Ley Complementaria nº. 135 de 2010 dice que el político pierde su mandato en caso de un proceso administrativo disciplinario (PAD) abierto contra él, pero este no fue el caso de Dallagnol. Las diligencias preliminares en las que se basó la decisión del TSE habían sido presentadas por adversarios políticos o aliados de las personas investigadas, pero fueron bloqueadas en el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), en parte porque algunas ya estaban archivadas. El relator del caso, Benedito Gonçalves, votó a favor de la casación por considerar que estos procedimientos “podrían” conducir a la destitución en el futuro, lo que impediría a Dallagnol presentarse a las elecciones.

“Anularon mi mandato por venganza. Me han descalificado porque me atreví a lo que es más difícil en Brasil: enfrentarse al sistema de corrupción. Hoy es un día de fiesta para los corruptos y un día de fiesta para Lula”, comentó Dallagnol.

Para el ex ministro de Justicia Miguel Reale Júnior, que siempre había sido crítico de Dallagnol, “el país avanza totalmente hacia un abuso de derecho”. Transparency International también hizo un duro comentario: “la atipicidad de la dinámica procesal y las motivaciones utilizadas erosionan el instrumento de la Ley “Ficha Limpia”, agravando la inseguridad jurídica y debilitando la representación de la democracia en el país”.Y el próximo, según el diputado André Janones, del partido Avanti, será el ex juez símbolo de la Lava Jato Sergio Moro. “Agárrate fuerte Sergio Moro”, escribió en un tuit Janones, “porque serás el próximo. Cuando se hace justicia, los justos son felices, pero los malhechores temen”. Para la periodista Raquel Landim, “el PT quiere reescribir la historia del Lava Jato”. Al fin y al cabo fue el propio Lula quien dijo en una entrevista que en la cárcel sólo pensaba en “joder a Moro.”

Lula había sido detenido en 2018. La operación de la policía federal brasileña, desencadenada en 2014 por el descubrimiento de una trama de sobornos millonarios involucrando la petrolera estatal Petrobras y la constructora Odebrecht, destapó la “caja de Pandora” de la corrupción en Brasil. El equipo de jueces dirigido por Sergio Moro, de la fiscalía de Curitiba, descubrió coimas por unos 10.000 millones de reales, unos 2.000 millones de dólares, en la mayor operación anticorrupción de la historia del país. El Lava Jato, que inició de una casa de cambio en una gasolinera de Brasilia en la mira de los investigadores por blanqueo de dinero, golpeó al Partido de los Trabajadores (PT) del ex “presidente de los pobres”, pero luego se extendió a otros 33 partidos mostrando cómo la corrupción era un cáncer endémico que corroía todo Brasil. Por eso ha suscitado muchas críticas el tuit que apareció en el perfil oficial del Gobierno brasileño, pocas horas después de que se pusiera fin al mandato de Dallagnol, en el que se reproducía una imagen de PowerPoint en la que se elogiaban los 137 días de Gobierno de Lula, en clara alusión, según el diario Folha de São Paulo, a los PowerPoint utilizados por Lava Jato para explicar los episodios de corrupción.

Es en este clima de rencorosa polarización en el que el Gobierno, después de tantos tiras y aflojas de medidas anunciadas y luego retiradas, empezó a decidirse y a mostrar a los brasileños qué quiere realizar con la economía. De hecho, la petrolera brasileña Petrobras ha anunciado que revisa su política de precios y elimina la PPI (la paridad de los precios internacionales). La PPI garantiza la paridad de los precios internacionales a través de la dolarización del petróleo, y permite a Brasil importar todo lo que necesita. Esta paridad fue adoptada en 2016 por el entonces presidente Michel Temer en un intento de relanzar las cuentas del país tras el desastre económico (y al fin el impeachment) de Dilma Rousseff.

La decisión parece populista a muchos expertos. “El flirteo de Petrobras con la retrocesión” titulaba el Estado de São Paulo. Según el diario, “la nueva política de precios es confusa y opaca, permitiendo al Gobierno reajustar los precios a su antojo y abandonar las directrices que la salvaron de la ruina”.

Antes del gobierno de Temer, cuando Petrobras era dirigida por Pedro Parente, hubo una fuerte interferencia del gobierno en la empresa durante el mandato de Rousseff. Además de los escándalos de corrupción, el precio del combustible no estaba vinculado al dólar y al precio del barril en el mercado internacional, lo que hizo que la petrolera perdiera competitividad e incluso tuviera que subvencionar parte del valor del combustible. Dado que la gasolina y el gasóleo son motores clave de la inflación, tanto por su impacto directo como por los costes de transporte, se utilizó la bajada artificial de los precios como estrategia para controlar la subida de precios en el país. Todo esto, sin embargo, se hizo a costa de la salud financiera de Petrobras y acabó con el impeachment de Rousseff en 2016 y la peor recesión económica de la historia del país.

A corto plazo, la nueva medida del Gobierno de Lula permitirá reducir el coste de la gasolina en 40 céntimos de real, unos 8 céntimos de dólar, pero a largo plazo corre el riesgo de perjudicar al país que importa casi el 30% de su petróleo. Muchos importadores podrían dejar de estar interesados en tener a Brasil como mercado precisamente por “su salida de la dolarización”.

Coincidentemente, en las mismas horas en que se anunció la movida de Petrobras, el presidente del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), Aloisio Mercadante, en una entrevista en el programa Roda Viva dijo que Venezuela, que tiene una deuda de unos 722 millones de dólares con Brasil, propuso pagarla con suministro de electricidad y petróleo. Es decir que, en su visión, Venezuela podría ayudar a Brasil en caso de falta de suministro energético en el gigante latinoamericano.

Por último, la nueva reforma fiscal aún no ha sido aprobada. Aunque su relator, Cláudio Cajado del Partido Progresista, ha introducido algunos cambios para endurecerla y garantizar un mayor control del gasto público, muchos analistas siguen mostrándose escépticos. Según el economista Silvio Campos Neto, “aunque se hayan incluido límites en la nueva versión, los llamados “gatilhos”, el propio texto abre un margen para que el Gobierno no los ponga en práctica, permitiendo que Lula proponga al Congreso la suspensión de estos límites a condición de que indique correctivos”. Es decir, las sanciones para el presidente, el llamado delito de responsabilidad, han desaparecido del texto y en caso de incumplimiento, nadie tendrá que rendir cuentas. Además, los dispositivos introducidos por Cajado permitirán al Gobierno aumentar el gasto en unos 80.000 millones de reales, 16.200 millones de dólares más en los próximos dos años, según estimaciones del mercado financiero. También según Campos Neto “ha habido cambios que hacen que ahora la propuesta sea más permisiva de la original, especialmente en materia de gastos. A pesar de las mejoras, la propuesta no aporta el rigor necesario que requiere el momento, por lo que lo más probable es un aumento de la deuda”. La votación del texto al que se oponen una docena de diputados del PT está prevista para la próxima semana, salvo sorpresas siempre posibles en Brasil.

Seguir leyendo: