El régimen de Ortega mantiene a 46 presos políticos en Nicaragua tras la escalada represiva de Semana Santa

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua mantiene a 46 personas privadas de su libertad por razones políticas.

“La cifra de personas presas políticas del mes de marzo fue de 36, de las cuales a la fecha ninguna ha sido liberada. A esta cifra, el Mecanismo reconoce a 10 personas detenidas por motivos políticos en abril, para un total de 46 personas presas políticas a la fecha de publicación del presente informe, incluyendo 10 personas presas políticas capturadas previo al contexto de 2018″, señaló el más reciente reporte de la organización, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Luego acotó: “Todas las personas que se agregan a la lista fueron detenidas arbitrariamente durante el periodo analizado, en el marco de la escalada represiva por las celebraciones religiosas de Semana Santa, así como la conmemoración del quinto aniversario de la rebelión de abril de 2018″.

El mecanismo indicó que, entre el 1 de abril y el 7 de mayo de este año, registró las detenciones de 91 personas procedentes de diferentes departamentos del país y que a la fecha solamente siete detenidos en abril fueron presentados ante la orden de un juez. De este grupo de personas de abril, se tiene el conocimiento de que han sido liberadas 17. Además, seis fueron expulsadas de Nicaragua, entre ellas un adolescente de 17 años.

El reporte recordó que el pasado 3 de mayo se registraron las detenciones de al menos 36 personas en un operativo policial en varios departamentos. “Estas personas fueron sometidas a juicios exprés, acusadas y enviadas a sus casas con medida de casa por cárcel. Se ha recibido información de que por lo menos a 33 personas las regresaron a sus hogares”, acotó.

Y aclaró: “Al momento del cierre de este informe se lleva un registro de 50 excarcelaciones a las personas detenidas entre el 1 de abril y 7 de mayo de 2023. Esta cifra tiene una alta probabilidad de no ser definitiva debido al ambiente de miedo y terror que existe en la población que causa autocensura y desinformación”.

El mecanismo detalló que en abril se registró un “crecimiento importante” en el número de detenciones por posibles motivos políticos. “Durante el periodo se reportaron un total de 55 detenciones arbitrarias, de las cuales al menos 34 personas siguen detenidas, en su mayoría opositores y feligreses católicos. De este grupo de personas aún detenidas de abril, al menos de 15 no se tiene información del centro de detención o cárcel donde se encuentran”.

También sostuvo que un patrón observado el mes pasado fue el de la “desaparición forzada por ocultamiento de paradero” luego de la detención. “Este patrón se ha registrado en otros periodos de tiempo y consiste en que, luego de la detención de una persona, el Estado oculta su paradero por varios días, incluso hasta semanas. Durante ese tiempo, el Estado no brinda comunicación oficial confirmando paradero ni permite a la familia ni a la defensa técnica ver a la persona”, detalló el reporte.

A su vez, indicó: “A consecuencia de esta conducta, la persona detenida y que se encuentra desaparecida queda fuera del amparo de la ley, con lo que se le impide el recurso a remedios judiciales y garantías de protección, y se la pone en una situación de total indefensión. Esto a su vez la deja expuesta a violaciones de sus derechos y otras violaciones, como la tortura e incluso la violencia sexual”.

Otro ítem del informe se centró en la creciente ola represiva hacia la Iglesia Católica durante la Semana Santa. El mecanismo denunció 21 detenciones arbitrarias durante estas conmemoraciones, la mayoría sobre personas que estaban ejerciendo su derecho a la libertad religiosa.

“Estas situaciones se dieron luego de que el gobierno prohibiera en su totalidad las expresiones religiosas propias de estas fechas en las iglesias a nivel nacional, como el Vía Crucis y la Judea, resultando en la profundización de la criminalización de libertad religiosa en el país”, subrayó el escrito de 21 páginas.

Y siguió: “Un caso emblemático a resaltar es el de un sacerdote que fue expulsado del país por predicar sus creencias religiosas y por abogar por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. En las redes sociales abundaron imágenes de jóvenes vestidos con túnicas que corrían por las calles tras ser perseguidos por agentes policiales cuando intentaban realizar el recorrido de los Cirineos que se celebra los lunes santos, algunos de ellos aún están detenidos”.

El mecanismo también explicó que, al acercarse la fecha de conmemoración de la llamada “Rebelión de abril”, el Estado intensificó la represión sobre la población.

“El resultado fueron 75 detenciones arbitrarias con posibles motivaciones políticas durante el periodo conmemorativo. De este total, algunas de estas personas fueron liberadas horas después tras ser interrogadas, pero varias aún se encuentran detenidas”, manifestó.

“Adicionalmente, según los registros, la población denunció hostigamientos y amenazas en sus barrios por parte de agentes policiales, quienes en algunos casos incluso invadieron hogares para realizar interrogatorios, y formulan amenazas respecto a las posibles represalias si se organizaban o participaban de algún tipo de reunión durante estas fechas”, agregó.

El informe recordó que en la noche del pasado 3 de mayo se realizó un operativo a nivel nacional en el que se ejecutaron detenciones masivas a personas opositoras, periodistas y activistas de los departamentos de Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León, Madriz, Managua, Matagalpa y Nueva Segovia, entre otros.

“Fue un operativo de gran magnitud y precisión que requirió la coordinación simultánea de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial; así como de estructuras paraestatales afines al gobierno que operan a nivel territorial”, denunció el mecanismo.

“Sustrajeron a las personas de sus casas en horas de la noche, las trasladaron a diferentes puntos (estaciones policiales) en grupos, dentro de su departamento o incluso algunas trasladadas a Managua. Las acusaron de presuntos delitos asociados a las leyes de ciberdelito y propagación de noticias falsas”, indicó el informe; que detalló que 55 personas fueron judicializadas de manera arbitraria.

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