El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha confirmado el inicio de los trabajos técnicos para convocar elecciones presidenciales y legislativas tras la disolución de la Asamblea Nacional por orden del jefe de Estado, Guillermo Lasso, aunque ha admitido la dificultad de organizar esta doble cita electoral en apenas tres meses.
El CNE ha convocado a una rueda de prensa, que se realizará a las 16.00 hora local (21.00 GMT) en su sede, en Quito, “para informar respecto de la organización de elecciones anticipadas, tras el Decreto Ejecutivo 741″.
Dicho decreto, que está ya publicado en el registro oficial, establece la disolución del Parlamento por “grave conmoción interna y política”, y pide al CNE la realización de elecciones anticipadas.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha señalado que la decisión es “en pro de país, porque así como se disuelve la Asamblea Nacional, se acortan los periodos, inclusive el Presidente”.
Lasso ha hecho uso de un precepto constitucional inédito hasta ahora bautizado como la ‘muerte cruzada’ y que obliga al CNE a anunciar en un plazo máximo de siete días la fecha de los nuevos comicios, en los que se elegirá al presidente y a los diputados, que completarán los mandatos ya en marcha.
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, ha reconocido en una entrevista al canal Visionarias que el anuncio de Lasso pilló por “sorpresa” a la institución, que no estaba avisada antes de la promulgación del decreto. No obstante, “ya veníamos trabajando ante la posibilidad de que esta situación se diese”, ha añadido.
Pita ha señalado que en siete días el órgano electoral debe determinar cuestiones logísticas y legales para los futuros comicios, algo “extremadamente complicado” pero que se ha comprometido a cumplir conforme dicta la Constitución. En este sentido, ha dicho que el legislador no tuvo en cuenta en su día “los tiempos normales” en este tipo de procesos, confiando quizás en que “probablemente no se iba a dar nunca” una situación como la actual.
La Constitución establece de hecho que la toma de posesión presidencial debe ser el 24 de mayo, algo que no se cumplirá en esta ocasión por tratarse de un mandato ya empezado, y el apartado relativo a la ‘muerte cruzada’ no establece plazo alguno para el caso de que sea necesaria una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuya fecha queda “a discreción” del CNE.
Demanda de inconstitucionalidad
El opositor Partido Social Cristiano (PSC) anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad al decreto por el cual el jefe de Estado disolvió el Parlamento.
En un comunicado, el PSC señaló que no existen al momento causales para aplicar la llamada “muerte cruzada”, por lo que consideró que el jefe de Estado ha violado la Constitución.
“Procederemos a presentar ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar de suspensión del Decreto Ejecutivo 741 del 17 de mayo de 2023″, reza el escrito colgado en la cuenta de Twitter del líder socialcristiano, Jaime Nebot.
La decisión presidencial la anunció después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).
El mandatario disolvió el Parlamento cuando se preveía la segunda jornada de debate para posteriormente, una vez finalizado votar la moción de censura en un plazo de cinco días.
La aprobación de la moción de censura para destituir al Jefe del Estado hubiera requerido 92 votos, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
(Con información de EP y EFE)
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