Cómo y dónde siguen operando los grupos armados en Colombia, según informe de la OEA

(Washington DC, Estados Unidos) Los grupos armados ilegales en Colombia continúan ejerciendo control social en las áreas donde operan, con violencia a niños y adolescentes mediante el reclutamiento forzado y la violencia sexual. Además siguen sustituyendo las funciones del Estado e imponiendo su propia justicia, según el último reporte de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP), aprobado este miércoles por el consejo permanentemente de la OEA.

El informe destaca que, entre agosto y septiembre de 2022, hubo una disminución de las confrontaciones entre los grupos armados ilegales en varios departamentos, como Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó y Putumayo, debido a la intención de algunos de estos grupos de sumarse a la política de Paz Total impulsada por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

Sin embargo, esta dinámica se vio interrumpida entre octubre y noviembre por la reanudación o intensificación de algunas disputas. En diciembre, algunos grupos armados anunciaron ceses al fuego unilaterales, lo que en ocasiones provocó una reducción temporal de los enfrentamientos directos, pero en otros casos se mantuvieron junto con el control de territorios y acciones alternativas.

“Instamos a estos grupos a colocarse a la altura de lo que Colombia anhela y necesita”, dijo el embajador Roberto Menéndez, jefe de la misión de la OEA, al presentar su informe a todos los países este miércoles en Washington.

El representante de Colombia ante la OEA, Luis Vargas, agradeció el informe y dijo que su gobierno sigue aferrado a la búsqueda de la “paz total” para Colombia. “Cuando finalmente creímos que se había logrado un concepto de paz más integral con los acuerdos en La Habana empezaron los asesinatos de los desmovilizados”, dijo Vargas. “Han asesinado centenares de las personas que fueron desmovilizadas. Por eso seguimos aferrados a la idea de que si brindamos transparencia podamos llegar a una solución de fondo”, agregó el embajador colombiano.

Según el reporte de la OEA, persisten agresiones directas a la vida, libertad e integridad personal de la población. Los grupos armados aprovechan la debilidad institucional y la falta de servicios públicos para buscar aceptación por parte de las comunidades, asegura el reporte. El no pago de extorsiones conlleva represalias que van desde “multas y trabajos forzosos hasta amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios”, agrega el reporte.

Los grupos armados ilegales también restringen la movilidad de la población en varias regiones de Colombia, imponiendo horarios de toque de queda. Además, exigen afiliación a Juntas de Acción Comunal, participación en actividades comunitarias y carnetización de la población. También solicitan autorización o permisos a personas e instituciones que desean ingresar a ciertos territorios, incluso reteniendo y revisando a los funcionarios.

Los grupos ilegales imponen normas de conducta y restricciones en el uso de ciertas prendas de vestir. Amenazan a instituciones educativas rurales para cubrir plazas docentes vacantes y restringen los horarios de movilidad por ríos, afectando la asistencia escolar, según el reporte de la OEA. Además, impiden la instalación de infraestructura para el acceso a internet en algunas comunidades, limitando el derecho a la información.

El último informe de la Misión de apoyo a la paz en Colombia de la OEA repasa cómo están organizados los distintos grupos posteriores a las FARC y el EP continúan agrupándose en torno a dos macroestructuras: el Estado Mayor Central FARC-EP, liderado por alias “Iván Mordisco”; y la Segunda Marquetalia FARC-EP, comandada por alias “Iván Márquez”.

Estas estructuras tienen influencia en varios departamentos, y se caracterizan por su relacionamiento violento entre sí, asegura la OEA. También se observan alianzas entre las estructuras de la Segunda Marquetalia FARC-EP y el ELN en Cauca y Nariño. Además, se destacan en el reporte las tensiones y disputas entre los grupos armados por el control de territorios y rentas económicas, así como los enfrentamientos, confinamientos y desplazamientos forzados que han generado.

Los países que apoyan el proceso de paz y dan apoyo financiero para mantener la misión de la OEA, valoraron el informe. Tanto Estados Unidos, como Canadá, España e Italia expresaron su apoyo a la misión durante la reunión de este miércoles.

La delegación más enfática fue la de España, que dijo que su país quiere “redoblar el apoyo” a Colombia. La embajadora española, Carmen Montón, recordó en la sesión de la OEA de este miércoles que luego de la reunión que Petro tuvo a principios de mayo con el presidente español, Pedro Sánchez, su país se comprometió a donar un millón de dólares adicionales a lo que ya aporta para el proceso de paz.

Pero España hizo un pedido especial: “Apostar a las políticas feministas y política de género” en los acuerdos de paz, “en consonancia con la política feminista que España y Colombia comparten”, dijo Montón.

El informe de la OEA destaca como Colombia busca incorporar “la política exterior feminista” a los procesos de paz. “La agenda legislativa con enfoque de género giró alrededor de los temas de paridad, universalidad y alternancia en la conformación de listas de movimientos y partidos políticos”.

Destaca que en las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz que se crearon hubo un “precario diseño de la paridad” que “trajo efectos adversos para las candidatas que participaron en las pasadas elecciones” y eso hizo de que la paridad fuese “una medida afirmativa ineficaz”.

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