Quién es Rafael Curruchiche, el fiscal que protege al presidente de Guatemala y persigue a la prensa

Apenas habían pasado dos semanas desde el día en que lo nombraron jefe de la fiscalía más importante de Guatemala cuando Rafael Curruchiche ya había desplegado todo su recién adquirido poder para blindar al presidente del país, Alejandro Giammattei, quien en 2021 era investigado en relación con dos sobornos, uno que se supone él recibió de mineros rusos y kazajos y otro que le dio un ex ministro.

Curruchiche asumió como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) el tres de agosto de 2021, luego de que su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, lo nombró en sustitución de Juan Francisco Sandoval, el abogado que había liderado las investigaciones anticorrupción más importantes en la historia judicial de Guatemala, incluidas las dos que apuntaban a Giammattei.

El 18 de agosto de 2021, ya como jefe de FECI, Curruchiche firmó un memo dirigido a todos sus subalternos en las 11 agencias de la fiscalía en la capital y la de Quezaltenango, en el interior del país, con una instrucción sencilla: “Remitan a la brevedad posible informes sobre expedientes de investigación relacionados con reunión del presidente de la República con ciudadanos rusos”, dice el documento, del que Infobae tiene una copia.

Durante los días siguientes, a través de chats institucionales en la plataforma WhatsApp a los que Infobae ha tenido acceso, Curruchiche y una de sus asistentes presionaron a los jefes de agencias fiscales para que respondieran al requerimiento. Uno a uno, los fiscales van respondiendo que no tienen información sobre reuniones entre Giammattei y ciudadanos rusos. Pero el jefe de FECI no parece conformarse: él sabe, porque se lo han dicho desde la presidencia, que Sandoval, su antecesor, investigaba un posible soborno de mineros rusos y kazajos a Giammattei para obtener acceso al Puerto Santo Tomás de Castilla, en el Atlántico, y sacar, desde ahí, toneladas de níquel y otros minerales extraídos de minas y yacimientos en Izabal y Alta Verapaz, en el noreste del país.

La investigación a Giammattei por el supuesto soborno ruso había arrancado el 23 de junio de 2021, luego de que un testigo declaró que él había presenciado la entrega de dinero envuelto en una alfombra que una delegación de rusos fue a dejar a la casa del presidente en una zona exclusiva de la capital guatemalteca. El testigo era un ex agente de inteligencia que había sido reclutado como seguridad privada para proteger a los mineros extranjeros durante un viaje a Guatemala en abril y mayo.

Tras las declaraciones del testigo, la FECI, bajo las órdenes de Sandoval, abrió un expediente y empezó a pedir documentos a los hoteles en el que se habían quedado los extranjeros. Fue así como los fiscales descubrieron que la empresa detrás del supuesto soborno es Mayaníquel, una minera propiedad de un consorcio ruso llamado TelfAg que explota yacimientos de níquel y metales raros en el noreste guatemalteco.

La investigación llevó hasta el ministro de economía de Giammattei, quien se había hospedado con los rusos en un hotel boutique de Petén, en el norte selvático del país, y al propio presidente por la denuncia del testigo.

Uno de los fiscales que participó de la investigación, quien habló desde el anonimato por razones de seguridad, contó a Infobae que luego de que pidieron información a uno de los hoteles, abogados que se identificaron como apoderados del presidente Giammattei llegaron a las oficinas del Ministerio Público (MP) en el centro de Ciudad de Guatemala a averiguar si había investigaciones en curso contra el mandatario. “Nosotros habíamos mantenido todo en reserva porque sabíamos que le podían informar al presidente”, dijo el fiscal.

Poco después, Consuelo Porras, la fiscal general nombrada por Giammattei para un segundo período al frente del MP empezó a intervenir de forma directa en las investigaciones de FECI y a quitar poder a Sandoval. El 23 de julio de 2021, luego de haber nombrado a sus leales al frente de algunas agencias de la fiscalía especial, Porras destituyó a Sandoval, quien tuvo que salir de inmediato de Guatemala. Durante 15 días, la fiscalía especial tuvo una jefa interina. Hasta que llegó Rafael Curruchiche.

Antes de salir hacia el vecino El Salvador, y desde ahí de viajar a Washington, donde aún vive exiliado, el ya ex jefe fiscal Sandoval reveló en una conferencia de prensa que una de las razones por las que Porras lo destituyó es que él había ordenado investigar el posible soborno de los rusos al presidente.

Desde que llegó como nuevo jefe de la FECI, Curruchiche sometió a los jefes de la fiscalía especial a una presión constante para que le informaran sin delación de los expedientes que investigaban. Una vez, incluso, les dio un plazo de 48 horas para llevar los informes a su escritorio. Las investigaciones al presidente Giammattei eran prioridad. El 25 de agosto, una semana después de haberlo pedido por primera vez, el jefe fiscal envió un nuevo memo para pedir informes sobre las pesquisas contra Giammattei.

“Informe si en la agencia a su cargo se instruyó y desarrolló diligencia de investigación relacionada a la entrega de dinero en efectivo hacia el presidente constitucional de la República de Guatemala”, exigía Curruchiche.

A partir de entonces, durante todo agosto y septiembre de 2021, el nuevo jefe de FECI siguió enviando memos, agencia por agencia, pidiendo cuentas de todo lo investigado por la fiscalía especial e interesándose por casos particulares, como el del presidente, pero también sobre otros que involucraban a ex funcionarios involucrados en corrupción.

Otra de las investigaciones por las que Curruchiche mostró un interés particular fue el de 120 millones de quetzales (unos USD15.4 millones) encontrados en una casa de Antigua Guatemala, una ciudad colonial ubicada a 40 kilómetros de la capital, y vinculados a José Luis Benito, un ministro del gobierno que precedió al de Giammattei. Otra investigación de la FECI había determinado que, cuando era candidato a la presidencia, Giammattei recibió dinero de Benito en forma irregular.

Una vez informado de todo y con todos los expedientes bajo su control, Rafael Curruchiche cerró las investigaciones en las que aparecía el nombre del presidente y convirtió a la FECI en una especie de unidad especial para perseguir a quienes, como Sandoval, habían investigado a redes de corrupción que implicaban a los políticos y empresarios más poderosos de Guatemala. Para eso había llegado Curruchiche a la fiscalía especial, la cual se había formado en 2008 para trabajar de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ente investigador supranacional que se instaló en el país centroamericano ese año para apoyar al Ministerio Público y al sistema judicial.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otros, denunció a Curruchiche y el rol que le habían asignado las autoridades guatemaltecas. En julio de 2022, Washington incluyó al jefe de FECI en la llamada Lista Engel, donde nombra a funcionarios centroamericanos a los que considera antidemocráticos y corruptos. Del fiscal guatemalteco, la diplomacia estadounidense dice: “obstruyó investigaciones de actos de corrupción al malograr casos de alto nivel contra funcionarios del gobierno y al llevar adelante casos en apariencia espurios contra fiscales de la FECI, abogados privados y ex investigadores de la CICIG”.

Un diplomático estadounidense de la administración Biden, con quien Infobae ha hablado sobre la situación de la justicia en Guatemala, aseguró que la referencia a Curruchiche “obviamente” está relacionada con investigaciones como la del soborno ruso. Washington, de hecho, ha seguido de cerca el caso de los mineros rusos instalados en Guatemala, al grado que el 18 de noviembre de 2022 el Departamento del Tesoro sancionó a ejecutivos de Solway, una empresa minera de capitales rusos que extrae níquel en el departamento de Izabal, y a Mayaníquel, la compañía relacionada con el soborno entregado a Giammattei.

Antes de llegar a la FECI como liquidador de los casos contra poderosos funcionarios acusados de corrupción, Rafael Curruchiche había sido un oscuro fiscal que alcanzó cierta notoriedad pública como subjefe de la unidad de delitos electorales del Ministerio Público. Cuando estaba en esa oficina, en 2016, el fiscal estuvo a cargo de una investigación al partido político FCN-Nación, del entonces presidente Jimmy Morales, por financiamiento electoral ilícito. Aquel expediente apuntó a responsabilidad penal de Morales por recibir fondos de campaña de forma irregular y a los empresarios que le trasladaron ese dinero. Morales fue el presidente que desconoció el convenio entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas que dio vida a la CICIG y quien terminó expulsando a la comisión internacional y a sus investigadores.

Pocas horas antes de dejar la presidencia, el 14 de enero de 2020, Morales se juramentó como diputado del Parlamento Centroamericano para mantener la inmunidad ante posibles procesos penales por casos de corrupción que había investigado la FECI de Juan Francisco Sandoval. Uno de los casos que involucran a Morales es el de la muerte de 40 niñas que fallecieron en un incendio que consumió el albergue público en que vivían. El otro es de financiamiento electoral ilícito, el cual la FECI había sacado adelante a pesar de que Curruchiche lo había hecho languidecer en la fiscalía electoral.

En 2019, el jefe de la fiscalía electoral dejó el puesto. Consuelo Porras, ya entonces fiscal general, no dudó en ascender a Curruchiche, pero este tuvo que conformarse con ser interino porque había reprobado en su ascenso a jefe de sección. Fue hasta 2020, tras una revisión de notas que según fuentes del MP ordenó la fiscal Porras, que Curruchiche obtuvo el nombramiento definitivo. Una investigación del periódico La Hora determinó que Porras hizo una reforma ad hoc al reglamento interno del MP con el fin de reducir las exigencias para ascender, algo que favoreció a Curruchiche.

Cuando, en agosto de 2021, Porras lo nombró jefe de la FECI, Washington reaccionó de inmediato. Ned Price, entonces vocero del Departamento de Estado, dijo que el nombramiento de Curruchiche “no agrega confianza en la capacidad del organismo para investigar y procesar de forma independiente los casos de corrupción”.

Una vez cerradas las investigaciones al presidente Giammattei, el fiscal Curruchiche se enfrascó en su siguiente misión, la de perseguir a los investigadores de la FECI y CICIG que habían abierto casos a políticos y empresarios guatemaltecos.

Hasta ahora, Rafael Curruchiche ha solicitado a jueces tres órdenes de captura contra su antecesor, Juan Francisco Sandoval, por casos que el Departamento de Estado en Washington, la Unión Europea, la Barra de Abogados de Estados Unidos y Naciones Unidas han calificado como espurios o carentes de sustento legal. También ordenó las capturas de otros cinco ex fiscales, de una jueza y de dos ex investigadoras de CICIG, además de la que llevó a la cárcel a José Rubén Zamora, ex director de El Periódico y uno de los periodistas más influyentes de Guatemala, quien hizo público, entre otros casos de corrupción, el supuesto soborno que los mineros rusos y kazajos entregaron al presidente Giammattei.

A Zamora, Curruchiche le empezó a seguir la pista al poco de llegar como jefe de la FECI. El 14 de diciembre de 2021, el jefe fiscal envió un mensaje a sus subalternos en un canal de WhatsApp en el que pedía que le informaran si en sus expedientes el periodista figuraba como agraviado o acusado en algún caso. Siete meses después de aquello, a finales de junio de 2022, la fiscal Cinthia Monterroso, subalterna de Curruchiche, capturó a Zamora, a quien la FECI había montado un caso en el que lo acusa de lavado de dinero que relaciona con fondos que el periodista obtuvo para financiar El Periódico.

El caso contra Zamora ha sido catalogado por organizaciones mundiales de protección a periodistas como un ataque del Estado de Guatemala a la libertad de expresión y ha sido condenado por decenas de académicos alrededor del mundo. El periodista se ha declarado preso político. Curruchiche, sin embargo, permanece inmutable e insiste en que el caso tiene que ver con el financiamiento del periódico y no con las publicaciones dirigidas por Zamora. Lo cierto es que Curruchiche y Monterroso, su subalterna, ya han pedido que el caso se extienda a otros periodistas que trabajaron en El Periódico. En este caso, además, la FECI ha implicado al ex fiscal Sandoval, acusándolo de coludirse con Zamora para obstaculizar la justicia.

La etapa oral del juicio a Zamora empezó el 2 de mayo pasado y se espera que se extienda durante buena parte del mes. Durante los interrogatorios, la fiscalía y la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una asociación de ultraderecha que se ha presentado como querellante particular, han insistido en criminalizar la relación del periodista con sus fuentes. Uno de los abogados de la FCT es, de hecho, quien dirige la mayoría de los interrogatorios.

La Fundación contra el Terrorismo ha sido uno de los principales cómplices de Curruchiche y la fiscal general Porras en la persecución a ex fiscales, jueces y periodistas. La organización, que es querellante particular en buena parte de estos casos, está dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, un empresario que como Curruchiche aparece en la Lista Engel como actor antidemocrático y corrupto. A Méndez Ruiz la CICIG lo investigó por su posible relación con una red de trasiego de drogas que movía metanfetaminas entre Asia, Nicaragua y Guatemala.

Apoyado por la FCT y por la fiscal general Porras, Curruchiche también la ha emprendido contra Iván Velásquez, el magistrado colombiano que es ministro de defensa en el gobierno de Gustavo Petro y era jefe de la CICIG cuando la comisión acompañó investigaciones anticorrupción en Guatemala, y contra Francisco D’Allanase, un fiscal costarricense que dirigió la comisión antes que Velásquez. A ambos intentó perseguirlos Curruchiche, pero tuvo que detenerse porque los ex comisionados gozan de inmunidad por acuerdo entre el Estado de Guatemala y la ONU.

En su afán contra quienes persigue en su país, Rafael Curruchiche no se detiene. El otrora ex fiscal electoral que no alcanzó por sí solo las notas para ser ascendido es, hoy, uno de los hombres más poderosos de Guatemala, el dueño de la persecución penal a ex fiscales anticorrupción y a periodistas que publican e investigan esa corrupción.

Seguir leyendo: