El régimen de Daniel Ortega sigue arremetiendo contra la disidencia, sin importar el rubro en el que se dé. En esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua anuló de manera “definitiva” los títulos de 26 abogados críticos, que habían apuntado contra las autoridades y defendido a opositores presos.
Los letrados alcanzados por esta medida ya habían sido víctimas de otra reciente disposición de Ortega por medio de la cual, tres meses atrás, los había despojado de sus nacionalidades. También, 15 de ellos estuvieron presos y fueron deportados del país en aquel episodio que incluyó la salida de 222 opositores hacia Estados Unidos.
En tanto, los restantes forman parte del casi centenar de exiliados que, en febrero, también fueron declarados apátridas y se les expropiaron sus bienes en el país.
La CSJ explicó en un comunicado que estas personas “no pueden ostentar el título ni ejercer la profesión de abogado y notario público” ya que “perdieron el derecho de ejercer dicha profesión en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”.
El organismo les dio un plazo de 24 horas para entregar sus títulos, protocolos, sellos y carnets con los que estaba acreditados a trabajar, “bajo apercibimiento de la ley si no lo hiciese”, incluso tratándose casi en su mayoría de personas que no residen en el territorio.
Entre los más de veinte profesionales destacan la jurista Vilma Núñez, de 84 años, fundadora de la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), contra quien Ortega ha arremetido en el pasado, dejándola así sin nacionalidad, sin acceso a sus cuentas bancarias y hasta sin pensión de vejez.
También, se vio afectada su colega Yonarqui Martínez, quien utilizó su cuenta de Twitter para expresar su descontento. “Años de estudio y experiencia profesional no se borran con una circular de un órgano cómplice del Ejecutivo en violaciones de DDHH”, escribió y describió la resolución judicial como un “acto de cobardía” al que las autoridades recurrieron por “no poder callar una voz” defensora de derechos humanos.
Tanto Martínez como Núñez son las únicas dos profesionales de la lista que aún residen en el país y, a su vez, la primera no ha perdido su nacionalidad.
El reconocido escritor Sergio Ramírez, exiliado en España; los defensores de derechos humanos Gonzalo Carrión y Álvaro Leiva, exiliados en Costa Rica, y Uriel Pineda y Mónica López Baltodano, en México; los presos políticos excarcelados Ana Margarita Vijil, José Pallais, María Oviedo, Roger Reyes, Hugo Rodríguez y Edgar Parrales, también han quedado inhabilitados para ejercer su profesión.
De todas formas, Ortega no se limitó únicamente a acallar a opositores ya que incluyó, asimismo, a su ex colaborador Rafael Sodís Cerda; el ex militar sandinista Marlon Sáenz; y tres funcionarios del Poder Judicial detenidos.
La medida, que no tomó por sorpresa a los abogados, rechazaron la privación y desconocieron este nuevo avance sobre los derechos de la sociedad.
Reyes fue una de las voces que encabezó este repudio y comentó que cancelar una profesión y un título está “lejos de toda realidad jurídica”.
A ello se sumó Oviedo, que comentó que “nos han quitado todo. A Dios le pido que el odio no me alcance. No seré igual que los que hoy quieren destruirme. Abogada y nicaragüense seré hasta el último día de mi vida. Pierden su tiempo”.
Núñez apuntó, a su vez, contra Ortega, a quien acusó de mirar “a todos como enemigos” y se sumó a la postura de sus colegas: “Mi título no me lo pueden quitar, lo que yo sé, no”.
Desde España llegó el rechazo de Vijil, que mencionó su tristeza por la noticia de la Corte Suprema aunque, en paralelo, recibió la confirmación de que el Gobierno de este país le había concedido la nacionalidad.
“Hoy me levanté con la noticia de que el Gobierno español había aprobado una solicitud de nacionalidad española, una noticia difícil, una noticia esperanzadora”, se la oye decir en un video.
(Con información de EFE y The Associated Press)
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