La justicia de Brasil procesó a otros 250 acusados por el asalto de militantes bolsonaristas a los tres poderes

La Corte Suprema de Brasil aceptó este lunes las denuncias contra otros 250 acusados de participar en el asalto a los tres poderes del 8 de enero, cuando miles de bolsonaristas intentaron derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con esta última decisión, la máxima instancia judicial brasileña ya ha procesado a 550 personas desde que empezó a analizar las denuncias presentadas por la Fiscalía General por la asonada golpista que se produjo una semana después de Lula asumir la Presidencia.

Los magistrados del alto tribunal tienen previsto iniciar este martes el análisis virtual de otro bloque de querellas relacionadas con el asalto de Brasilia del 8 de enero, que hasta el momento totalizan 1.390.

Ese día, miles de simpatizantes del ex mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, con la intención de provocar una intervención de las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula.

Las autoridades brasileñas llegaron a detener a unas 2.000 personas por esos actos golpistas, aunque en la actualidad permanecen en prisión menos de 300. El resto aguarda el final del proceso en libertad con medidas cautelares.

Los acusados enfrentan ante la Justicia graves delitos como “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “golpe de Estado” y “asociación ilícita armada”.

Desde entonces, la Policía Federal ha abierto varias líneas de investigaciones para averiguar los autores intelectuales de la intentona golpista, así como a aquellos que la financiaron.

Bolsonaro, que el 8 de enero se encontraba en Estados Unidos, adonde viajó dos días antes de terminar su mandato para evitar entregarle la banda presidencial a Lula, consta como investigado por “incitar” a sus seguidores a atacar las instituciones democráticas.

El líder ultraderechista, que gobernó entre 2019 y 2022, declaró el pasado 26 de abril ante la Policía por este caso y negó cualquier tipo de responsabilidad con la intentona golpista.

Bolsonaro, quien perdió los fueros el pasado 1 de enero, cuando le sucedió Lula, es investigado en una veintena de procesos por abusos de poder, entre otros cargos, en causas que tramitan en la Justicia ordinaria, el Supremo y en tribunales electorales.

El ex ministro de Justicia brasileño Anderson Torres, detenido por su supuesta participación en los actos golpistas del pasado 8 de enero, declaró este lunes ante la Policía Federal, y negó haber participado en acciones para dificultar la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre.

Torres llegó fuertemente escoltado y en compañía de sus abogados a la sede de la Policía Federal en Brasilia y durante casi cuatro horas respondió al interrogatorio de las autoridades, según el servicio estatal de noticias Agencia Brasil.

La declaración corresponde a las investigaciones sobre las supuestas órdenes de Torres, en la época ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), para que la Policía de Carreteras dificultase las votaciones en las presidenciales de las que salió vencedor Luiz Inácio Lula da Silva.

Según las investigaciones, la orden para que la Policía de Carreteras realizase retenes el día de las votaciones, con el ánimo de dificultar el sufragio en las zonas de fuerte apoyo popular hacia Lula, partió de Torres.

Los retenes se intensificaron en la región nordeste, donde el hoy presidente Lula tenía más potencial de votos y que fue fundamental para su triunfo en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre sobre Bolsonaro, que buscaba la reelección.

El abogado de Torres, Eumar Novacki, dijo a los periodistas que su defendido “respondió a todas las preguntas”, reiteró su disposición de “cooperar con las investigaciones” y negó que hubiese intervenido en las acciones de la Policía de Carreteras en el estado de Bahía.

(Con información de EFE)

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