La campesina nicaragüense a la que el ejército de Daniel Ortega le mató a dos de sus hijos y tuvo que huir a Costa Rica

Doña Elea Valle, una campesina nicaragüense de 44 años, perdió a su esposo y a dos hijos adolescentes, de 16 y 12 años, hace seis años, en lo que el Ejército de Nicaragua reportó como “un enfrentamiento con una banda delincuencial”. Ella le da otro nombre: “Fue una masacre”.

Valle no ha logrado sepultar a sus hijos y a su esposo ni ha conseguido justicia y, al contrario, ha sido perseguida y acosada, a tal punto que debió salir por puntos ciegos a Costa Rica con el resto de su prole. “Si me quedaba en Nicaragua estaría muerta o presa”, dice.

La vida de esta campesina se puso patas arriba la noche del 12 de noviembre de 2017 cuando recibió la llamada de un conocido que le informaba que sus hijos, Yojeisel Elizabeth, de 16 años, y Francisco Alexander, de 12, habían sido asesinados por el Ejército.

Hasta ese día Elea Valle vivía con las estrecheces y las incertidumbres propias de una familia campesina pobre de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur, en la profundidad montañosa de Nicaragua.

Su esposo, Francisco Pérez, alias “El Charrito”, se había unido dos años antes a un grupo de hombres dirigido por su hermano Rafael Pérez Dávila, “El Colocho”, un ex guerrillero contrarrevolucionario que dijo volver a las armas para combatir al régimen de Daniel Ortega.

Valle quedó sola, con cinco hijos menores. Yojeisel Elizabeth, su hija mayor, le ayudaba lavando y planchando a los vecinos, y Francisco Alexander, conseguía de vez en cuando trabajo como jornalero en cultivos de la zona.

El 10 de noviembre, el esposo entró en contacto con sus dos hijos mayores, pidiéndoles que lo buscaran para entregarles un dinero para su manutención. Los adolescentes salieron ese día hacia la comunidad de San Pablo 22, del mismo municipio.

Dos días después, a las siete de la noche, Valle recibió la llamada fatal. Sus hijos estaban muertos. En la madrugada del día siguiente, la mujer salió desesperada a San Pablo, en un viaje que le llevó todo el día, una parte en vehículo y el trecho final a caballo.

A la comunidad llegó a eso de las siete de la noche. Los campesinos del lugar estaban esperando que llegara y viera los cuerpos de sus hijos antes de sepultarlos a todos en una fosa común, tal como el Ejército ordenó.

El Ejército de Nicaragua reportó las muertes como resultado del enfrentamiento entre una banda delincuencial contra “tropas del Sexto Comando Militar Regional (SCMR) del Ejército en la comunidad San Pablo, cerca del río llamado El 22, en la microrregión IV del municipio La Cruz de Río Grande, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur”.

Según los militares, la banda liderada por alias “Colocho” se había convertido en el azote de los productores de la zona. El enfrentamiento produjo seis muertos de la banda y ninguno del Ejército. Las bajas mortales incluían a los dos hijos menores de doña Elea Valle, quien ha rebatido la versión del Ejército de que los menores andaban armados.

Gonzalo Carrión, en ese tiempo director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), declaró al diario La Prensa que la versión del Ejército “no cuadra”. “Están habiendo choques armados, acción militar con características irregulares, donde de los muertos se limitan a decir que se trata de delincuencia común. Ahí hay un cuento que no cuadra”, dijo.

Al llegar a la comunidad donde estaban los cuerpos, Elea Valle quiso abrazar a sus hijos muertos, pero los campesinos la contuvieron porque después de dos días los cadáveres empezaban a descomponerse. Ella se desmayó mientras los sepultaban.

La joven estaba con la camisa abierta, con su sostén puesto, y el niño sin camisa. Ambos con heridas en diferentes partes del cuerpo. “Yo lloraba y lloraba. Todavía me duele lo que vi. A mi hija la violaron, la torturaron, la colgaron de un árbol y a mi niño lo hirieron en varias partes”.

La campesina viajó en cuatro ocasiones hasta las oficinas centrales de la Policía, en Managua, para que le permitieran exhumar los cuerpos de sus hijos de la fosa común, llevarlos al cementerio de su comunidad “y darles cristiana sepultura”. Nunca tuvo respuesta.

Desde entonces doña Elea ha pedido justicia por sus hijos en cuanto espacio ha podido, nacional e internacionalmente. Se ha presentado ante periodistas y ha marchado con la foto de sus hijos asesinados. La rebelión de 2018 y la represión que desencadenó opacaron su reclamo, pero ella persistió en su demanda.

“Me dejaron a un lado. No me mencionan para nada. Me dejaron sola. No mencionan a mis hijos. A mis hijos los ven como nada. A partir de abril de 2018, solo a esos fallecidos mencionan. Eso es injusto. Yo me he sentido mal. No entiendo por qué, si son los mismos asesinos que mataron a mis hijos los que asesinaron a los de abril de 2018″, se quejó Valle ante el diario La Prensa.

Abandonó su comunidad en la montaña y se instaló en un barrio pobre de Managua con los tres hijos que le quedaban. Dice que cambiaban constantemente de dirección y vivían encerrados por el acoso que recibía y el temor de ser encarcelada. “Llegaban policías tarde y noche a preguntar por mí, me apedreaban la casa y todo el tiempo estaba vigilada”, dice.

El 19 de julio de 2021 decidió irse al exilio “para tener paz”. Cruzó por “pasos ciegos” hacia Costa Rica con sus tres hijos, uno de ellos con capacidades diferentes. “Mi hijo especial”, dice.

En Costa Rica, afirma, se sintió libre. Pudo inscribir sus hijos a la escuela, pero vive en una cuartería de paredes de zinc y divisiones hechas con mantas, donde una persona caritativa le paga la renta. Está muy enferma y no puede trabajar porque no tiene quién le cuide a sus hijos, principalmente Eliel Misael, el hijo con capacidades diferentes que no se puede valer por sí mismo.

Alguna personas le regalan comida, pero dice que su situación es “crítica”, que frecuentemente pasan hambres. Si alguien quiere ayudarle su número telefónico es +506 63844903.

Aún en Costa Rica teme por su vida, por la cercanía con Nicaragua. “Yo no salí porque iba de paseo. Tuve que abandonar obligadamente. Como yo los denuncié a ellos nacional e internacionalmente, ellos me odian a muerte a mí”, declaró.

“Salí de Nicaragua, pero sigo pidiendo justicia. Si ellos creen que esto ya pasó, que se terminó, no, no se ha terminado. Mientras no nos den una respuesta siempre seguimos pidiendo justicia, donde estemos”, señala.

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