Ejército terrateniente: Ortega premia con propiedades la fidelidad militar

Una especie de tapete verde brillante de hojas de tabaco se aprecia desde un terreno en Estelí, en el norte de Nicaragua. A casi 200 kilómetros de distancia de allí, en San Marcos, en el oeste del país, un desnivelado portón de láminas rojas y un techo de nicalit es lo único que se puede observar de una propiedad. Ambas son del mismo dueño, aunque ninguna tenga un letrero que lo indique.

A diferencia de estos dos terrenos, otras propiedades —también del mismo propietario— en sus cercas de malla o alambre de púas advierten: “¡Prohibido el paso. Zona Militar!”. Las más comunes tienen letreros y custodios en sus portones; y las más populares son punto de referencia en sus comunidades o barrios. Todas han sido donadas por Daniel Ortega al Ejército de Nicaragua.

En sus 16 años consecutivos de Gobierno, el caudillo sandinista ha regalado a la institución castrense 184 lotes de terrenos —que totalizan al menos 97 propiedades—, según esta investigación de CONFIDENCIAL y CONNECTAS.

Las donaciones van desde un pequeño lote de 5.45 metros cuadrados (m2) hasta una sola propiedad de 13.6 millones de m2. En total, los terrenos cedidos suman 41.2 millones de m2 —4100 hectáreas—, que equivalen a más de 5,778 campos de fútbol.

Para la investigación, se elaboró, procesó y analizó una base de datos con todas las propiedades donadas por Ortega en sus cuatro períodos presidenciales desde que volvió al poder en 2007, así como las donaciones durante las anteriores administraciones de Enrique Bolaños (2002-2006), Arnoldo Alemán (1997-2001) y Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996). Se revisaron además 11,048 acuerdos presidenciales, publicados en 8,097 Gacetas, entre el 26 de abril de 1990 y el 28 de abril de 2023.

Por un amplio margen, el Ejército ha sido la institución más beneficiada con las donaciones de propiedades durante los gobiernos de Ortega, de acuerdo con los datos obtenidos. Solo en los años 2007 y 2009 no le dio ninguna propiedad a las Fuerzas Armadas.

En sus cuatro períodos, el líder sandinista ha donado 435 lotes de terrenos, de los cuales casi la mitad (42.2%) han sido para el Ejército. Lejos en el ranking están la alcaldía de Pueblo Nuevo, Estelí, con el 8.7% (38 propiedades) y la alcaldía de Managua, con el 5.5% (24 lotes). De ahí para abajo, las donaciones se distribuyen en mínimas cantidades entre decenas de municipalidades e instituciones públicas y privadas.

“Hay un tratamiento preferencial con el Ejército, del que se beneficia –obviamente– el Ejército, pero también el Gobierno. Es un quid pro quo, es un dame que te doy”, señala uno de los analistas en temas de seguridad nacional consultados para esta investigación. En ese intercambio, según los expertos, los militares reciben tierras y un elevado presupuesto estatal, y Ortega obtiene la “sumisión militar”.

De hecho, desde 2007 hasta 2023, el presupuesto del Ejército se ha engrosado en más del 380%, al pasar de 717 millones de córdobas a 3,455.8 millones, según los presupuestos aprobados por el orteguismo.

Para esta investigación, CONFIDENCIAL y CONNECTAS entrevistaron a exmilitares, abogados especializados en temas inmobiliarios, corredores de bienes raíces e investigadores y expertos en seguridad nacional. Todos solicitaron omitir sus nombres para evitar represalias del régimen, que en los últimos meses ha desnacionalizado y confiscado a al menos a 317 nicaragüenses críticos con el Gobierno.

¿Necesita el Ejército las propiedades a su nombre para el cumplimiento de sus funciones? Los expertos coinciden que no. “La misión principal del Ejército es el resguardo de la soberanía nacional; si esas tierras no se ubican en lugares estratégicos para cumplir esa función, significa que no son para fortalecer esa función”, destaca uno de los analistas.

De acuerdo con los datos, las propiedades donadas al Ejército se encuentran distribuidas, principalmente, en áreas urbanas de 14 departamentos (de los 15 del país) y de las dos regiones del Caribe nicaragüense; solamente en el departamento de Boaco no se registra ninguna donación. La mayoría de los lotes están localizados en el departamento de Managua: 118 en total.

“Por la ubicación no son funcionales, tienen otro tipo de interés u objetivo. Las quieren para incrementar su patrimonio y su capital, que los hace cada vez más fuertes, pero en el sentido de grupo empresarial más que en capacidades militares”, explica el mismo experto.

“El Ejército se maneja hoy —prosigue— como una gran empresa, incluso transnacional, porque tiene fondos en el extranjero. Con estas propiedades, adquiere una mejor posición como administrador de activos, porque las tierras se vuelven activos económicos que pueden beneficiar negocios en el extranjero”.

El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que es el brazo empresarial del Ejército, tenía en 2012 unos fondos que rondaban entre 90 millones y 100 millones de dólares, de estos al menos un 35% estaban invertidos en bonos en Estados Unidos, afirmaron en ese entonces fuentes de la entidad castrense a Confidencial.

Sin embargo, uno de los analistas reveló que el Ejército retiró todas sus inversiones de la Bolsa de Valores de Nueva York, después de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, y a dos generales integrantes de la Junta Directiva del IPSM —el mayor general Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor, y el general de brigada Bayardo Pulido Ortiz, jefe de Personal y Cuadros—. “Ellos recibieron una fuerte advertencia y ya tienen todas sus fondos fuera de Estados Unidos”, afirmó la fuente.

El IPSM posee también inversiones en el sector de las urbanizaciones, bienes raíces, financieras, seguros, servicios de seguridad y resguardo de valores, supermercados, servicios médicos y universidades.

Pero ese poderío económico no coincide con una mayor capacidad en defensa y seguridad. El Ejército nicaragüense es uno de los más débiles del mundo, según el índice estadounidense Global Firepower 2023. Las Fuerzas Armadas nacionales se sitúan en el puesto 117 de una clasificación de 145 ejércitos del mundo. Para elaborar el ranking se analiza información pública de los ejércitos, como por ejemplo el número de efectivos, los equipos utilizables y los recursos financieros disponibles.

A simple vista, el tapete verde de hojas de tabaco que se observa en una propiedad de 978 m2, donada al Ejército el 10 de octubre de 2018, podría pasar por una propiedad cualquiera en manos de algún privado. En ella no hay ninguna estructura ni equipo militar; únicamente se levanta una pequeña construcción de piedras canteras y bloques. El terreno está localizado a mitad de una colina en la zona de “Residencial Villa de la Riviera”, en el noroeste de la ciudad de Estelí.

Una propiedad con la extensión y características de ese lote tiene un valor mínimo de 30,000 dólares (un millón de córdobas) en el mercado inmobiliario nacional, según un corredor de bienes raíces consultado para esta investigación.

Algo similar sucede con la propiedad del portón rojo en San Marcos, de 618 m2, donada al Ejército el 29 de junio de 2020. Como en la de Estelí, no hay presencia militar en el lote, rodeado de viviendas familiares y ubicado en la comarca Las Cuatro Esquinas, cerca de un empalme de las carreteras que llevan a San Marcos y Diriamba, dos ciudades de Carazo. Su valor mínimo en el mercado de bienes raíces es de 13,000 dólares (unos 470 mil córdobas).

CONFIDENCIAL y CONNECTAS verificaron in situ 69 propiedades donadas al Ejército por Ortega, que suman en total 152 lotes. Las restantes 28 propiedades —compuestas por 32 lotes— no se identificaron porque los acuerdos presidenciales no especificaron las ubicaciones o los linderos de las parcelas. Además, por razones de seguridad —ante la persecución de la dictadura contra la prensa independiente— se evitó viajar a zonas alejadas de los cascos urbanos, principalmente en las regiones del Caribe nacional.

De las 69 propiedades revisadas, al menos 22 no se utilizan para fines exclusivamente militares, ya que no hay efectivos ni instalaciones del Ejército. En ellas se observaron viviendas vacías, terrenos o solares baldíos y zonas boscosas. Estas últimas se encuentran cercanas a sitios turísticos como Catarina, en Masaya, o el Volcán Mombacho, en Granada.

El 22 de mayo de 2015, Ortega donó once “bienes inmuebles” al Ejército. De estos, nueve lotes —que suman 102,201.01 m2, más de diez hectáreas— pertenecen a cuatro propiedades localizadas en Catarina, uno de los puntos turísticos más importantes del departamento de Masaya, al oriente del país.

En la zona no existe ninguna base militar ni hay caseta de vigilancia. Son tierras con abundante naturaleza. Se puede acceder en motocicletas y camionetas porque son caminos de tierra. En las cercas de alambres de púas no tienen ningún letrero que indique que su propietario es el Ejército.

Otra propiedad sin presencia militar está en el Volcán Mombacho y fue donada el 10 de octubre de 2018. Tiene una extensión de 2,055 m2 y está localizada en “comarca Las Flores, empalme Guanacaste carretera hacia El Progreso Santa Ana”, según La Gaceta 204, publicada el 23 de ese mes. Un equipo de CONFIDENCIAL y CONNECTAS estuvo en esta ubicación pero no encontró presencia militar; igualmente pobladores y trabajadores de negocios turísticos aledaños afirmaron que no existe una base militar en la zona.

A ella se puede acceder en cualquier tipo de vehículos porque el camino está adoquinado. Asimismo, destaca su abundante naturaleza. Una propiedad como esta tiene un valor superior a los 29,000 dólares (cerca de un millón de córdobas) en el mercado nacional de bienes raíces, según el mismo agente inmobiliario.

Para los investigadores, la entrega de propiedades sin función aparente al Ejército está relacionada con su plan de desarrollo institucional y de inversiones, en el que los terrenos sirvan, en un futuro, como “prendas” en algún préstamo. “Si fueran propiedades con un alto potencial productivo, tendría sentido que las usen para la producción y autoabastecimiento de granos de las unidades militares; de lo contrario funcionan para hipotecas”, subraya uno de los especialistas.

El Código Militar establece que “en cumplimiento de sus funciones de organización y administración el Ejército podrá adquirir derechos y contraer obligaciones, todo de acuerdo con las normas generales del Estado sobre la materia”. Un abogado inmobiliario explica que “(el Ejército) al ser una persona jurídica, puede contraer obligaciones legales como préstamos e hipotecas”.

Uno de los investigadores resalta que el Ejército nicaragüense ya tenía patrimonios y empresas antes del regreso de Ortega al poder, en 2007, pero el caudillo sandinista les “puso en bandeja” una oportunidad de “apuntalar sus negocios privados” y “reforzar su papel” como empresarios. “La entrega de terrenos es parte de la alianza que Ortega comenzó a construir con ellos. En un primer momento, entre 2007 y 2008, fue un proceso de cooptación a través de prebendas, privilegios, tráfico de influencias, participación en las actividades y en las empresas que se generaron alrededor de la cooperación venezolana que se recibió en esos primeros años”, detalla.

Indica que, de 2014 en adelante, la alianza entre Ortega y el Ejército “es mucho más formal e institucional, porque hay elementos que son incluidos en la ley que le dan al Ejército una posición preeminente”. El experto en seguridad pública se refiere a una reforma a la Ley 181, que permitió la reelección continua del jefe del Ejército y el nombramiento de militares activos en altos cargos ministeriales o en empresas del Estado.

Una investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto, publicada en octubre de 2021, desveló que hasta 2013 “había al menos 47 exmilitares que ostentaban cargos en el Estado y en consorcios como los de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), creada con fondos de la cooperación petrolera venezolana”.

De acuerdo con la base de datos elaborada para esta investigación, las propiedades que no tienen un uso militar han estado en manos del Ejército por varios años. La primera identificada fue donada en agosto de 2010: un lote de 4,659.45 m2, localizado en el kilómetro 6 ½ de la Carretera Sur, una de las principales vías de entrada y salida hacia los departamentos del centro y occidente del país.

La propiedad está localizada a mitad de camino entre los pasos a desnivel de Las Piedrecitas y el Siete Sur, que son las principales obras de infraestructura vial de los últimos años de la Alcaldía de Managua, gobernada por el oficialista Frente Sandinista.

Uno de los expertos en temas de seguridad apunta que la falta de infraestructura militar muestra que esas propiedades, en el futuro, pueden tener un destino diferente al militar. Señala que, posiblemente, las donaciones en las zonas de Catarina y Mombacho van dirigidas “a potenciales inversiones en el área turística”, que es uno de los sectores en los que tiene negocios el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército.

El IPSM participa además en empresas diversas, unas con capital propio y otras con inversiones asociadas, que ofrecen servicios de construcción y comerciales diferenciados, detalló en 2019 un reportaje de CONFIDENCIAL.

El analista resalta que, si en algún momento se pensara hacer un desarrollo urbanístico, “algunas de las propiedades del Ejército pueden ser traspasadas legalmente al IPSM”, que sería la entidad pública que “haría la inversión”.

Uno de los investigadores aclara que las tierras “mientras estén a nombre del Ejército y no cambien de dueño, o si están desocupadas o son utilizadas para fines militares, ahí realmente no hay mayor cuestionamiento”. Sin embargo, una de las fuentes destaca que el secretismo del Estado y el Ejército impide analizar el uso exacto de las propiedades. “Como no se conoce el plan de desarrollo de inversiones del Ejército o del IPSM no sabemos para qué más utilizan las tierras”.

El proceso de donaciones de terrenos con el que Ortega ha beneficiado al Ejército ha incumplido la Ley de Disposiciones de Bienes del Estado y Entes Reguladores de los Servicios Públicos. Y ha sido avalado por dos procuradores cercanos al sandinismo: Hernán Estrada Santamaría y Wendy Carolina Morales Urbina, ambos señalados de legitimar las confiscaciones de propiedades a ciudadanos, empresas y organizaciones, para favorecer al régimen.

Uno de los expertos detalla que el Ejército define cuáles son las propiedades que requiere para sus proyectos y luego hace la solicitud al Poder Ejecutivo, que la concede. “Al Gobierno le conviene hacerlo porque mantiene satisfechas las necesidades y requerimientos del Ejército, y este se beneficia porque obtiene las propiedades”.

La misma fuente explica que los militares trabajan directamente junto a la Procuraduría General de la República (PGR) para concretar las donaciones. Los equipos jurídicos del IPSM y del Ejército se encargan de apuntalar los aspectos legales de la solicitud inmobiliaria al Ejecutivo; y luego supervisan el traspaso y legalización con los procuradores.

El primero de ellos, Estrada, fungió como procurador desde el 10 de enero de 2007 hasta el 7 de mayo de 2019, cuando renunció argumentando “motivos de salud”. Era un abogado y notario de confianza de la pareja presidencial nicaragüense; tanto que fue quien los casó en 2005.

A Estrada se le recuerda también por legalizar la adquisición de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP). En 2009, las operaciones de esta compañía fueron compradas al consorcio suizo-británico Glencore, con fondos del acuerdo petrolero entre Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, investigaciones periodísticas del diario La Prensa revelaron en 2012 que las operaciones de la DNP no pertenecían al Estado, sino que estaban bajo control de personeros y miembros de la familia Ortega-Murillo.

Para reemplazar a Estrada fue nombrada Morales Urbina el 9 de mayo de 2019. Ella entró a la PGR como secretaria, en 2017, y luego ascendió rápidamente para encargarse de temas administrativos hasta ostentar el puesto de asistente del exprocurador Estrada.

El papel de la procuradora ganó notoriedad en 2022, cuando se encargó de legalizar las expropiaciones de los edificios confiscados a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al diario La Prensa, respectivamente.

Ambos procuradores han aceptado sin excepciones la violación de la mencionada Ley de Disposiciones de Bienes del Estado en las casi 200 donaciones de terrenos al Ejército. Esta legislación, vigente desde 1994, establece que para disponer de los bienes del Estado, cuyo valor supere los 200,000 córdobas, deberá hacerse mediante una “autorización de ley” de parte de la Asamblea Nacional.

Ortega cumplió con esta ley solo en sus primeras dos donaciones. El 16 de octubre de 2007 autorizó al procurador general donar a la Alcaldía de Granada el terreno donde se encuentra el Hospital San Juan de Dios. Para su segunda donación, solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación para donar tierras a favor del Fondo de Crédito Rural (FCR), lo que fue ratificado por el Parlamento el 29 de mayo de 2007.

Siete meses después, el 10 de septiembre, el caudillo sandinista autorizó —ya sin acatar la Ley 169— su primera donación para el Ejército de Nicaragua: un terrero de 30,857.2 m2, unas tres hectáreas. En la propiedad tendrían “su asiento las instalaciones físicas de un Nuevo Hospital Militar”, según el acuerdo presidencial 451-2008, publicado el 20 de octubre de 2008. Una propiedad como esa tiene un valor mínimo de 3.5 millones de dólares (más de 127 millones de córdobas) en el mercado nacional de bienes raíces.

A diferencia de sus primeras donaciones, el Ejecutivo no informó del valor de la propiedad inmueble. Esta tasación ha sido omitida en todas las donaciones hechas al Ejército, según el análisis de CONFIDENCIAL.

Un abogado especializado en temas inmobiliarios advierte que “en la práctica, el régimen puede donar lo que quiera, independientemente de lo que diga la ley”. Y opina que “el monto de 200,000 córdobas es simbólico, porque al final el Estado es el que tasa las propiedades y dice a su conveniencia cuál es el valor de los terrenos”.

Para las cesiones de propiedades, el Gobierno ha utilizado las figuras de “donación”; “desmembración y donación”; y “traspaso”, que persiguen la misma finalidad.

La “obediencia militar” a Ortega fue puesta a prueba durante las protestas cívicas de 2018, cuando la jefatura del Ejército se negó a desarmar —pese a las peticiones de la sociedad civil— a los grupos de choque y paramilitares que, junto a la Policía Nacional, asesinaron a más de 350 nicaragüenses e hirieron a otros 2,000 ciudadanos, según organismos nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En marzo pasado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU concluyó que Ortega, Murillo y las autoridades de al menos siete instituciones del Estado, encabezadas por la Policía, han cometido crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses desde abril de 2018 hasta la fecha.

Los expertos no identificaron una participación directa del Ejército en la ejecución de los crímenes, aunque recomendaron una pericia aparte. “El nivel de participación del Ejército de Nicaragua en los actos de represión de la protesta social merece una investigación adicional”, determinó el informe.

El jefe del Ejército, general Julio César Avilés Castillo, fue sancionado por Estados Unidos a finales de mayo de 2020 y uno de los argumentos del Departamento del Tesoro estadounidense es que “los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense (en 2018)”.

Hoy, una imagen de Avilés, uniformado, en posición de firme y a su lado una frase atribuida a él (“Trabajamos día a día como hermanos para construir la patria que soñamos”), es lo único que contiene un pequeño mural, pintado en uno de los costados de la entrada al Polígono Nacional de Maniobra General de División Francisco Estrada.

Esa propiedad fue donada al Ejército en marzo de 2012. Tiene una extensión de 13.6 millones de m2 (casi 1400 hectáreas), equivalentes a 1,915.9 campos de fútbol. Es el lote de mayor extensión donado a través de un solo acuerdo presidencial.

No existen comunidades o caseríos a los alrededores. Es una zona despoblada, aunque por su vasta extensión colinda con al menos siete comarcas. El Ejército la utiliza para entrenamiento y para la detonación de municiones en mal estado.

Entre las 47 propiedades que sí tienen un uso exclusivamente militar hay varias sedes de comandos, bases y centros de entrenamiento militar, así como oficinas administrativas —cercanas a la sede del Estado Mayor, en Managua— que estaban en poder del Ejército desde los años 80 pero eran propiedad del Estado, aunque los terrenos comenzaron a ser traspasados con la llegada de Ortega a la presidencia.

Los terrenos de uso militar incluyen también lotes para instalación de antenas, puestos de control y fronterizos, áreas de repostaje, casas de protocolo, bodegas o zonas para la Naval, según lo observado por CONFIDENCIAL y CONNECTAS en la verificación in situ.

Una de las propiedades más extensas es el aeropuerto de Punta Huete —llamado popularmente “Panchito”—, localizado en el municipio de San Francisco Libre, a más de 70 kilómetros al noroeste de Managua.

La carretera entre Managua y San Francisco Libre está pavimentada, pero los accesos a la zona del aeropuerto son por caminos de tierra, que preferiblemente se tienen que transitar en vehículos todo terreno o motocicletas. El lugar colinda con el Lago Xolotlán (o Lago de Managua).

La propiedad ha sido donada en pedazos: lote por lote. En total, 64 parcelas que suman 15.5 millones de m2 (1550 hectáreas), equivalentes a 2,183 campos de fútbol. “El Ejército y el Gobierno deben explicar por qué la donación se ha hecho así. Creo que, posiblemente, no querían un escándalo sobre que el Gobierno le regaló un aeropuerto a los militares”, comenta uno de los analistas de Seguridad.

En mayo de 2013, Ortega donó al Ejército los primeros cuatro lotes correspondientes al “Panchito”. Sin embargo, el 84% de los lotes (54 de 64), fueron donados a través de dos acuerdos presidenciales firmados y publicados en diciembre de 2017 y febrero de 2018.

La última donación del caudillo sandinista al Ejército fue un lote de 1,160.48 m2, localizado en San Francisco Libre, del que no detallan su localización, según el acuerdo presidencial 155-2022, firmado el 31 de octubre de 2022.

Para uno de los investigadores, además de la infraestructura del aeropuerto, la importancia de esos terrenos es “su valor potencial”, ya que están a la orilla del lago y tienen recursos hídricos permanentes. “Son tierras fértiles, volcánicas y donde probablemente haya energía geotérmica”.

Según un corredor de bienes raíces, una manzana de tierra en San Francisco Libre tiene un valor mínimo de 2,500 dólares en el mercado inmobiliario nacional. Basado en ese cálculo, los lotes donados suman una propiedad cuyo valor ronda los 5.5 millones de dólares (más de 202 millones de córdobas).

Desde 2010 hasta 2022, Ortega cumplió 12 años consecutivos donando propiedades al Ejército. Los dos períodos de más cesiones fueron entre 2012-2015, con 71 lotes; y 2017-2019, con 76 parcelas.

En este último lapso, 2018 fue el año que más donaciones de tierra recibió el Ejército, con 34, aunque la mayoría ocurrieron antes de la Rebelión de Abril. Mientras, 2020 fue el año en que menos lotes le donó Ortega, con solo tres.

La “generosidad” del mandatario sandinista contrasta con los tres gobiernos que se establecieron en Nicaragua entre 1990 y 2006, cuyos presidentes no le donaron ninguna propiedad al Ejército.

-Violeta Barrios solo donó, vía acuerdo presidencial, siete propiedades en todo su Gobierno.

-Arnoldo Alemán aprobó 118 acuerdos presidenciales para donar propiedades, en su mayoría desmembraciones de una misma propiedad para pequeños productores

-Enrique Bolaños donó 15 propiedades y transfirió el dominio de otras diez, principalmente a la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).

Uno de los analistas en temas de seguridad recuerda que en los gobiernos de Barrios, Alemán y Bolaños las relaciones entre las autoridades civiles y el Ejército eran “bastante conflictivas” y hubo momentos de crisis, como en septiembre de 1993, cuando la presidenta Barrios de Chamorro anunció la intención de pasar a retiro al general Humberto Ortega, quien se negó a abandonar la jefatura del Ejército porque, según dijo, la orden presidencial obedecía a presiones de Estados Unidos. Sin embargo, el hermano menor de Daniel Ortega dejó las Fuerzas Armadas en febrero de 1995.

“Con Alemán se manejaron situaciones de tensión, y también en el caso de Bolaños. En ninguno de esos tres gobiernos hubo un intento de cooptación, como ha ocurrido durante todo este periodo de Daniel Ortega; esa es la gran diferencia”, subraya la fuente.

*Este reportaje es parte de la serie “Los militares de Daniel Ortega”, una investigación especial de CONFIDENCIAL, con el apoyo de CONNECTAS, sobre la relación de Daniel Ortega con el Ejército de Nicaragua.

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