La ley brasileña contra las fake news pierde apoyo y exhibe la frágil posición de Lula en el Congreso

El allanamiento de este miércoles por la mañana del domicilio de Bolsonaro acusado de falsificar su certificado de vacunación contra el Covid desvió por unas horas el foco de la opinión pública de lo que ha sido la noticia de la semana, es decir, el incendiario debate sobre el proyecto de Ley (PL) de las Fake News o Ley brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet.

Si la semana pasada su relator, Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB-SP), y con él una parte del Congreso, habían conseguido aprobar la petición de votación de urgencia, el martes el propio Silva pidió al presidente de la Cámara, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), que se retirara la votación del orden del día al comprobar que no tendría votos suficientes para ser aprobada. “Si no hay votos”, declaró Lira poco antes de la decisión, “el PL de las Fake News no se votará hoy”.

Una decisión que traslada ahora a una fecha por definir, según Silva dentro de quince días, la votación del llamado PL 2630/2020, la ley que quiere reescribir las reglas de actuación de las “big tech”, los gigantes tecnológicos en Brasil.

El proyecto había sido aprobado en el Senado en 2020, pero en la última semana, antes de ir a la Cámara, el texto ha sufrido cambios profundos que han dividido al país y asustado a los principales interesados, desde Google a Meta. Elon Musk tuvo incluso que intervenir para calmar los ánimos. Algunos periodistas brasileños acusaron a la plataforma de la que es propietario, Twitter, de censurar sus mensajes a favor de la ley. “Esto es ridículo -respondió Musk personalmente en un tuit-. Hemos tenido problemas en todo el mundo con demasiados accesos simultáneos. Dimos más potencia a nuestros servidores de autenticación y ahora el problema está resuelto”.

Pero la línea dura de las últimas horas ha venido sobre todo del Gobierno, que ha preferido enfrentarse a las “big tech” antes que entablar un debate demandado por ellas. En una acalorada rueda de prensa el martes, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, dijo que los gigantes tecnológicos habían intentado “censurar y manipular” el debate sobre la ley. “Querían censurar al Parlamento, censurar el proceso legislativo, con una violencia pocas veces vista en Brasil”.

Esto se debió a que la página de búsqueda de Google llevaba unos días mostrando un mensaje alertando a los usuarios de que “el PL de las Fake News puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad y lo que es mentira en Brasil”. Al hacer clic en él, aparecía un mensaje institucional de Google Brasil firmado por su Director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas, Marcelo Lacerda: “Si se aprueba en su forma actual”, decía el texto, “el PL iría en contra de su objetivo original de combatir la propagación de noticias falsas”.

Una de las consecuencias no deseadas, por ejemplo, es que el PL acabaría “protegiendo a quienes producen desinformación, con el resultado de crear más desinformación”, continúa el texto. De hecho, según el nuevo texto de la ley, las plataformas tendrán que remunerar a los medios de comunicación por cualquier contenido periodístico que publiquen sus usuarios, aunque contenga noticias falsas. Sobre todo, el texto de la ley prohíbe a las plataformas retirar contenidos periodísticos falsos y considera vehículo periodístico a cualquier medio de comunicación que exista desde hace al menos dos años, incluso en forma de empresa individual.

El ministro Dino prohibió a Google promover posiciones contrarias al texto de la ley sin informar debidamente a los usuarios de que se trataba de publicidad. “Además de instar a la retirada del contenido”, declaró en rueda de prensa, “fijaré una multa por un valor máximo del 20% de la facturación bruta, además del bloqueo cautelar de las cuentas bancarias de Google”. Dino reiteró ayer: “Google ha infringido el Código de Defensa del Consumidor, en el apartado de publicidad abusiva y publicidad encubierta, que es una forma de publicidad engañosa”.

Con la amenaza de tener que pagar 1 millón de reales por hora (unos 200 mil dólares), que más tarde pasaron a ser 150 mil reales por hora, unos 30 mil dólares, Google retiró el enlace de su home page. Sin embargo, sus representantes respondieron a las acusaciones de propaganda del ministro Dino. “Las afirmaciones de que estamos cambiando los algoritmos para que los contenidos contrarios al proyecto de ley aparezcan en la parte superior de la página en detrimento de otras publicaciones favorables son falsas. En las últimas semanas, hemos expresado de forma pública y transparente nuestra posición respecto al PL 2630 a través de nuestro blog oficial. Además, hemos invertido en campañas de marketing para hacer más visibles nuestras preocupaciones, a través de anuncios en medios tradicionales, como periódicos y en medios digitales, incluidas nuestras plataformas publicitarias y redes sociales. Creemos que el debate sobre una legislación que puede afectar a la vida de millones de brasileños y empresas debe implicar a todos los sectores de la sociedad”.

Sin embargo, las palabras de Google no fueron escuchadas. El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes dio 48 horas a los representantes de las principales “big tech” de Brasil para explicarse ante la Policía Federal. Según un duro editorial del Estado de São Paulo “la decisión de Alexandre de Moraes contiene graves errores. Se basa en una profunda incomprensión del papel del Poder Judicial en el Estado Democrático de Derecho. Ningún juez es árbitro del debate público en el país, menos aún con decisiones de oficio, menos aún sobre proyectos de ley en el Congreso”.

Una de las razones que impulsaron oficialmente al Gobierno a actuar con urgencia y con tanta dureza fue el reciente aumento de los atentados en las escuelas del país. Sin embargo, la plataforma Discord, considerada por las investigaciones como fundamental para la radicalización de los atacantes o posibles atacantes, no es tocada lo más mínimo por la ley, que ni siquiera se preocupa del debate internacional sobre Tik Tok, acusado de transmitir datos al gobierno chino por una reciente audiencia del Congreso en Estados Unidos. Por esta razón, el uso de Tik Tok por parte de funcionarios gubernamentales ha sido prohibido recientemente en muchos países como Estados Unidos, Canadá y en varias instituciones europeas como la Comisión Europea, mientras que en Brasil incluso el presidente Lula mantiene su perfil en la plataforma sin ningún tipo de preocupación por la seguridad.

La crítica más significativa al PL de las Fake News se refiere a algunas secciones del texto que fueron enmendadas por su relator en la última semana. Aunque se ha suprimido el artículo que preveía la creación de un órgano de control “autónomo pero elegido por el ejecutivo” para decidir qué contenidos deben ser eliminados porque supuestamente falsos y cuáles no, y para controlar que se multe a los gigantes tecnológicos, queda la duda de quién llevará a cabo estas tareas que permanecen en el texto. Según Meta, empresa propietaria de Facebook, “los organismos gubernamentales se encargarían de crear normas en ámbitos como el análisis de riesgos, la auditoría externa de las plataformas y la moderación de contenidos, lo que conlleva inseguridad jurídica”.

En la nueva versión, las “big tech” también tendrán que remunerar a los autores de los contenidos periodísticos y artísticos difundidos en sus plataformas mas, ellas subrayan, la forma en que el proyecto de ley establece estas remuneraciones obligatorias no les permitiría ofrecer servicios gratuitos a los usuarios.

Otro punto crítico es la responsabilidad civil de los contenidos publicados por terceros en las redes sociales, que hasta ahora no existe. Si la ley se aprueba en estos términos, las plataformas podrán responder personalmente ante los tribunales. El texto también las obliga a informar a la policía si sospechan que se ha producido o puede producirse un delito en el futuro. Las “big tech” afirman que solo podrán hacerlo actuando como “policía de Internet”, creando un sistema de vigilancia permanente. En virtud del PL 2630, las plataformas deben elaborar informes de transparencia semestrales para informar sobre los procedimientos de moderación de contenidos. Además, deben contratar una auditoría externa para evaluar el cumplimiento de la ley. Y todo ello debe estar abierto al público, en portugués. Google se defiende diciendo que el modelo “conlleva graves amenazas para la libertad de expresión” y que “se animaría a las empresas a eliminar discursos legítimos, lo que daría lugar a un bloqueo excesivo y a una nueva forma de censura”. Por último, la inmunidad parlamentaria, que con esa ley se extiende también a las redes sociales de los políticos, hace imposible para los gigantes tecnológicos eliminar los contenidos falsos producidos por ellos o que violan sus códigos de conducta, y también eso ha causado mucha perplejidad.

Según el diario O Globo, entre los que participaron en la redacción de la Ley de las Fake News, está el investigador brasileño Ricardo Campos que escribió el libro “Fake News y Regulación”. Campos, además de profesor en Alemania, es socio del bufete de abogados Walfride Warde, que según el periodista brasileño Lauro Jardim “es uno de los autores de la acción que quiere poner fin a los acuerdos de la Lava Jato (que han permitido devolver miles de millones de dólares a las arcas del Estado) y ofreció una cena en honor de Sergio Cabral,” el ex gobernador del estado de Río de Janeiro. Con su reciente liberación se enterró definitivamente la operación Lava Jato. Cabral había acumulado condenas por un total de 425 años y era el último convicto que seguía en prisión de la mayor operación anticorrupción de la historia del país desencadenada en 2014 por el descubrimiento de una trama de sobornos millonarios.

El martes, mientras se desconocía hasta el último momento si el proyecto de ley se presentaría a votación, en una reunión con el presidente Lula, que dijo no querer implicarse y dejar que “la Cámara decida cuándo votar”, el presidente de la Cámara, Arthur Lira, señaló lo frágil que es la base del Gobierno en el Congreso, como demostró la no votación del PL 2630. Según el diario brasileño Estado de São Paulo, Lira dijo a Lula “que el Gobierno debe dar si quiere tener un apoyo y una base sólida en el Congreso”. Dicho y hecho, poco después el presidente de Brasil repartió 10.000 millones de reales (unos 2.000 millones de dólares) entre los parlamentarios para que los gastaran. En resumen, dádivas similares a las “enmiendas del relator” tan criticadas por Lula en la última campaña electoral. Este mecanismo opaco se estableció en 2019 y entró en funcionamiento en 2020 para permitir al gobierno entregar fondos a diputados y senadores sin que sean identificados. De allí el nombre de “presupuesto secreto” que inventó un periodista del diario brasileño Estado de São Paulo.

Si el proyecto de ley sobre las fake news se somete efectivamente a votación dentro de quince días, su voto representará un Rubicón, cruzado el cual quedará clara la dirección que quiere tomar el nuevo Gobierno de Lula.

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