El cierre del Banco Fassil, dispuesto por el gobierno de Luis Arce, dejó en angustia a más de un millón de ahorristas y podría ser la chispa que haga estallar una gigantesca burbuja inmobiliaria, con amplias ramificaciones políticas.
Era el banco con más oficinas en Bolivia, que llegaban a 485, donde trabajaban 4.500 personas y era el más comprometido con gigantescos proyectos de urbanización en Santa Cruz, que abarcan unas 100.000 hectáreas.
Cuatro ejecutivos del banco están detenidos por orden de la autoridad financiera, acusados de no haber cumplido con sus ahorristas y han recibido, como les pasa a los políticos opositores, inmediatas órdenes de detención “preventiva”, sin que se hayan iniciado siquiera las indagatorias.
El banco ha respondido con un comunicado en que pone en venta todos sus bienes inmuebles, lo que incluye miles de parcelas de terreno de los proyectos urbanísticos Nueva Santa Cruz, Nueva Urubó y Parque Industrial Latinoamericano, entre varios otros, que los miles de compradores dejaron de pagar y produjeron grandes huecos en el sistema financiero.
Este detalle podría ser la chispa que provoque el estallido de la burbuja inmobiliaria que terminaría afectando a otros bancos que participaron en los ambiciosos proyectos de urbanización desmesurados para Bolivia.
Expertos de una empresa coreana que hicieron un estudio sobre estos proyectos llegaron a la conclusión de que solamente en Santa Cruz habían en oferta espacios urbanizados para albergar a 16 millones de ciudadanos, aunque Bolivia sólo cuenta con 11 millones de habitantes.
De ese informe surgió la versión de que uno de los proyectos urbanísticos estaba comprometido para una inmigración masiva de ciudadanos chinos, que comenzaría con una ciudad de un millón de habitantes junto a Santa Cruz.
Uno de los proyectos, el llamado Nuevo Urubó comprende una carretera de 45 kilómetros, con áreas habilitadas a ambos lados para la construcción de viviendas, aunque por el momento no existe ni una sola alma.
Ese proyecto parte de la población vecina a Santa Cruz llamada Porongo y llega hasta las faldas de la serranía del parque Amboró, controlado por cultivadores de coca y narcotraficantes, que cuentan con una pista clandestina muy bien dotada, con dos restaurantes de comida colombiana.
En todo esto está la mano del gobierno de Evo Morales, que forzó a los bancos a habilitar programas de financiamiento de viviendas populares, con préstamos a sola firma y con muy bajas tasas de interés.
El sueño de la casa propia de miles de bolivianos que viven en otras regiones, y son atraídos por el clima y la pujanza económica de Santa Cruz, estaba detrás de estos proyectos.
Pero la crisis del Banco Fassil muestra que muchos deudores del banco no han cumplido con sus compromisos, lo que podría darse también en otros bancos.
Todo esto ha generado mucho nerviosismo entre los ahorristas a pesar de todos los mensajes del gobierno dirigidos a asegurar que todo está bajo control y que la salud del sistema financiero es robusta, confiable y segura.
El problema es que la incertidumbre creada por el torpe manejo de la crisis del Banco Fassil coincide con la escasez de dólares en el sistema financiero, que en las fronteras ha hecho crecer la cotización en el mercado negro de 6,96 a 8,10 pesos bolivianos por dólar.
El gobierno dice que no tiene la intención de devaluar la moneda, con cambio fijo desde 2013, pero el mercado negro se ha ocupado de hacer una devaluación de facto que, por supuesto, provoca inflación de precios en un país que gozaba de estabilidad desde 1985.
En esa época también hubo problemas financieros y fueron cerrados doce bancos, pero la estabilidad que surgió hizo crecer la confianza de la gente, hasta ahora, cuando el gobierno de Luis Arce muestra mucha ineptitud para el manejo de la crisis. A propósito de esa ineptitud, la revista The Economist dijo esta semana que Bolivia se quedó sin dólares y sin ideas.
La burbuja inmobiliaria no afecta todavía a los empresarios que actúan en el área urbana y muchos de ellos construyen edificios de departamentos para lavar dólares, porque operan en el sistema financiero ilegal, muy activo en Bolivia.
Un empresario amigo del gobierno, de apellido Lora, acaba de construir en La Paz trece edificios de departamentos que no respetan las normas edilicias y están en trámite de “regulación”, pero no tienen compradores debido a la sobreoferta.
También en Cochabamba y Santa Cruz hay una gran sobreoferta de departamentos, que provoca la caída de los precios hasta niveles insostenibles.
Lo que preocupa ahora es la salud de la burbuja inmobiliaria del sector legal de la economía, que el gobierno maneja con torpeza.
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