La situación social en Haití está llegando a su límite. La escalada de violencia, que se agudizó en las últimas semanas, ha llegado a niveles impensados y genera terror en la población, que teme hasta salir de sus hogares para realizar tareas básicas.
Desde hace más de un año, casi toda la capital, Puerto Príncipe, está bajo control de las pandillas o bandas armadas, que aumentaron de 200 a 300 en los últimos 12 meses. Estos criminales cometen delitos día y noche, que incluyen abusos, masacres, robos, secuestros y hasta violaciones, todo como parte de una disputa por el control del territorio.
“La violencia de las bandas se está expandiendo a un ritmo alarmante en áreas previamente consideradas relativamente seguras de Puerto Príncipe y fuera de la capital”, señaló la nueva enviada de las Naciones Unidas para Haití, la ecuatoriana María Isabel Salvador.
Esta situación, comparable a la de países en guerra, ha dejado 1.647 incidentes violentos en el primer trimestre del año y más de 400 personas muertas en los últimos seis meses, principalmente en los departamentos del Oeste y Artibonite, según el último informe difundido por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). También, ha diezmado a las fuerzas de seguridad que “carecen de personal y están mal equipadas”. Según cifras oficiales, la dotación operativa se ha reducido de 14.772 a 13.200 efectivos, de los cuales sólo 3.500 realizan tareas policiales, lo que explica la ineficiente respuesta ante la violencia.
Sin embargo, no es necesario remitirse a meses atrás para dar con estos crímenes. Entre el 14 y el 19 de abril, la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en el país (OCHA) dio cuenta de 70 muertos y 40 heridos en Cité Soleil, el mayor barrio de la capital en el que viven personas de bajos recursos.
Por su parte, el pasado lunes, más de una docena de presuntos miembros de los grupos que allí operan fueron linchados por otro grupo en Canapé-Vert, una zona alta en Puerto Príncipe, cuando transportaban refuerzos de armas y municiones. Entre las víctimas de este episodio se confirmó la identidad de Carlo Petit Homme, conocido como Ti Makak, quien lideraba una de las poderosas maras que controlaba la zona de Laboule 12 y Thomassin.
Pero los enfrentamientos no se limitan a las bandas entre sí. Esta violencia se ha extendido a la población en general -sin distinción de niños, mujeres o indefensos- que, a diario, viven expuestos a una de las “peores” crisis de Derechos Humanos “en décadas”.
“La horrible violencia en las zonas afectadas por las pandillas, que incluye la violencia social, particularmente contra las mujeres y las niñas, es emblemática del terror que afecta a la mayor parte de la población de Haití”, mencionó Salvador ante el Consejo de Seguridad del organismo y precisó como uno de los casos más urgentes el de ataques contra menores.
“Los niños se encuentran entre las víctimas de los crímenes más atroces como asesinatos, secuestros y violaciones. En los últimos tres meses, los menores han sido alcanzados por las balas mientras estaban sentados en las aulas e, incluso, han sido secuestrados”, continuó.
A raíz de ello, muchas escuelas se han visto obligadas a cerrar sus puertas y las pocas que han reabierto al inicio de este ciclo lectivo se han visto casi vacías ya que los alumnos temen salir de sus casas por la violencia en sus vecindarios.
De todas formas, la práctica ha demostrado que la solución tampoco es permanecer en los hogares ya que la violencia traspasa las puertas, con el accionar de francotiradores y hasta la invasión de las bandas armadas, que han llegado a reclutar a los menores para sus crímenes, sumó Ghada Wally, directora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Muchos haitianos, hartos de vivir con miedo, han comenzado a “intentar resolver los asuntos por sus propias manos”, alertó Salvador, lo que “lleva inevitablemente a la ruptura del tejido social con consecuencias imprescindibles para toda la región”, continuó.
Frente a esta aguda crisis social, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, pidió en octubre el envío de una fuerza extranjera que intervenga en el país y ayude a restablecer el orden y la seguridad.
El ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ha respaldado este pedido, sobre el que aún no se ha obtenido una respuesta concreta. “Estamos presenciando hoy la disolución del Estado haitiano”, comentó durante su intervención ante el máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas en Nueva York y agregó que la situación en el país es “insostenible”.
Salvador, por su parte, reforzó este miércoles el pedido el cual la ONU aprueba pero que resta definir cuestiones operativas como qué país lideraría esta ayuda. “Necesitamos encontrar formas innovadoras de definir la fuerza para apoyar a la Policía Nacional haitiana. Haití requiere asistencia inmediata para responder a la creciente violencia de las pandillas y desarrollar su Policía”, apuntó y advirtió que un retraso en ello puede causar “un efecto de contagio de la inseguridad en la región”.
“Los haitianos no pueden esperar, tenemos que actuar ahora”, insistió al reclamar una hoja de ruta que permita retomar las conversaciones.
En octubre pasado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había propuesto establecer una “fuerza de acción rápida” compuesta por militares de uno o varios países aunque ésta no actuaría bajo la bandera del organismo, cuya imagen negativa en el país se sostiene luego de que los Cascos Azules desplegados en el país entre 2004 y 2017 supuestamente estuvieran detrás de un brote de cólera que mató a unas 10.000 personas.
Estados Unidos y Canadá han mantenido conversaciones el último tiempo en las que han detallado el delicado contexto en Haití y han coincidido en la necesidad de una intervención internacional pero, de momento, no han expresado su intención de encabezar la operación.
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