La Asamblea Nacional de Ecuador continúa evaluando la posibilidad de iniciar un juicio político en contra del actual presidente Guillermo Lasso, para lo que se están realizando audiencias en las que ambas partes exponen sus argumentos.
La de este miércoles se llevó la atención de muchos luego de un tenso cruce entre representantes de la oposición ecuatoriana y el abogado del mandatario, Edgar Niera.
Lasso “no hizo nada” cuando se le advirtió sobre irregularidades en el contrato, sentenció la legisladora Viviana Veloz ante la Comisión de Fiscalización al referirse al mal accionar del funcionario ante el supuesto peculado relacionado con un contrato de transporte de petróleo celebrado entre la empresa pública Flopec y una compañía del sector privado.
“Por eso, pretendemos que sea censurado y destituido. Esa es la verdad constitucional y es la verdad política que muchos pretenden ocultarle al pueblo ecuatoriano”, continuó Veloz quien respaldó sus argumentos con cartas y videos que -dijo- mostraban la responsabilidad política de Lasso en la acusación.
“Pruebas de los actos de corrupción en Flopec hay de sobra”, agregó.
Sin embargo, tal como expresó el propio Lasso en oportunidades anteriores, su defensa sostuvo su inocencia y negó haber actuado mal. Para ello, argumentan que el contrato en cuestión había sido firmado en 2018, es decir, muchos años antes de que asumiera en el cargo, en mayo de 2021. A su vez, fue anterior a las negociaciones que su administración emprendió sobre los cambios contractuales rentables, en línea con las recomendaciones de la Contraloría del país.
“No hay pruebas de que Lasso haya estado alguna vez involucrado en los contratos de transporte de Flopec”, comenzó testificando Neira en un ya acalorado intercambio. “El Presidente no tiene bajo su cuidado recursos de la empresa Flopec ni de ninguna empresa pública. No se ha establecido cuál habría sido esa distracción de fondos públicos, no hay un análisis económico contable que nos indique en qué habría consistido el pretendido perjuicio”, indicó.
Estas audiencias, las primeras en décadas, forman parte de la evaluación de última instancia que la Asamblea realiza para conformar su informe final que deberá presentar en 10 días.
Para que efectivamente se habilite la instancia de juicio político, los legisladores de la oposición -entre ellos, muchos aliados del ex presidente Rafael Correa, también condenado por corrupción- necesitarían que el debate llegue a una votación final en el Pleno de la Asamblea y, allí, contar con el respaldo de 92 de los 137 legisladores.
Los aliados de Lasso sostienen que tienen el suficiente respaldo para bloquear la eventual destitución aunque, de no ser así, el Presidente podría valerse de otros recursos para salir ileso. Por ejemplo, la Constitución Nacional lo avala a llamar a elecciones adelantadas para su cargo y la Asamblea.
De todas formas, fuera del recinto, la opción del juicio político no es vista con tan buenos ojos. La sociedad, aquejada por la creciente inseguridad y crimen en las calles, consideran que la destitución no es la solución para que las cosas mejoren en el país.
“El juicio político es una pérdida de tiempo y de recursos, no necesitamos eso cuando el país está controlado por la delincuencia”, comentó Yolanda Proaño, de 60 años. “Si llegan a botar al Presidente, las cosas no van a mejorar. Será peor para la economía, para el empleo”, concluyó.
(Con información de Reuters)
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