La ex ministra ecuatoriana condenada por corrupción habló de su escape de la embajada argentina en Quito

La ex ministra ecuatoriana, María de los Ángeles Duarte, condenada por la justicia ecuatoriana a ocho años de prisión por corrupción y que había recibido asilo diplomático de la Argentina, habló sobre cómo abandonó la Embajada argentina en Quito. El incidente, que sucedió el 10 de marzo pasado, causó un impase diplomático entre ambas naciones. Duarte, misteriosamente, salió de Ecuador un viernes y para el lunes ya estaba en Venezuela.

Según Duarte, que se ha calificado como perseguida política, no tuvo otra opción salvo salir de la sede diplomática porque el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no cumplió su palabra ante su homólogo argentino, Alberto Fernández. La ex ministra del gobierno de Rafael Correa dijo en Telesur que Lasso le dio su palabra a Fernández de que iba a permitir que Duarte saliera de la embajada y le pidió que no le otorgue el asilo, pero eso no sucedió: “Yo me di cuenta que el gobierno del presidente de Guillermo Lasso, como ya es su costumbre, estaba mintiendo y engañando a otro presidente”, dijo la ex funcionaria.

En diciembre de 2022, Argentina le concedió el asilo diplomático a Duarte y pidió un salvoconducto al gobierno de Ecuador, sin embargo, la Cancillería ecuatoriana rechazó la decisión y aseguró que el país no iba a otorgar ese permiso para que la ex ministra pueda viajar a Buenos Aires.

Sobre su estadía en la embajada, donde estuvo dos años y medio, Duarte dijo que “no fue una cárcel, pero sí una jaula de oro”. Según contó podía recibir visitas, pero no salir porque un patrullero estaba esperándola para llevársela a una cárcel. Además, se refirió a su hijo menor de edad que estaba con ella en la sede diplomática y dijo que durante los meses más críticos de la pandemia por coronavirus no pudo recibir clases.

“Esto es demasiado, esto es demasiado tiempo”, dijo Duarte al hablar sobre el momento que decidió salir de la sede diplomática. También calificó como ridículas a las declaraciones del ex canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, que acusó al entonces embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuks, y al embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde, de ayudar a la ex ministra a salir de la Embajada.

Duarte dijo que los diplomáticos argentinos no conocían que ella iba a salir de la Embajada: “Yo salí por mis propios medios... Quise mantenerlos al margen para no causar un conflicto entre ambos países”. La ex ministra dijo que en la embajada no se registraban los vehículos. También dijo que las relaciones entre Argentina y Ecuador no se rompieron. Si bien las naciones no tienen un embajador en sus sedes, pues ambos expulsaron a los diplomáticos de sus territorios, las relaciones entre los dos países continúan con sus encargados de negocios.

“Salir del Ecuador no es complicado para nada. No hay ningún control en la frontera, fue realmente muy sencillo”, dijo Duarte. La ex funcionaria aseguró que viajó a Venezuela porque no pudo tomar un avión comercial para llegar a Argentina. Tampoco se quedó en Colombia porque dijo que el gobierno progresista de Gustavo Petro todavía se está consolidando y los jueces podían tomar una decisión por encima de los deseos del mandatario.

Sobre la fuga de la ex ministra de Ecuador se sospecha que salió escondida en un auto de la Embajada y que tomó un vuelo clandestino para llegar a Caracas, donde permanece ahora: “Este país (Venezuela) me ha albergado muy cariñosamente y me está protegiendo”.

María de los Ángeles Duarte Pesantes es una arquitecta guayaquileña de 60 años, casada con un ciudadano argentino. Fue militante y dirigente del extinto movimiento Alianza País, transformado en movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Duarte estudió y se tituló en la carrera de arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la misma universidad en donde Correa obtuvo el título de economista.

Durante la década de gobierno de Rafael Correa, ocurrido entre 2007 y 2017, María de los Ángeles Duarte fue ministra de Inclusión Económica y Social, de junio de 2009 a abril de 2010; luego fue ministra de Transporte y Obras Públicas, entre abril de 2010 y noviembre de 2013; después se desempeñó como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, de febrero de 2015 a enero 2017. Dejó esta última función varios meses antes de que Correa traspasara el poder al entonces aliado Lenín Moreno.

Duarte enfrentó su primer juicio en 2017. La Contraloría General del Estado del Ecuador emitió dos glosas que suman USD 111 millones por el contrato para construir la carretera Collas-Tababela, que conecta a Quito con el aeropuerto de Tababela en las afueras de la capital ecuatoriana. Una glosa es una predeterminación administrativa que se impone al funcionario público a quien se ha detectado un perjuicio económico al Estado. La obra de construcción de la vía Collas-Tababela habría tenido un sobreprecio de USD 142.3 millones.

La Contraloría constató que los sobreprecios del proyecto en particular se detectaron en la firma de dos adendas al contrato, del 4 de marzo y el 16 de octubre de 2013, mientras Duarte ocupaba el cargo de ministra de Transporte y Obras Públicas. En la primera glosa, de USD 75,3 millones, se muestra que la exministra desechó USD 19,2 millones de bonos del gobierno, que estaban cubiertos por las adendas contractuales e incluyó cambios técnicos que aumentaron los costos iniciales. Además, la Contraloría determinó que esta reforma era incompatible con el modelo de contratación vigente según la legislación ecuatoriana y aplicable para estos casos y que gestionó el contrato con un régimen común, sin el riesgo que debe correr el concesionario en estos casos.

Hoy, la ex ministra Duarte es una de las casi 20 personas condenadas por el caso de corrupción que sentenció también al expresidente Rafael Correa. Duarte recibió 8 años de prisión por el delito de cohecho, que, según la legislación penal ecuatoriana, se le atribuye a un funcionario público que recibió beneficios pecuniarios indebidos al realizar u omitir un acto, o demorar y hasta promover actividades relacionadas con sus funciones para su propio beneficio o el de otros, en perjuicio del Estado. Otros condenados en esta misma causa son el ex vicepresidente Jorge Glas, el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y los ex legisladores Viviana Bonilla y Christian Viteri, todos de Alianza País, hoy convertido en el movimiento Revolución Ciudadana.

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