El Gobierno de Brasil aseguró que los ataques del 8 de enero contaron con la participación de “generales y oficiales traidores”

El Tribunal Supremo cerró este martes la votación de manera favorable para imputar por el intento de golpe de Estado a cien personas que estaban detenidas

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FOTO DE ARCHIVO. Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se manifiestan contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva mientras las fuerzas de seguridad operan frente al Congreso Nacional de Brasil en Brasilia, Brasil, el 8 de enero de 2023. REUTERS/Adriano Machado
FOTO DE ARCHIVO. Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se manifiestan contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva mientras las fuerzas de seguridad operan frente al Congreso Nacional de Brasil en Brasilia, Brasil, el 8 de enero de 2023. REUTERS/Adriano Machado

El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, aseguró este martes que los ataques del 8 de enero a las instituciones en Brasilia contaron con la participación de “generales y oficiales traidores”, que “dicen ser patriotas” mientras “cantan el himno”, pero al mismo tiempo “traicionan la Constitución”.

Dino dijo en declaraciones para ICL Notícias que “cerca de cien militares” prestaron declaración por aquellos hechos y que el grado de jerarquía es cada vez mayor. “Estoy hablando de generales, de oficiales, traidores de Brasil”, agregó.

“Dicen que son patriotas, pero son traidores. Cantan el himno nacional, juran defender la patria, pero traicionan la Constitución”, dijo Dino, quien señaló que existen “tres vertientes” con las que se sustentaron los ataques que protagonizaron los seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro.

Así, explicó que además de la vertiente militar está la económica, si bien parece solo involucrar a empresarios importantes a nivel regional, y política, que “es la más notable” y con la que se identifica a su “antecesor”, Anderson Torres.

Anderson Torres, en el momento de los ataques era secretario de Seguridad de Brasilia, es la principal figura política detenida por los ataques del 8 de enero. Ex ministro de Justicia con Bolsonaro, está bajo prisión provisional mientras es investigado por supuestas connivencia con los asaltantes.

En los últimos días nuevas imágenes de lo ocurrido desencadenaron la dimisión del ministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), el coronel Marcos Edson Gonçalves Dias, hombre de confianza del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que ya le había acompañado en sus dos mandatos anteriores.

El ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia brasileña, Marco Edson Gonçalves Dias, renunció este miércoles al cargo luego de que la prensa divulgara imágenes en las que aparece junto a manifestantes que asaltaron las sedes de los tres poderes el 8 de enero.

En ellas se podía ver como actuaba con cierta tolerancia hacia la turba de bolsonaristas que irrumpieron en el Palacio del Planalto, indicándoles la salida e incluso acompañado a otros altos funcionarios que entregaban botellas de agua.

De Moraes pidió al nuevo responsable en funciones del GSI, Ricardo Cappelli, que informe al Supremo en un plazo de 24 horas sobre la identidad de todos los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, que aparecen en esas nuevas imágenes difundidas en un primer momento por CNN Brasil.

El encargado de la investigación, el juez Alexandre de Moraes, pidió al nuevo responsable en funciones del GSI, Ricardo Cappelli, que informe al Supremo en un plazo de 24 horas sobre la identidad de todos los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, que aparecen en esas nuevas imágenes difundidas en un primer momento por CNN Brasil.

A su vez, ha instado al Gobierno a que informe acerca del grado de cumplimiento de las dos órdenes dadas anteriormente sobre este caso, como son la obtención de las imágenes de todas las cámaras de Distrito Federal y los interrogatorios de todos los implicados en aquellos ataques a las instituciones, en Brasilia.

Mientras tanto, este martes el Tribunal Supremo cerró la votación de manera favorable para imputar por los ataques del 8 de enero a cien personas que estaban detenidas. Ahora, Moraes presentó una nueva propuesta para calificar de la misma manera a otras 200, por lo que el pleno tendrá hasta el martes 2 de mayo para tomar una decisión.

(Con información de EuropaPress)

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