El presidente de Bolivia, Luis Arce, partió de prisa a Venezuela cuando los hechos de corrupción de PDVSA ponen en riesgo a la sociedad de esa empresa con la estatal boliviana del petróleo, YPFB, donde opera uno de los hijos del presidente.
La prisa de Arce también tendría que ver con el pedido que le hizo llegar el canciller ruso Sergei Lavrov con el canciller boliviano Rogelio Mayta para que estreche la hermandad con Nicolás Maduro, quien no puede viajar fuera de Venezuela porque tiene orden de aprehensión.
Lavrov ha observado que las riñas en el partido de gobierno en Bolivia están dañando incluso algunas relaciones con países alineados al “eje musulmán-comunista” dirigido por Vladimir Putin, según la definición de José Carlos Sánchez, dirigente del Movimiento Tercer Sistema.
Este joven político de Cochabamba dice también que probablemente Arce viajó tan de prisa a Venezuela porque desea recibir las instrucciones que habría dejado Lavrov para toda la región después de visitar Brasil y Venezuela.
En Bolivia, los rusos mantienen un programa de cooperación que incluye centros de medicina nuclear y la instalación de una planta atómica en la ciudad de El Alto.
En 2020, Rusia envió a Bolivia vacunas contra el COVID-19 a un precio que se desconoce porque el gobierno de Arce dijo que se trataba de un tema protegido por una “cláusula de confidencialidad”.
A propósito de eso, The Economist Intelligence Unit informó que, al día siguiente del acuerdo sobre las vacunas, el gobierno de Moscú le hizo saber a Arce que Rusia tiene interés en las “tierras raras” de Bolivia. De eso tampoco se habló, ni siquiera para incluir el tema en la mencionada cláusula.
PDVSA e YPFB conformaron en 2006 una Sociedad Anónima Mixta que fue un fracaso, pero que produjo muchas noticias, como la llegada de un taladro venezolano a Bolivia en un viaje muy largo, hasta la selva amazónica, aunque nunca entró en operaciones.
Y ahora también YPFB está en crisis, porque su producción de gas natural ha disminuido tanto que pronto se suspenderán las exportaciones, pero lo más grave es que han surgido denuncias sobre hechos de corrupción que complican al hijo del presidente Arce.
Las denuncias fueron hechas por Carlos Romero, ex ministro de gobierno de Evo Morales, hablando de una “mega-corrupción” que estaría poniendo en riesgo la propia existencia de la empresa.
Dice Romero que YPFB compra en el exterior mayores volúmenes de gasolina y diésel de los que se necesitan para atender la demanda interna, lo que beneficiaría a quienes llevan esos volúmenes extra al exterior, de contrabando, aunque con precios subvencionados por el Estado boliviano.
El ex ministro ha presentado documentos que, según sus palabras, prueban esos delitos, pero el gobierno no ha iniciado ninguna investigación y la justicia tampoco se ha interesado en el tema.
Es tan grave la crisis de YPFB que en este momento el gobierno de Arce aplica un sistema de restricción del consumo de gasolina y diésel oil, porque la producción interna es insignificante, lo que obliga a importar los volúmenes faltantes, además que la subvención al precio de venta llega a 1.700 millones de dólares al año, la mitad del déficit fiscal boliviano.
La justificación oficial del viaje de Arce a Caracas parece una ironía: la firma de trece acuerdos de “seguridad energética” entre dos países con sus empresas petroleras quebradas.
Todo esto cuando The Economist dice que Bolivia está al borde del abismo y considera que el fracaso del modelo económico de Luis Arce pone en duda la validez de los gobiernos populistas de la región.
Alude a la falta de dólares, al agotamiento del gas natural y a la entrega de las reservas de litio a un consorcio chino decidida por Arce.
En este momento, dice la revista, citando al economista boliviano Carlos Machicao, se tiene un déficit de la balanza de pagos, como ocurrió en 1982, cuando estaba comenzando una crisis que produjo a una hiperinflación de 24.000%, hasta que se aplicó el ajuste estructural que redujo dramáticamente el gasto público, con el despido de miles de empleados públicos y el cierre de empresas estatales deficitarias.
Ahora, el ministro de economía, Marcelo Montenegro, adelanta que el gobierno de Arce se propone cerrar las empresas estatales deficitarias, que son la mayoría de las 70 existentes.
De todos modos, Arce sigue decidido a llevar a Bolivia al socialismo.
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