Estados Unidos sancionó a tres jueces de Nicaragua por el destierro de cientos de presos políticos

Estados Unidos sancionó este miércoles a tres jueces de Nicaragua por haber despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores del régimen del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Entre las personas que quedaron sin pasaporte nicaragüense están los 222 presos políticos que fueron desterrados del país y enviados a Estados Unidos el pasado febrero, incluidas prominentes figuras de la oposición como Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

Estados Unidos responsabilizó al juez Octavio Rothschuh, del Juzgado Primero de Apelaciones en lo Penal de Managua; al juez Ernesto Rodríguez, de la Corte de Apelaciones de Managua, y a la jueza Nadia Tardencilla, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Distrito de Managua, todos ellos sancionados por el Departamento del Tesoro.

“Seguiremos utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para garantizar la rendición de cuentas por los abusos del régimen de Ortega-Murillo”, advirtió el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en un comunicado.

El líder de la diplomacia estadounidense exigió además al régimen de Ortega la “inmediata e incondicional liberación” del obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ser desterrado de su país en febrero pasado.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el juez Rothschuh anunció la decisión de desterrar a los 222 presos nicaragüenses, el juez Rodríguez retiró la nacionalidad a otras 94 personas, incluidos periodistas, activistas y clérigos; y la jueza Tardencilla despojó de la nacionalidad al obispo Álvarez tras condenarlo de traición.

“El régimen de Ortega sigue participando en acciones antidemocráticas que tienen como objetivo a las figuras de la oposición que más se hacen oír en Nicaragua, incluso a través de su sistema judicial”, denunció el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

Como resultado de la acción de este miércoles, todas las propiedades en Estados Unidos de los sancionados quedan bloqueadas y se prohíbe realizar transacciones económicas y comerciales con ellos.

En su informe ‘Un grito por la justicia: 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua’, la organización Amnistía Internacional (AI) advirtió el martes que el régimen de Daniel Ortega continúa “acrecentando” y “reinventando” la “política de represión” cinco años después de las protestas populares de 2018, además de “incorporar nuevos patrones de violaciones”.

“Después de cinco años, lejos de cesar, la política de represión del gobierno nicaragüense para contener las voces disidentes y cualquier tipo de crítica continúa acrecentándose, reinventándose e incorporando nuevos patrones de violaciones”, afirmó AI.

El documento detalla las principales “tácticas” del régimen como “el uso excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar injustamente activistas y disidentes, los ataques contra la sociedad civil y el exilio forzado”. Y señala que esos “métodos” suponen un “amplio abanico de violaciones a derechos humanos” como “la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la nacionalidad”.

Amnistía Internacional, a través de la información proporcionada por organizaciones nicaragüenses recogidas en ese documento, informó sobre la “cooptación del sistema judicial” que cuenta con la “colaboración” de otras autoridades para celebrar “juicios injustos en contra de personas por el mero hecho de ser consideradas críticas al gobierno”.

“A cinco años de su inicio, la crisis de derechos humanos en Nicaragua se sostiene por la pérdida del Estado de Derecho, la aprobación de reformas normativas que han afectado la independencia del poder judicial y el cierre al escrutinio de mecanismos de control de derechos humanos, tanto regionales como universales”, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

El régimen de Nicaragua “ha utilizado el proceso penal como una herramienta de control y represión contra personas consideradas disidentes u opositoras”, que ha llevado a la “encarcelación de cientos de personas”, según el informe.

(Con información de EFE)

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