Un informe policial apunta al entorno íntimo del ex presidente Juan Orlando Hernández por el asesinato de una fiscal hondureña

A la agente fiscal Sherill Yubissa Hernández Mancía la mataron el 11 de junio de 2018 en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras. Durante meses, el Ministerio Público intentó hacer pasar la muerte como un suicidio, cuyas causas, dijeron las autoridades fiscales, fueron problemas económicos y amorosos. La investigación forense desmintió esas versiones y certificó que a Hernández Mancía la habían matado. Un informe de inteligencia policial, en poder de Infobae, revela ahora que los principales sospechosos de ser autores intelectuales de este crimen son el ex alcalde narco Alexander Ardón y Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del ex presidente Juan Orlando Hernández y quien fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por delitos de narcotráfico.

En sus declaraciones, anexas a los procesos judiciales contra los hermanos Hernández, Ardón acepta que traficó unas 250 toneladas de cocaína mientras fue uno de los capos que controló las rutas del occidente hondureño y dice que, de esas, unas 40 toneladas las movió en complicidad con Tony Hernández, el hermano del presidente, entre 2010 y 2019. Cuando, el 7 de octubre de 2019, los fiscales en Nueva York lo interrogaron en la corte que juzgaba a Tony Hernández, Ardón también confesó, sin alzar la voz, que había matado o mandado a matar a 56 personas en Honduras. El ex alcalde no mencionó el nombre de la agente fiscal Sherill Yubissa Hernández, pero la policía hondureña está segura de que la mujer es parte de esa lista.

Un informe reciente de la inteligencia policial hondureña, al que Infobae tuvo acceso, confirma que la muerte de Hernández Mancía fue un homicidio y apunta a que el móvil del crimen fue detener las investigaciones en las que la agente fiscal estaba embarcada en 2018, las cuales involucraban a narcotraficantes cercanos a Juan Orlando Hernández, entonces presidente de Honduras, entre ellos a Alexander Ardón. Un alto funcionario del gobierno de Xiomara Castro y un oficial de inteligencia policial confirmaron los contenidos del informe; ambos hablaron desde el anonimato por no estar autorizados a hacerlo en público. Infobae también confirmó los contenidos del informe con un diplomático estadounidense que conoce de cerca la situación política hondureña.

Cuando la mataron, Hernández Mancía tenía 28 años. Meses antes, a inicios de 2018, había sido trasladada de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, a Santa Rosa de Copán, donde fue nombrada jefa de una unidad de investigaciones especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público. La ATIC fue creada en 2014 para investigar “delitos graves y de fuerte impacto social”.

Cuando fue asesinada, a mediados de junio de 2018, Hernández Mancía dirigía en una investigación que tocaba al poder más importante de Honduras, el del narco aliado con la presidencia de Juan Orlando Hernández, aunque ni ella ni el país lo sabían entonces.

Las investigaciones que emprendió en Santa Rosa de Copán, capital departamental de Copán, en el occidente hondureño, llevaron a la agente fiscal hasta las puertas de la alcaldía de El Paraíso, el pueblo que aún funcionaba como una de las capitales del narcotráfico en la zona fronteriza con Guatemala.

Sherill Hernández fue al palacio municipal de El Paraíso a decomisar documentos de la alcaldía como parte de una investigación contra Alexander Ardón, el narcotraficante que había sido alcalde de El Paraíso entre 2006 y 2014 y en 2018 seguía moviendo los hilos en el palacio municipal a través de uno de sus hijos y otros socios. Ardón se entregó a agentes estadounidenses en Guatemala en marzo de 2019 y fue acusado, en Nueva York, de conspiración para el trasiego de cocaína y de uso ilegal de armas largas; su testimonio fue uno de los más relevantes en el caso que terminó, en 2021, con la condena de Tony Hernández.

“Chande fue el alcalde a quien Sherill Hernández le decomisó en su alcaldía muchos documentos… y él y Tony la mandan a desaparecer”, dijo a Infobae uno de los funcionarios hondureños consultados.

El asesinato de la agente Hernández Mancía generó una controversia pública entre las autoridades del MP y la mujer que dirigía entonces la Dirección Nacional de Medicina Forense, la doctora Julissa Villanueva, quien en la actualidad es la viceministra de seguridad en el gobierno de la presidenta Castro, y en 2018 fue separada de su cargo por negarse a aceptar la versión del suicidio que defendían funcionarios cercanos a Juan Orlando Hernández, como el fiscal general.

Óscar Chinchilla, el fiscal general de Honduras, y Ricardo Castro, el jefe de la ATIC y jefe de la agente Hernández Mancía cuando ella fue asesinada, se apresuraron a decir que la mujer se había suicidado. La doctora Villanueva, amparada en los informes forenses que ella realizó y supervisó, en el estudio de la escena del crimen y en los testimonios de peritos que estuvieron presentes cuando se levantó el cadáver de la agente fiscal en Santa Rosa de Copán, sostuvo siempre su versión. El 3 de julio de 2018, menos de un mes después de la muerte de Hernández Mancía, Julissa Villanueva estableció en su autopsia la causa de la muerte: “Homicidio”, dice en negrita.

“No nos queda ninguna duda; esto es una muerte violenta de tipo homicida desde el punto de vista médico legal”, declaró Villanueva a la prensa una semana después del asesinato. “No es un suicidio y amerita una investigación fehaciente”. El nuevo informe de la policía de Honduras, que según un investigador estadounidense consultado ya está en manos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), confirma la versión del asesinato y arroja más dudas sobre la actuación del fiscal general Chinchilla y de Ricardo Castro, el jefe de la ATIC.

Las irregularidades en la investigación de la muerte de Sherill Hernández empezaron pocas horas después de que sus compañeros de trabajo en Santa Rosa de Copán encontraron el cadáver de la agente fiscal en el departamento donde vivía. Fueron agentes de la ATIC, algunos enviados desde San Pedro Sula, los que se hicieron de inmediato con el control de la escena del crimen, según un acta policial levantada en el lugar de la que Infobae tiene copia. Eso a pesar de que la agencia especializada no tiene, entre sus funciones, procesar escenas del crimen o realizar estudios forenses.

El levantamiento del cadáver, de hecho, duró solo una hora y no estuvo presente ningún perito forense. Días después, la ATIC citó a una doctora llamada Delia Serrano a una reunión en las oficinas de la agencia en Santa Rosa de Copán para pedirle que firmara, a posteriori, un acta en la que se establece que ella estuvo presente durante la inspección ocular inicial de la escena del crimen. Serrano no firmó: ella nunca estuvo en el departamento donde encontraron el cadáver de Sherill Hernández y así lo hizo saber a sus superiores.

La ATIC retuvo todas las evidencias recogidas en la escena durante una semana antes de enviarlas a la Dirección General de Medicina Forense, que entonces presidía la doctora Villanueva. Entre lo remitido había un álbum de fotos que llamó la atención de los forenses desde que lo vieron.

Los colegas de Hernández Mancía afirmaron que habían hallado su cadáver en el piso, en medio de un charco de sangre, según los informes iniciales. Pero en las fotografías, la agente yace en la cama boca arriba, con una pistola de 9 milímetros contra la sien. No hay sangre en la almohada ni residuos en las paredes, que serían consistentes con un tiro autoinfligido en ese lado de la cabeza, señala Julissa Villanueva. Es decir, si Sherill Yubissa se pegó un tiro sobre esa cama, la sangre y el material óseo y cerebral desprendido por el disparo desaparecieron; o al menos no están en esa foto.

“No hay manchas de sangre ni residuos de hueso o vísceras en la pared ni ‘charco hemático’ en la almohada, que serían consistentes con la teoría de un balazo en la sien en la posición del cadáver mostrada en las fotografías de la escena”, dice Villanueva sobre ese álbum. En lugar de eso, la trayectoria de la sangre es hacia abajo de su cara y cuello.

La disposición de la sangre también parece impostada. Las fotografías del cadáver solo muestran pequeñas manchas de sangre cerca de una almohada, unos centímetros arriba de la pistola. La ATIC nunca dijo a quién pertenecían esas huellas. Según la doctora Villanueva, sin embargo, debería de haber sangre por todos lados. “Se ve claramente que ese cadáver fue modificado”.

Las inconsistencias continúan. La mano derecha de Hernández Mancía sostiene el arma, con su brazo en ángulo, pero las pruebas no hallaron residuos de pólvora ni en la mano ni en el brazo. Las fotografías, además, muestran la lengua de la agente inflamada y fuera de la boca y contusiones en la parte baja del cuello, lo que para Julissa Villanueva indica asfixia. Es evidente, para el equipo forense, que sus asesinos primero intentaron estrangular a la agente y luego le dispararon.

Y esta el asunto del celular. El teléfono de la agente fue movido al menos tres veces en la escena del crimen: aparece en el suelo, en un depósito plástico y en una jarra con agua.

El nombre Wilfredo García es importante en la investigación del asesinato de la agente fiscal Sherill Hernández. Él era jefe de la ATIC en San Pedro Sula, y fue jefe directo de Hernández mientras ella estuvo ahí. Ambos fueron parte del equipo que participó en el llamado Caso Avalancha, la investigación más grande que las autoridades hondureñas han hecho a las finanzas de la pandilla MS13 en el país.

García supervisó a Hernández Mancía durante la investigación Avalancha, y fue él quien recomendó trasladar a la agente a Copán para que se hiciera cargo de la ATIC allá. También fue García, según el informe de inteligencia policial que apunta al ex alcalde Alexander Ardón y a Tony Hernández como autores intelectuales del asesinato de la agente, quien esparció la narrativa de que Hernández Mancía se suicidó por problemas económicos.

Muy pronto tras el asesinato, la prensa hondureña empezó a reproducir la versión del suicidio citando fuentes cercanas a la investigación. De acuerdo con el informe de inteligencia policial, la información era filtrada desde la misma ATIC.

En un artículo que el periódico estadounidense The New York Times publicó en 2019 sobre feminicidios en Honduras, en el que se aborda el caso de la agente fiscal, se afirma que Wilfredo García estaba casado con la hermana de un pandillero de la MS13 de San Pedro Sula al que la ATIC investiga. Según esta versión Sherill Hernández había empezado a sospechar de su jefe, y esa es la razón por la que fue trasladada a Copán.

Infobae intentó obtener las versiones del fiscal general Chinchilla, del jefe de la ATIC y del agente García, a través de comunicaciones con las oficinas del Ministerio Público, pero no hubo respuestas.

El trabajo de la agente Sherill Hernández en San Pedro Sula fue, de acuerdo con un alto oficial que conoció el Caso Avalancha contra la MS13, importante para desarticular varias redes de lavado de dinero que ocupaba la pandilla, y para incautar cerca de 2.000 de bienes valorados en unos USD 20.3 millones. Las investigaciones de Avalancha también contribuyeron en el caso judicial contra Alexander Mendoza, alias Porky, un jefe de la MS13 vinculado al asesinato de Magdaleno Meza, un narcotraficante que también había sido socio de Tony y Juan Orlando Hernández, el ex presidente. A Porky un comando paramilitar lo ayudó a escaparse cuando visitaba un tribunal en un operativo en el que cuatro policías fueron asesinados.

Cuando se instaló en Santa Rosa de Copán, la agente Sherill Hernández también empezó a remover aguas turbias y a buscar en huecos que -ella no lo sabía del todo al principio- terminaban conectando con el inmenso laberinto de poder y narcotráfico que, según investigaciones y testimonios recogidos en los procesos judiciales contra Tony y Juan Orlando Hernández, los hermanos construyeron en Honduras entre 2006 y 2019.

Y cuando la agente Hernández Mancía decomisó documentos del exalcalde Alexander “Chande” Ardón en El Paraíso, Copán, estaba tocando a las puertas de la muerte, según el informe de inteligencia policial hondureño. La mujer había importunado al poder que convirtió a Honduras en un narcoestado. Le costó la vida.

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