![El ecuatoriano Osvaldo Zavala Giler](https://www.infobae.com/resizer/v2/TRWWXWKFDNE3DFYVIVAHCQPB7I.jpeg?auth=92048e8aa03dedfd847425061140fe8006b5085400d5ab1838283d572e32aed0&smart=true&width=350&height=214&quality=85)
La transmisión de la toma de juramento del abogado ecuatoriano Osvaldo Zavala Giler, nuevo secretario de la Corte Penal Internacional (CPI), mostró el orgullo de sus colegas que compartían la designación y admiración por el jurista que por cinco años asumirá el cargo en tribunal de justicia internacional. Zavala Giler es el primer latinoamericano en ocupar esa función.
Según se publicó en la web oficial del alto tribunal internacional, Osvaldo Zavala Giler tiene una amplia experiencia laboral en la Corte Penal Internacional. Ha trabajado en la Corte Penal en diferentes capacidades, incluso como Jefe de la Sección de Presupuesto, asistente especial principal del Secretario y Jefe de la oficina de enlace de la Corte con las Naciones Unidas en Nueva York. También es miembro fundador de la Red de Diversidad Sexual y de Género en la Corte. Antes de su trabajo con la Corte, también trabajó como oficial legal, asesor legal y oficial de enlace de las Naciones Unidas para la Coalición por la Corte Penal Internacional.
De conformidad con el Estatuto de Roma, el Secretario es el principal funcionario administrativo de la Corte, que ejerce sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI. El Secretario es responsable de los aspectos no judiciales de la administración y prestación de servicios de la Corte, sin perjuicio de las funciones y poderes del Fiscal de la CPI, cuya oficina actúa de manera independiente como órgano separado de la Corte, según explica la CPI en su web oficial.
Zavala Giler fue elegido por mayoría absoluta el 10 de febrero de 2023 por los jueces de la Corte Penal Internacional. El abogado entrará oficialmente en funciones este 17 de abril. El último miércoles tomó juramento.
Según comentó Zavala Giler para El Universo, dentro de sus funciones le corresponderá “ser el brazo ejecutor de las decisiones judiciales, así como la prestación de servicios a la Fiscalía y partes procesales velando por la equidad procesal y asegurando la asistencia jurídica tanto a los acusado y acusadas como a las víctimas”.
El jurista ha comentado que en la CPI no hay ningún caso relacionado con Ecuador, pero sí algunas investigaciones en curso de catorce países entre ellos Ucrania, Uganda, Myanmar/Bangladesh y Afganistán. De Latinoamérica el tribunal de justicia penal internacional solo tiene investigaciones abiertas sobre Venezuela por el presunto cometimiento de delitos de lesa humanidad. Aunque el gobierno de Venezuela solicitó a la CPI que no admita las investigaciones, los jueces del tribunal han solicitado más información al régimen de Nicolás Maduro, a las víctimas y a la Fiscalía venezolana: “De la decisión de los jueces dependerá que se reanuden o no las investigaciones”, aseguró Zavala a El Universo.
La Corte Penal Internacional se basa en lo establecido en el Estatuto de Roma y tiene jurisdicción para tratar crímenes de trascendencia internacional como el genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, cometidos después del 1 de julio de 2022, cuando entró en vigencia el Estatuto.
![Osvaldo Zavala Giler tomó juramento](https://www.infobae.com/resizer/v2/HA63R5MGPZHK7FHWQT4VBKOX4E.png?auth=fd5fb4d5b6167e3bacd8d8b69a21fae5846240b7bd96c05891fc1f88effdec6b&smart=true&width=350&height=233&quality=85)
Este alto tribunal penal internacional es de última instancia y solo interviene cuando la justicia nacional no puede o quiere hacerlo. Según explicó el nuevo secretario, “hay abiertos, ante la Corte, 31 casos con más de 50 sospechosos”. Actualmente la CPI tiene en marcha cuatro juicios de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Sudán, Mali y la República Centroafricana.
Como indicó Zavala al diario local, la CPI ha sentado jurisprudencia en temas como la utilización de los niños soldados en los conflictos, los crímenes sexuales como crímenes de guerra, o la destrucción del patrimonio cultural. También la Corte ha llamado a los Estados a adaptar su legislación nacional para que ellos mismos investiguen y juzguen los crímenes a nivel nacional.
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