Tras más de una década de prohibición, Ecuador liberalizó el porte de armas de fuego. Esta es una de las últimas medidas de emergencia tomadas por el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, ante la crisis de inseguridad que sufre el país.
En el 2011, durante el gobierno de Rafael Correa, el entonces presidente expidió un decreto que prohibió el porte y la tenencia armas de fuego para civiles como precaución al mantenimiento de la seguridad ciudadana. Esto cambió ligeramente en 2018 cuando una decisión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ratificó la prohibición del porte civil de armas a nivel nacional, aunque facultó a los centros de control de armas la gestión de las autorizaciones para el uso de armas en los sectores camaronero y ganadero.
El 2 de abril de este año amaneció con un nuevo decreto presidencial que derogó la decisión presidencial de 2011 y liberalizó la tenencia y porte de armas en personas naturales. El derecho a portar armas estaría gestionado por el Sistema Nacional de Control de Armas y reservado a personas de nacionalidad ecuatoriana y bajo el control del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el más alto mando militar de administración y coordinación de las ramas militares en Ecuador.
¿Cuál es la diferencia entre tener y portar un arma? La tenencia o posesión es un permiso emitido a individuos y que aprueba tener no más de dos armas de fuego por razones de seguridad. Confiere la posesión legal de un arma que puede estar en un lugar determinado, como un domicilio particular o un lugar de trabajo, requiriendo permiso de la autoridad estatal correspondiente. Si el propietario necesita mover su arma, debe descargarla y guardarla con los elementos de seguridad necesarios.
Por el contrario, el porte de armas incluye llevarla en todo momento para su uso y debe estar al alcance de la mano. En el Ecuador es práctica común permitir a los acuicultores y ganaderos el uso de armas de fuego para disuadir los crímenes asociados al abigeato y al robo de cultivos de camarón.
Los permisos de armas se encuentran parametrizados en el Sistema Nacional de Control de Armas y son exclusivamente para nacionales ecuatorianos, donde los autorizados pueden ejercer la licencia para el porte y uso en una jurisdicción determinada, sujeta a los controles del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Para los defensores del libre porte de armas, esta es una solución alentadora para que los ciudadanos puedan poseer y portar armas de fuego como forma de disuasión de la delincuencia.
Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, señaló en su cuenta de Twitter que “hay que precisar que se autoriza el ‘porte de armas’ previa autorización y cumpliendo requisitos. Hay restricciones por edad, por tipo de arma, por antecedentes de violencia y otras. No es libre porte”.
El objetivo del gobierno, a través de estas y otras medidas como el uso de gas pimienta y otras armas de tipo no letal, así como el uso de armas de fuego por parte de los guardias de seguridad privada, sería auxiliar a la policía en el combate a la delincuencia, al narcotráfico y al crimen organizado.
Próximamente se realizará una reunión de coordinación con los centros nacionales de control de armas para reglamentar lo dispuesto en la orden presidencial. A estas medidas se han opuesto varias organizaciones sociales y profesionales. De estas, la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador es la más importante. Se sumó la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador que emitió un comunicado en rechazo a la medida, y cuatro universidades.
Según el decreto suscrito por el presidente, quienes quieran portar un arma deberán cumplir con varios requisitos establecidos legalmente como tener al menos 25 años de edad; obtener certificados psicológicos y toxicológicos del Ministerio de Salud Pública; además de un certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional; no tener sentencias ejecutoriadas por la comisión de un delito; no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; y los demás que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto.
Lasso explicó en una entrevista que el porte de armas será regulado y que tomó esta decisión por el pedido de los ciudadanos.
Sin embargo, la decisión del mandatario ha sido cuestionada por expertos en derechos humanos, quienes no confían en las instituciones que deben entregar los permisos para tener y portar un arma. Mientras que otros sectores políticos han asegurado que la decisión es acertada aunque tardía y sin planificación.
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