Cómo El Salvador maquilló las cifras de homicidios para justificar el régimen de excepción

No hubo actos oficiales. Hubo propaganda. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, conmemoró en sus redes sociales el año que ha pasado desde que decretó el régimen de excepción y la suspensión de garantías constitucionales de sus gobernados. En Twitter colgó un vídeo de cuatro minutos y medio en el que resumió la posición de su gobierno sobre las medidas extraordinarias y el que, dice él, es su principal logro: la reducción inédita de homicidios.

A los reclamos de que su gobierno maquilla las cifras, Bukele respondió en el video: “Si maquilláramos los números… ahí estarían los cadáveres en las calles”. Al parecer, muchos muertos están enterrados en fosas clandestinas o, aunque estén sepultados en cementerios legales, el gobierno no los cuenta. Algunos cadáveres simplemente desaparecen.

Documentos desclasificados de la misma Policía Nacional Civil (PNC), revelados el 28 de marzo por el medio local Revista Elementos, dan cuenta de que el gobierno salvadoreño ha reducido en el papel las cifras de homicidios que reporta en el registro oficial, a veces hasta la mitad.

Los documentos, que la PNC había mantenido en secreto y a los cuales hubo acceso gracias los llamados Guacamaya Leaks -la extracción de miles de informes de policías latinoamericanas, entre ellas la de El Salvador-, muestran que, en los dos primeros meses del régimen de excepción el gobierno solo reportó 39 homicidios, cuando en realidad hubo 67. Eso sin sumar, en abril de 2022, las muertes de 12 supuestos pandilleros a manos de agentes del Estado.

Luego están los desaparecidos. Solo en abril y mayo de 2022 hubo 97 desaparecidos y, entre esos casos, solo uno fue anotado como homicidio, según los documentos policiales.

“Lo que estamos viendo aquí es que quieren ocultar a toda costa que se registren homicidios para presentar un éxito total… Pero no pueden ocultar algo así. Los homicidios se han reducido, pero por qué ocultar la cifra… Pero cuando la realidad toca la puerta no hay discursos que la opaquen”, dijo a Infobae un oficial de policía que habló sobre el maquillaje de cifras desde el anonimato por temor a represalias.

Bukele decretó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, luego de que las pandillas Barrio 18 y MS13 mataron a 87 personas porque el pacto que tenían con el gobierno se había roto. Autoridades judiciales de Estados Unidos han confirmado el pacto y así lo dejaron establecido en sede judicial a través de un documento de acusación contra varios líderes de la MS13 en una corte federal en Nueva York.

El régimen de excepción solo puede decretarse por un mes a la vez, pero el gabinete de seguridad, por indicaciones del presidente, ha pedido 12 veces a la Asamblea Legislativa, dominada por diputados bukelistas, que lo prorrogue. Cada vez que el Ejecutivo pide prórroga, los funcionarios utilizan la baja de homicidios como uno de los argumentos más importantes para hacerlo.

La tendencia a la baja en los homicidios empezó en El Salvador en 2015, luego de que otra tregua, esta entre las mismas pandillas y gobiernos del partido de izquierda FMLN, también se rompió y hubo un alza inédita de violencia. Que esa tendencia haya bajado a los niveles que alega Bukele es, hoy, difícil de confirmar, sobre todo ante las evidencias de ocultación de datos y maquillaje de cifras.

En todo el año que ha durado el régimen de excepción, 150 personas han muerto mientras estaban bajo tutela del Estado, en las cárceles de Bukele, de acuerdo con cifras que maneja el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), que lleva sus propios conteos basados en testimonios de las personas a las que atienden.

“Nunca va a haber una fuente oficial, al gobierno le interesa quedar limpio. Incluso niegan que algunos muertos hayan estado bajo la tutela del Estado. Las instituciones no dan ningún tipo de información, pero hemos hecho un conteo propio”, dice en una charla con Infobae Kenny Bolaños, de MOVIR, una de las pocas organizaciones en El Salvador que atiende a víctimas del régimen de excepción. Cristosal, otra ONG que ha denunciado violaciones a derechos humanos durante el régimen, cifró en 102 los muertos bajo tutela del Estado a inicios de febrero de este año.

También el Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) asegura que las cuentas del gobierno Bukele no incluyen a quienes han fallecido en las cárceles durante el régimen de excepción. “No los contabilizan”, dice Ivania Cruz, representante del Comité.

Al asunto de los muertos que el gobierno de El Salvador no cuenta al hablar de la baja en los homicidios, que menciona siempre como una de las razones para mantener el régimen de excepción, se suman en el guión de Bukele las exageraciones y cosas no dichas sobre sus cárceles.

“Los terroristas que van a estar acá son aquellos que están perfilados como de alto rango dentro de las pandillas”, dice Osiris Luna, el jefe de cárcel del gobierno al presidente Bukele en la secuencia final del vídeo elaborado por la secretaría de comunicaciones de la presidencia a propósito del primer año del régimen de excepción. Esa secuencia, acompañada de música estridente de película de acción, inicia con una imagen aérea de la llamada megacárcel, construida en los últimos meses para albergar a pandilleros y cuyo nombre oficial es Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El CECOT se convirtió en la pieza de utilería más sofisticada en la narrativa de Bukele sobre el régimen de excepción desde su inauguración el 31 de enero pasado.

A la inauguración siguió un primer traslado de 2000 presos en un operativo cinematográfico. Algunas de las imágenes grabadas entonces aparecieron luego en el video de aniversario del régimen de excepción publicado por Bukele.

La propaganda del gobierno dio a entender que los pandilleros capturados durante el régimen de excepción eran los que habían sido remitidos al CECOT, pero, de acuerdo con dos oficiales de la Policía consultados, la mayoría de los que aparecen en los videos son pandilleros ya condenados, que llevan años en las cárceles del país.

“Reo que entre a este centro no va a volver a salir y es que todo este centro mantiene el nivel de máxima seguridad, que es el nivel más alto, señor presidente”, dice la voz de Luna mientras el audiovisual muestra cuidadas imágenes de decenas de policías uniformados con pertrechos antidisturbios y armas largas que entran a una cárcel solitaria donde las cámaras los esperan.

La historia de la relación entre el gobierno de Bukele y los pandilleros del “nivel más alto” parecen indicar otra cosa. De las cárceles que administra Osiris Luna han salido varios jefes pandilleros que, atendiendo a las condenas que pesan en contra de ellos, deberían de seguir ahí.

Uno de los casos más sonados es el de Élmer Canales Rivera, alias Crook, un líder histórico de la MS13 que ayudó a negociar treguas con varios gobiernos salvadoreños, incluido el de Bukele, y quien es solicitado en extradición por los Estados Unidos. A él, a pesar de que estaba sentenciado por homicidio, un funcionario de Bukele llamado Carlos Marroquín lo llevó hasta Guatemala, de donde el pandillero huyó hacia México. Agentes estadounidenses ubicaron a Crook en la colonia Santa Úrsula de la capital mexicana semanas atrás, como publicó Infobae.

Marroquín, el colaborador de Bukele que liberó a Crook, y Osiris Luna son los dos funcionarios salvadoreños a los que la justicia estadounidense señala como autores del pacto con las pandillas.

Si el comportamiento de Luna con los líderes pandilleros recluidos en el antiguo penal de máxima seguridad, situado cerca de la ciudad de Zacatecoluca, en el centro del país, es una indicación de cómo serán las cosas en el CECOT, nada indica que todas las medidas anti evasión de la nueva cárcel sirvan para algo. En Zacatecoluca fue el gobierno mismo el que facilitó la salida a los presos, como ocurrió con Borromeo Enrique Henríquez, alias Diablito de Hollywood y otro de los líderes de la MS13.

Una investigación reciente del periódico La Prensa Gráfica, también basado en filtraciones de Guacamaya, da cuenta de que Osiris Luna dejó salir a Diablito el 24 de noviembre de 2021 hacia un centro de asistencia para ancianos. Henríquez, quien solo tiene 45 años, estuvo en el lugar 28 días. Esta salida, además, fue solo una de nueve que el gobierno facilitó al líder pandillero, uno de los que según la justicia estadounidense fraguaron el pacto de la MS13 con Bukele.

La madre de Yanira habla con voz firme para contar la historia de su hija, una joven salvadoreña que se fue en mayo de 2022 a trabajar como jornalera temporal en Estados Unidos y volvió en octubre de ese año, una vez que el permiso transitorio de trabajo venció, solo para que soldados de Nayib Bukele la arrestaran, la metieran a la cárcel y la sumaran a los conteos de las cuotas diarias de arrestos impuestas por las jefaturas policiales durante el régimen de excepción.

A la madre de Yanira (nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima) los soldados le dijeron lo mismo que le han dicho a otras familias: que la detenida estaba ligada a pandillas y que por eso iba presa. Pero la madre de Yanira confrontó a uno de los captores; le mostró un documento, certificado por la Policía, en el que consta que la joven no tiene antecedentes policiales y le enseño también el pasaporte de su hija y el permiso de trabajo temporal en Estados Unidos.

“¿Usted cree que si ella debiera algo en El Salvador hubiera vuelto de allá? ¡Nooo! Pero ella no debe nada, ella es una joven trabajadora”, relata la madre de Yanira, quien asegura también que el soldado al que mostró los documentos de su hija se disculpó: “Son órdenes de arriba que tenemos que cumplir”, le dijo. El militar no se refería a una orden para capturar específicamente a Yanira, sino a la directriz de las jefaturas policiales de cumplir cuotas diarias de arresto, que llegaron a ser de mil detenciones al día, desde que se inició el régimen de excepción. Infobae publicó, con documentos de la misma Policía como prueba, que, en efecto, el gobierno de Bukele impuso cuotas de arrestos a la fuerza pública.

La inmensa mayoría de las cerca de 65.000 personas detenidas durante el régimen de excepción no son líderes pandilleros importantes, ni siquiera son todos pandilleros, según los recuentos del mismo gobierno y de las organizaciones que, como MOVIR, COFAPPES o Cristosal, dan seguimiento a las detenciones. Entre los arrestados hay jóvenes como Yanira, la trabajadora a la que los soldados, según su familia, se llevaron a la cárcel para cumplir una cuota, o como Karla Raquel García Cáceres, una joven embarazada que perdió su bebé cuando estaba presa. En el caso de Karla Raquel, a quien su madre solo ha podido ver dos veces desde junio del año pasado, la única prueba es un acta firmada por agentes policiales que ni siquiera fueron quienes la arrestaron.

En El Salvador, a pesar de las violaciones, el régimen de excepción sigue siendo muy popular, aunque según una encuesta la aprobación muestra una leve erosión. Entre mayo y abril de 2022, la población dio una nota de 7.99 sobre diez a la medida; en septiembre la nota fue de 7.24, según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), la más prestigiosa del país.

Cuando los encuestadores preguntan por medidas concretas del régimen, la tendencia de los números cambia. Entre abril y mayo, menos de la mitad estaba en desacuerdo con las detenciones sin orden judicial, para septiembre esa cifra había subido a 66.4% en desacuerdo, según la UCA.

En la arena internacional tanques de pensamiento y organismos de defensa de derechos humanos llevan meses encendiendo alertas. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) insistió, a propósito del primer aniversario del régimen de excepción que este permitió “la suspensión de garantías constitucionales y ha dado lugar a abusos contra los derechos humanos, perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado (incluyendo el ejército), y ha agravado la corrupción”. WOLA también ha instado a la OEA y a la ONU a ser más incisivos en exigir el gobierno de Bukele que revierta el régimen.

El 28 de marzo pasado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU rompió el silencio que había mantenido durante un año para decir que “El Salvador ha tomado varias medidas que plantean grave preocupación durante el año que el estado de emergencia lleva vigente”, según un comunicado publicado ese día.

Bukele suele encogerse de hombros cada vez que un ente multilateral o alguna ONG internacional dice algo, y suele descartar los señalamientos invocando la soberanía del país y el supuesto éxito del régimen de excepción. En el video con el que celebró el primer aniversario anual de su régimen, el presidente repitió que El Salvador vive una paz que nunca había experimentado, un momento en que hay menos muertos que nunca, que es lo que consignan los reportes de su policía, los mismos reportes que esconden cadáveres de salvadoreños.

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