El regreso de Bolsonaro asusta más a la oposición que a Lula

Después de tres meses, Jair Messias Bolsonaro regresó por fin a Brasil. El jueves por la mañana su vuelo programado desde Orlando, Florida, aterrizó en Brasilia puntualmente a las 6.45 de la mañana. Sus partidarios le dieron la bienvenida. Poco más de 300 y no los 10.000 que esperaban los aliados políticos del ex presidente. Muchas consignas, el himno nacional y algunas banderas brasileñas fueron el corolario de esta llegada en sordina del que hasta el 31 de diciembre del año pasado era el primer ciudadano de Brasil. Al final, Bolsonaro abandonó el aeropuerto por una salida lateral, sin el coche abierto que había solicitado y que le habría hecho desfilar como una estrella de cine en la ciudad símbolo del poder. Por cierto, a diferencia del 8 de enero, esta vez el dispositivo de protección establecido para los edificios más importantes, desde el palacio presidencial del Planalto al del Congreso, fue de alerta máxima. Y de hecho, no se registraron incidentes de ningún tipo.

Y si antes de partir, mientras esperaba el check-in, Bolsonaro había declarado que no sería él quien liderara la oposición en Brasil, el discurso que pronunció nada más aterrizar, con sus aliados políticos del Partido Liberal (PL) a su lado, del que a partir de la próxima semana será presidente honorario con un sueldo de unos 15.000 dólares al mes, tuvo un tono más agresivo. “Tenemos que mostrarle a Lula que, por ahora, está en el poder por poco tiempo, pero que no podrá hacer lo que quiera con el destino de nuestra nación”, dijo, recordando que su partido representa el 20% de los escaños del Parlamento y, por tanto, tiene potencial para interferir en las principales propuestas del gobierno.

Ahora que está de vuelta en Brasil después de tres meses de autoexilio en Orlando, Florida, un gesto muy criticado por muchos de sus electores, que le reprochaban haber abandonado el barco en el momento más difícil, Bolsonaro se enfrenta a investigaciones judiciales e investigaciones de la policía federal. El 5 de abril tendrá que declarar en el caso de las joyas donadas por el rey de Arabia Saudí. Según el diario brasileño Estado de São Paulo, falta un tercer lote de joyas no devueltas a las arcas públicas y guardadas en Brasilia, en la casa del tres veces campeón de la Fórmula 1, Nelson Piquet. El Tribunal de Cuentas de la Unión ha exigido su devolución inmediata. Al embarazoso asunto de las joyas se suma la investigación sobre la invasión de los palacios del poder el 8 de enero, en la que se le acusa de “apoyo externo”. Bolsonaro ha declarado su confianza en una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación, “que traerá la verdad y mostrará lo que realmente ocurrió”. Lula, sin embargo, se opone a esta investigación, quizá también para amortiguar la noticia de que su ministro de Justicia y Seguridad, Flavio Dino, habría sido informado por la Abin, el servicio secreto brasileño, de lo que estaba para ocurrir.

Y si según los rumores de palacio nadie tiene interés en la detención de Bolsonaro, a pesar de las consignas que corren por la red y fuera de ella gritando ‘Sin amnistía’, porque eso lo convertiría en víctima y correría el riesgo de quitarle aún más consenso a Lula, lo que probablemente ocurrirá al final de todas estas investigaciones será su posible inelegibilidad decretada por el Tribunal Superior Electoral (TSE). La cuestión sig

ue siendo si la oposición está realmente interesada en tener a Bolsonaro como líder.

A pesar que el estratega jefe de la Casa Blanca al inicio del mandato de Donald Trump y líder de la derecha radical, Steve Bannon, ha calificado de “increíble” la vuelta de Bolsonaro y apoya a Eduardo Bolsonaro como sucesor de su padre, sus aliados políticos entre bastidores habían dejado claro que preferían una estancia prolongada en Estados Unidos porque temían que las diversas investigaciones a las que ahora tendrá que responder el ex presidente pudieran minar la fuerza alcanzada por la oposición, gracias al debilitamiento del gobierno de Lula. En definitiva, muchos se han dado cuenta de que el extremismo de Bolsonaro puede no llevar a ninguna parte y alejar incluso a aquellos que, para no votarle, votaron a Lula pero ya se sienten decepcionados por su gobierno, como demuestra la última encuesta del IPEC (grupo Globo) que identificó su aprobación en un 41%. También porque Bolsonaro no deja de ser polémico. Nada más aterrizar, se quejó de que el gobierno le retiró la escolta de coches blindados a la que tendrían derecho todos los ex presidentes. “Hasta el lunes tenía derecho a dos”, ironizó polémico, “luego, con el anuncio de mi llegada, me quitaron los dos y ahora tengo dos coches normales como escoltas”.

En definitiva, Bolsonaro ha preferido perderse en la polémica antes que centrarse en el momento perfecto en el que llegó, con el gobierno de Lula que aparece debilitado, empezando por las declaraciones improvisadas del presidente como la que hizo contra el ex juez anticorrupción Sergio Moro, que según Lula inventó la noticia de un plan para secuestrarlo por parte del Primer Comando de la Capital (PCC), la facción criminal más importante del país a cambio de la liberación de su líder Marcos Herbas Camacho alias Marcola. Pero, sobre todo, Lula está debilitado por las decisiones económicas de su gobierno. De hecho, el mismo día del desembarco de Bolsonaro, el ministro de Economía Fernando Haddad presentó a la prensa, sin dar muchos detalles, la nueva reforma fiscal que debería contener el exorbitante plan de gastos previsto por el nuevo gobierno. El Congreso votó a finales de diciembre la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), que prevé una ampliación de los gastos en 169.100 millones de reales, unos 32.000 millones de dólares. La nueva regla fiscal establece que las cuentas públicas persiguen un objetivo principal de resultado, es decir el equilibrio entre ingresos y gastos, excluido el pago de intereses de la deuda, con el fin de alcanzar un superávit.

Pero aunque la nueva reforma tiene el lado positivo de que parece mostrar preocupación fiscal, para los expertos propone metas que corren el riesgo de ser inalcanzables, como la de un superávit del 1% sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en 2026 y podría tener el efecto contrario, es decir, hacer estallar la inflación y la deuda pública. Según Marcos Mendes, investigador asociado del INSPER, “las primeras simulaciones indican que con las reglas de corrección de gastos propuestas no se alcanzará el superávit primario indicado por el gobierno. Gran parte de la presentación de Haddad consistió en decir que “si se bajan las tasas de intereses, el problema está resuelto”. Márcio Holland, secretario de Política Económica del primero Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2014) afirmó que “las metas de superávit primario fijadas en el texto no son suficientes para estabilizar la relación deuda/PIB”. Por el contrario, según él, “dejan margen para la expansión de la deuda como proporción del PIB, lo que creará aún más tensión en el mercado”.

También llamó la atención de los economistas que la presentación en power point con 12 diapositivas del ministro omitiera datos fiscales a partir de 2010, cuando bajo el gobierno de Dilma Rousseff el país entró en la peor recesión de su historia. Además, el texto de la nueva reforma fiscal elimina la pena por delito de responsabilidad fiscal con la que el Congreso logró destituir a Rousseff con un impeachment en 2016. Cabe preguntarse, por lo tanto, qué ocurrirá si se comete este delito y cómo sacará Brasil del poder a los posibles responsables. A esto se suman los datos económicos publicados esta semana correspondientes al mes de febrero. La deuda pública aumentó un 1,51%, hasta el 73% del PIB. Las cuentas públicas registraron un déficit primario de casi 41.000 millones de reales, unos 8.100 millones de dólares, el peor resultado desde 1997, mientras que el desempleo subió al 8,6%, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En enero fue del 8,4% y en el trimestre septiembre-noviembre era del 8,1%.

Además, 33 diputados de la oposición, precisamente por las declaraciones sobre Moro, han registrado en los últimos días el séptimo pedido de impeachment de Lula, cuyo gobierno sigue manteniendo una posición ambigua incluso en política exterior y en temas de actualidad candente como el conflicto entre Rusia y Ucrania. Brasil no firmó el jueves la declaración contra Rusia propuesta por la “Cúpula de la Democracia”, organizada por el presidente estadounidense Joe Biden y suscrita por 76 países. El documento exige la retirada “inmediata, completa e incondicional” de las tropas rusas del territorio ucraniano. En definitiva, si la oposición tiene ahora mismo muchos elementos sobre los que trabajar para hacer una verdadera oposición democrática, la llegada de Bolsonaro sólo corre el riesgo de incendiar el equilibrio político del país y acentuar la polarización en un momento muy delicado para Brasil, que necesita más que nunca líderes serios y capaces de una visión amplia y estratégica.

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