Refugiados venezolanos, crimen organizado y corrupción: publicaron el Índice Riesgo Político América Latina 2023

El Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) publicó el Índice Riesgo Político América Latina 2023 -el tercero que realiza- y concluyó que la región “se encamina a otro año complejo y retador”.

“El presente reporte revela la creciente percepción de inseguridad frente a un crimen organizado cada vez más extendido; un retroceso de democracias asediadas por el populismo, la polarización y propuestas autoritarias; riesgos de nuevos estallidos de malestar social ante una economía anémica y gobiernos incapaces de procesar de manera oportuna y eficaz las demandas ciudadanas; una crisis migratoria que no cede; y la aparición de temas como la inseguridad alimentaria, el aumento de ataques cibernéticos o la pérdida de competitividad para desarrollar la ‘economía verde’. Todo ello en una región que sufre de un ‘eclipse diplomático’ que le resta visibilidad y protagonismo en el escenario global”, indicó el informe en su presentación.

Y siguió: “La sumatoria de estos riesgos configura un cuadro regional donde la gobernabilidad será crecientemente compleja, convirtiéndose junto con la inflación, la inseguridad y la incertidumbre en los mayores retos que deberán enfrentar un número importante de países latinoamericanos”.

Al mismo tiempo, el reporte anticipa que los “tiempos nublados” continuarán en la región, pero acompañados de nuevas oportunidades de crecimiento, en especial en agricultura, minería, energía y nearshoring, que deben ser aprovechadas.

“En este escenario de alta inestabilidad, volatilidad y riesgo político, los gobiernos y empresas deberán seguir mejorando su capacidad de navegar en aguas agitadas, manejar incertidumbre y expectativas, implementar reformas que respondan a las demandas ciudadanas con responsabilidad fiscal y sin afectar el clima de inversión y, sobre todo, ofrecer resultados”, señalaron sus autores del escrito.

El informe de 42 páginas está dividido en 10 apartados: crimen organizado, retroceso democrático, gobernabilidad compleja, nuevos estallidos de malestar social, crisis migratoria, inseguridad alimentaria, polarización y noticias falsas, pérdida de competitividad, aumento de ataques cibernéticos y debilitamiento de la integración regional.

El informe subraya que la realidad “es triste y preocupante” porque, a pesar de que la población de América Latina y el Caribe representa cerca del 9% del planeta, la región registra más del 30% de los homicidios mundiales.

“Superado sólo por Jamaica, Venezuela ocupó el segundo lugar en la tasa de homicidios en América Latina el 2021, con 40.9 homicidios por cada 100.000 habitantes según el Emergency Watchlist 2022 del Comité Internacional de Rescate (IRC, por su sigla en inglés)”, destaca el reporte.

Y enfatiza: “El crimen organizado crece donde el Estado es relativamente débil, las instituciones corruptas y predominan economías informales con altas tasas de desigualdad y pobreza. En América Latina existe una multiplicidad de actores relacionados al crimen organizado, incluyendo grandes, medianos y pequeños empresarios ilegales, que entre otras cosas pueden ejercer control territorial o proveer servicios públicos en aquellos lugares donde el Estado o las instituciones son débiles”.

El incremento del crimen organizado, de las violencias y debilitamiento del Estado de derecho, generan mayor percepción de inseguridad, corrupción e impunidad.

Respecto a la corrupción, se destaca que Uruguay, Chile y Costa Rica están cerca de la “corrupción inexistente”, mientras que Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen con “corrupción elevada”.

En este apartado, los autores recalcan que la democracia a nivel global está bajo asedio y América Latina no es la excepción. “La situación se ha venido deteriorando progresivamente desde 2007 a la fecha (...). Actualmente existen 4 regímenes autoritarios: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití (este último convertido en un Estado fallido)”.

En contraposición, destacan que en el otro extremo se ubica Uruguay, la democracia de mejor calidad de la región.

Sin embargo, aseguran que todo parece indicar que las perspectivas para 2023 seguirán siendo mayoritariamente negativas y dan ejemplos al respecto.

“En Cuba y Nicaragua no se observa voluntad para iniciar una transición a la democracia. Vemos, por el contrario, un recrudecimiento de la represión. En Haití (Estado fallido) el desafío pasa por reducir los altos niveles de violencia y estabilizar la situación para crear las condiciones que permitan llevar a cabo unas elecciones que debieron tener lugar hace tiempo; objetivos no fáciles de lograr y que requieren de mucha ayuda de la comunidad internacional. Venezuela es el único régimen autoritario que, con el acompañamiento internacional, ha retomado las negociaciones con la oposición (en México, a fines de 2022) para buscar una salida electoral y democrática”, describieron.

“La luna de miel de los gobiernos en América Latina es cuestión del pasado. Si el primer año solía ser el de mayor apoyo ciudadano para los mandatarios, hoy la sociedad cambió”, comenzó el escrito sobre este ítem.

Y continuó: “La gobernabilidad en América Latina es cada vez más compleja y las tensiones entre gobiernos y legisladores van en aumento. La ‘política de los acuerdos’ sufre de escasa valoración por una parte importante de la clase política y de la ciudadanía, esta última cada vez menos confiada de sus instituciones públicas”.

Luego se hizo hincapié en que la rápida caída del apoyo a los gobiernos se ha traducido en un “voto de castigo” para los oficialismos. Entre 2019 y 2021, en 13 de las 14 elecciones presidenciales, los votantes cambiaron de signo político, con la excepción de Nicaragua, país sin democracia ni elecciones libres.

En este ítem, el informe asegura que América Latina se acerca a una nueva tormenta perfecta. “Como señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), la región se encamina a un tercer shock. A la pandemia el 2020-2021 y los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania el 2022, se agrega un entorno económico y financiero más complejo”, detallan.

Y afirman que las proyecciones económicas para el año 2023 se han corregido a la baja y, según el FMI, la economía latinoamericana crecerá un tímido 1,7% del PIB. Más pesimistas son las estimaciones de la CEPAL y de S&P Global, con un crecimiento regional de 1,4% y 0,7%, respectivamente.

Ante todo esto, el reporte asegura que se eleva el riesgo de nuevos estallidos de malestar social.

“Una región que se encamina hacia una nueva década perdida, con un crecimiento promedio cercano al 0,8% anual, incluso más baja que la década perdida de los 80″.

El drama migratorio también está presente en el índice, que resalta que el aumento de flujos migratorios exacerba la xenofobia e incrementa enfrentamientos sociales. “El principal patrón migratorio actual es intrarregional más que extrarregional: grandes flujos migratorios se producen en subregiones más que de una región a otra. Estos flujos —en su mayoría en búsqueda de mejores oportunidades laborales y económicas—, tienen por principalmente destino Argentina, Chile y Brasil”, describen los autores.

Y ponen el foco en los venezolanos que debieron dejar su país por la profunda crisis: “El mayor desplazamiento en la región ha sido de ciudadanos venezolanos que huyen de la violencia, la persecución política y la pobreza. En la actualidad existe un total 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo. De esta cifra, 5,96 millones (84,9 %) se encuentran distribuidos en 17 países de América Latina, especialmente en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil”.

Luego expresan que una de las mayores preocupaciones migratorias son los pasos irregulares con gran flujo de migrantes, siendo los puntos más complejos en la región los de Necoclí en Colombia y Tarapacá en Chile. “Sólo en este último caso, en 2019 se registraron 8.489 casos, en el 2020 la cifra se duplicó, llegando a 16.848 casos. En el año 2021, por su parte, se alcanzó un máximo histórico con 56.586 casos y los datos hasta agosto del 2022 registran 38.410 casos, una cantidad superior a los contabilizados en el año 2021 a la misma fecha (27.469)”.

Por último, el reporte narra que el impacto político, social y económico del éxodo venezolano y de otras olas migratorias ha forzado a los gobiernos a adoptar políticas y estructurar mecanismos de financiación de servicios para una creciente e inesperada llegada de poblaciones migrantes. Entre los principales servicios demandados se cuentan el acceso a salud, alimentación, vivienda y, por supuesto, acceso al mercado laboral.

“Sin embargo, las cada vez más frágiles economías latinoamericanas han sido incapaces de absorber las necesidades de los cada vez más grandes flujos migratorios”, lamenta el escrito.

El 2022, en América Latina, cuatro de cada diez habitantes han vivido con inseguridad alimentaria. Sólo entre 2020 a 2021 la población desnutrida en la región aumentó en cuatro millones llegando al 8,6 % regional. En sólo dos años, más de 13 millones de personas han caído en el hambre.

“La región no sólo ha tenido que enfrentar el encarecimiento interno de los alimentos producto de la inflación, sino que también ha tenido que conjugar la crisis interna con una prolongación de variables geopolíticas y climáticas que amenazan la producción, el comercio y costo de la vida en general”, señaló el índice.

Otro aspecto importante que marca es que, si bien los precios en el comercio internacional han ido bajando gradualmente, América Latina aún debe afrontar el problema de la dependencia de productos asociados a la producción agrícola, como lo es el precio de los fertilizantes.

En este apartado, el informe recuerda que Internet y las redes sociales han transformado profundamente la forma de hacer política y la manera de interactuar entre políticos y ciudadanía. “El aspecto positivo es que han ayudado a acercar los asuntos públicos a la población y a que las y los ciudadanos se repoliticen e incrementen su participación en lo público, algo que no facilitan organizaciones burocratizadas como los partidos”, comenzó.

“En paralelo, sin embargo, la presencia de la política en las redes sociales está teniendo consecuencias perniciosas para la convivencia en democracia. A la crisis de liderazgo de la élite y de representatividad de los partidos se une ahora la acción de las redes sociales convertidas en un vehículo para difundir desinformación y mensajes de odio, fomentando la polarización”, agregó.

Luego puso el foco en que en los recientes procesos electorales latinoamericanos las noticias falsas, a través del mal uso de las redes sociales, se han acentuado, reproduciendo contenidos individualmente microsegmentados que exacerban las diferencias entre grupos de votantes y radicalizan agendas etremistas.

En este punto, los autores del informe analizan que la atracción de inversión extranjera “está poco presente en el discurso público” de los gobernantes latinoamericanos.

“La falta de acciones concretas, claridad en los marcos regulatorios y discrecionalidad de ciertas agencias administrativas, amenazan la inversión necesaria para desarrollar el enorme potencial de la región a través en recursos naturales y energías críticas para la economía verde”, afirmaron.

Y agregaron: “De acuerdo a la Cepal, en 2021 las entradas de inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe se recuperaron después de la fuerte caída registrada el año 2020, con un monto total de US$ 142.794 millones, cifra un 40,7% superior al año anterior, pero inferior a los US$ 159.000 millones prepandemia”.

Al hacer referencia a este tema, el informe habla del importante concepto de confianza. “El principal efecto que tienen los ataques cibernéticos a entidades gubernamentales es la pérdida de confianza. Al perder datos confidenciales se afecta la credibilidad de estas entidades ante la ciudadanía, puesto que una ciberamenaza puede poner en riesgo la seguridad y la vida de los ciudadanos”, reflexiona.

Y trae un dato concreto: “Según la consultora PwC, desde el año 2019 se han podido identificar 180 delitos contra el sector gubernamental y por lo menos 26 grupos criminales en América Latina. El principal medio utilizado por estos grupos es el ransomware, método de ataque que a nivel global tiene un costo de más de USD 20.000 millones solo para 2021, siendo las instituciones más afectadas las entidades académicas, administración pública, servicios de salud e infraestructura”.

El incremento de los ciberdelitos no sólo provoca año a año un golpe a organizaciones y estados, sino que también genera de forma exponencial un importante circulante de dinero en mercados clandestinos.

Por último, el reporte pone el foco en que el debilitamiento de los mecanismos de coordinación regional dificulta la gestión de crisis y aumenta la irrelevancia a nivel global.

“La falta no ya de organismos de integración sino de un atisbo de coordinación (México, Brasil y Argentina nunca han puesto en común una agenda para llevarla de manera mancomunada al G-20) ha conducido a que la región sea contemplada por el resto del mundo como un conjunto de estados inconexos”, señala el informe.

Y concluye: “Si América Latina continúa descoordinada y sin forjar alianzas estratégicas con terceros, los diferentes países de la región acabarán cayendo de un lado o del otro del choque de trenes económico, comercial, tecnológico y militar que se avecina entre Beijing y Washington. Además, tendrá escaso margen para aportar en el diseño de la nueva estructura geopolítica mundial y para situar los problemas estructurales de la región como prioridades dentro de la nueva agenda internacional. Entre ellos, apoyo ante el desafío del crimen organizado así como ante la crisis migratoria, la de la democracias regionales o crisis locales como la de Haití”.

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