La Corte Constitucional del Ecuador emitió un dictamen de admisibilidad parcial para que inicie formalmente el juicio político en contra del mandatario de ese país, Guillermo Lasso. El congreso, cuya oposición impulsa el proceso, deberá acatar lo dispuesto por los magistrados y podrá juzgar políticamente al presidente por presunto peculado. Los otros dos cargos de concusión no fueron admitidos por los jueces.
Sin embargo, aún quedan algunos pasos ha seguir antes de que Lasso deba defenderse ante la Legislatura. El proceso, de acuerdo con la normativa vigente, podría tomar entre 45 y 60 días. Con estos plazos, Lasso podría cumplir su segundo año de mandato y luego someterse al juicio político.
Una vez que la Corte Constitucional ha notificado formalmente sobre la resolución a las partes, el trámite volverá al congreso. En la Legislatura será conocido, en un lapso no mayor a tres días, por los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), este es el órgano con mayor autoridad dentro de la Asamblea Nacional. El CAL ha anunciado que sesionará el viernes 31 de marzo, a las 09h30 (hora local) para conocer el dictamen de los jueces.
Luego de sesionar, el CAL enviará la documentación a la Comisión de Fiscalización y Control Político que deberá preparar y remitir al presidente de la Asamblea un informe sobre las razones por las que recomienda o no enjuiciar al Presidente. El informe deberá ser conocido por el pleno. Esta comisión también notificará al presidente Lasso para que prepare su defensa, presente su contestación a las acusaciones y las pruebas para su descargo. El trámite puede permanecer en la Comisión alrededor de 30 días.
Una vez elaborado y remitido el informe al presidente de la Legislatura, este será difundido con los demás congresistas y se convocará a una sesión del pleno. Además de incluir el enjuiciamiento en el orden del día, se requerirá el listado de los asambleístas que interpelarán al presidente. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este proceso puede durar hasta diez días.
La sesión del juicio político tarda varias horas. Según la politóloga, Arianna Tanca Macchiavello, el enjuiciamiento, “puede durar más de 8 horas. El asambleísta interpelante tiene dos horas para hacerlo y el presidente tres para defenderse. Luego empieza el debate”. Es decir que la sesión podría dividirse en dos jornadas: una para interpelación y defensa; otra para el debate.
Según la normativa, una vez concluido el debate el presidente de la Asamblea convocará, en un plazo de cinco días a una nueva sesión, para que se vote la moción de censura y destitución. Para que Lasso sea destituido se necesita mayoría calificada, es decir 92 votos.
En caso de que los legisladores aprueben la destitución, el vicepresidente Alfredo Borrero deberá asumir la Presidencia por los dos años restantes de mandato. Es decir, no se convocan a elecciones anticipadas.
Según el dictamen de la magistratura, el congreso podrá enjuiciar al presidente solo por peculado. En caso de que la Legislatura considere los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos de concusión, que fueron descartados por la Corte Constitucional, caerían en desacato si usan estos argumentos en la resolución que adopten mas no en sus intervenciones plenarias.
La acusación por peculado que consta en el trámite de juicio político contra Guillermo Lasso se refiere a la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) que suscribió contratos con Amazonas Tanker para el transporte de crudo. Estos contratos se habrían firmado por presiones del exfuncionario de Lasso, Hernán Luque. Según los proponentes, el presidente habría estado al tanto del perjuicio que esos contratos ocasionan al Estado y no hizo nada para evitarlo. El peculado puede entenderse como: “abusar, apropiarse, distraer o disponer arbitrariamente de recursos públicos”.
Lasso ha sostenido ante la Corte Constitucional que los contratos de la Flopec y los actos irregulares en estos sucedieron entre 2018 y 2020, cuando aún no gobernaba. No obstante, los proponentes del juicio político aseguran que Lasso omitió actuar durante su gobierno para que esos contratos no sigan vigentes.
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