Candidaturas bloqueadas y persecución a opositores: cómo Guatemala pavimenta el camino de la ultraderecha a la presidencia

Jordán Rodas viajó a Estados Unidos en febrero pasado a explicar a funcionarios de la administración Biden en Washington, a Naciones Unidas y a la OEA que el Estado de Guatemala estaba embarcado en una estrategia para limitar la participación electoral de grupos de oposición y minorías, y que estaba utilizando a varias instituciones públicas para hacerlo. Lo que ha ocurrido desde entonces parece dar la razón a Rodas, quien fue procurador de derechos humanos y hoy es candidato a la vicepresidencia en una fórmula liderada por una mujer indígena.

Rodas es compañero de fórmula de Thelma Cabrera, una lideresa indígena maya de la etnia mam que ya fue candidata presidencial en 2019 y quien aquella vez quedó en cuarto lugar a nivel nacional y fue la más votada en tres provincias, algo que sorprendió a propios y extraños en un país con fuertes expresiones racistas en el que el poder político ha estado reservado a los blancos.

Entre enero y marzo de 2023, con la intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las altas cortes del país, el Estado guatemalteco ha promovido, hasta ahora con éxito, el bloqueo de la candidatura de Rodas y, con ello, la participación de Thelma Cabrera y de su partido, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos Indígenas (MLP), de izquierda. La base de la prohibición es una denuncia hecha de forma irregular por el sucesor de Rodas en la PDH.

El asunto no quedó ahí. A principios de año, el TSE también bloqueó la candidatura de Roberto Arzú, del partido Podemos, de derecha. Arzú es hijo de Álvaro Arzú, ya fallecido, quien fue presidente del país y alcalde capitalino. El argumento para bloquear esta candidatura fue que Roberto Arzú había hecho campaña adelantada.

Tras escuchar a Rodas y a Arzú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington emitió un comunicado el 3 de marzo en el que llama al Estado de Guatemala a garantizar elecciones “libres y justas”.

“La CIDH llama al Estado a garantizar la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos mediante normativas y prácticas que posibiliten el acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios”, pidió el ente multinacional. El Estado guatemalteco respondió que todo eso lo garantiza el tribunal electoral, pero según candidatos afectados como Rodas y Arzú, el TSE es uno de los instrumentos que ha bloqueado la participación electoral.

A finales de marzo, además, el Ministerio Público (MP) solicitó un juicio político a Edmond Mulet, del Partido Cabal, de centro-derecha, luego de que este candidato denunció públicamente a una fiscal que había anunciado la persecución a periodistas en el caso judicial contra José Rubén Zamora, ex director de El Periódico y uno de los comunicadores más influyentes de Guatemala, preso desde agosto de 2022. El MP que persigue a Mulet y a los periodistas está dirigido por Consuelo Porras, la fiscal general, elegida por el presidente del país, Alejandro Giammattei, y quien ha sido señalada como funcionaria corrupta y antidemocrática por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La OEA también se ha pronunciado por lo que ocurre en Guatemala. El 22 de marzo, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia se mostró preocupada “por el desarrollo del proceso de inscripción de candidaturas que se lleva a cabo en Guatemala de cara a las próximas elecciones generales”.

La candidata más beneficiada con todos estos bloqueos es Zury Ríos, de la coalición Valor-Unionista, de ultraderecha. En una encuesta publicada en marzo, la casa CID Gallup daba a Ríos como la aspirante a vencer, pero sin los números suficientes para ganar en primera vuelta. Las distancias entre Ríos y el resto de los contendientes, entre ellos los bloqueados, son de menos de 10 puntos porcentuales, por lo que el triunfo de ella no parece garantizado en una segunda vuelta. Mulet, Arzú y Cabrera, los tres candidatos bloqueados, aparecen en tercero, cuarto y quinto lugar respectivamente, con distancias muy cortas entre ellos y con suficiente intención de voto para construir alianzas en segunda vuelta que trunquen las opciones de Ríos.

Otras encuestas incluso ubican a Mulet en segundo lugar y al binomio Cabrera-Rodas con posibilidades de ir a una eventual segunda vuelta. Las distancias son tan cortas que entre los tres candidatos bloqueados suman alrededor del 30% de los votos, 10 puntos porcentuales más que Ríos.

Zury Mayté Ríos Sosa, de 54 años, fue diputada en el Congreso en cuatro legislaturas, de 1996 a 2012. Es hija del general Efraín Ríos Montt, el militar que llegó a ser jefe de Estado de Guatemala tras un golpe en marzo de 1982. El mandato de Ríos Montt duró poco más de un año, pero marcó una de las épocas más cruentas del conflicto armado interno guatemalteco, en el que se multiplicaron las masacres de civiles, sobre todo en territorios indígenas.

En mayo de 2013, un tribunal guatemalteco condenó a Ríos Montt por genocidio perpetrado contra poblaciones maya ixil en el altiplano central de Guatemala. Fue la primera condena por ese delito a un militar latinoamericano lograda por la justicia de su país.

El litigio en el llamado juicio por genocidio, acaso el más importante en la historia judicial guatemalteca, ocurrió en los años en que al Ministerio Público, que llevó adelante la acusación, lo apoyaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La última semana de febrero pasado, el mismo sistema de persecución criminal que ha emprendido el acoso judicial contra uno de los candidatos que compiten con más fuerza las aspiraciones presidenciales de Zury Ríos también abrió un proceso penal a Orlando Salvador López, el fiscal que en 2013 llevó a juicio al general Ríos Montt.

La carrera política de Zury Ríos, la hija del general genocida, inició en 1989 en el Frente Revolucionario Guatemalteco, fundado por su padre y otros militares. La mujer compitió por la presidencia en 2015; quedó en tercer lugar con el 16% del voto. Luego, en 2019, Zury Ríos volvió a intentarlo, pero su candidatura fue bloqueada por la Corte de Constitucionalidad (CC) que falló en favor de un recurso que pedía impedir la participación de Ríos porque la Constitución prohíbe este derecho a los hijos de implicados en golpes de Estado, que es el caso del general Ríos Montt.

Zury Ríos no se dio por vencida y se convirtió en una aliada en las sombras para el gobierno de Alejandro Giammattei, el actual presidente. Ríos no solo gestionó votos de la bancada de su partido en el Congreso para dar gobernabilidad a Giammattei, sino que afianzó alianzas con otros grupos que permitieron reconfigurar la Corte de Constitucionalidad y colocar como magistrado a Roberto Molina Barreto, un abogado que fue candidato a vicepresidente con Zury en 2019.

Con una corte favorable, la prohibición constitucional quedó levantada y Zury Ríos fue inscrita sin problemas para las elecciones generales cuya primera vuelta ocurrirá en junio próximo.

Por ahora, y tras el bloqueo de las otras candidaturas competitivas, frente a Zury Ríos solo queda Sandra Torres, ex primera dama del país y lideresa de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de centro izquierda, que es el partido con más alcance territorial de Guatemala en la actualidad. La candidatura de Torres también fue bloqueada en 2019, pues sobre ella pesaban varias acusaciones por casos de corrupción. Hoy, sin embargo, también ha sido inscrita a pesar de que su compañero de fórmula es un pastor evangélico y la ley guatemalteca prohíbe la participación política de líderes religiosos.

La mayoría de las encuestas dejan a Torres, por ahora, en segundo lugar, pero con pocas posibilidades de levantar alianzas en una eventual segunda vuelta en un escenario en el que desaparezcan otras candidaturas competitivas, algo que a Ríos se le facilitaría por sus relaciones con otros partidos de derecha más pequeños.

Como sea, Zury Ríos, con el camino despejado por las acciones del Ministerio Público, del tribunal electoral y de las mismas cortes, es a este día la candidata a vencer. Si ella gana la presidencia es previsible que el signo de ultraderecha instalado en la presidencia de Giammattei se consolide. Durante su carrera política, Ríos ha sido férrea defensora de políticas conservadoras en materias como los derechos reproductivos de las mujeres, la seguridad pública y la no intervención de otros países en asuntos judiciales.

Ríos, como Giammattei y otros políticos de derecha vinculados al poderoso estamento militar guatemalteco, abogó siempre por la salida de la CICIG y se ha mostrado a favor de eliminar reformas judiciales promovidas por la comisión, que facilitaron la persecución de grandes redes criminales, casos de alta corrupción política y crímenes de lesa humanidad, como los atribuidos al general Ríos Montt.

Durante esta campaña proselitista, que Ríos inició desde el año pasado, la candidata ha hecho de una propuesta de mano dura contra la delincuencia uno de los ejes de su plataforma. En videos publicados en sus redes sociales, Ríos, como otros políticos de derecha en América Latina, han mostrado admiración por el llamado modelo Bukele, en honor al presidente de El Salvador, que privilegia el encarcelamiento masivo de jóvenes y la flexibilización de derechos de defensa y debido proceso.

De acuerdo con un agente estadounidense que investiga a los grupo de poder alrededor de Bukele, y quien habló con Infobae desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo de otra forma, algunos asesores políticos del salvadoreño, como la operadora venezolana Sara Hannah Georges, han tenido acercamientos con los equipos de campaña de Zury Ríos. Bukele y Ríos, de hecho, han compartido lobistas en Estados Unidos, incluido uno de nombre Mario Duarte, un ciudadano guatemalteco-estadounidense que fue jefe de inteligencia del ex presidente Jimmy Morales, señalado por corrupción, y también asesoró al mandatario salvadoreño, según registros públicos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Cuando estuvo de gira por Estados Unidos para denunciar el bloqueo a su candidatura a vicepresidente, Jordán Rodas adelantó que en su país se cocinaba un fraude más grande. Los bloqueos de candidaturas, dijo Rodas, han restado legitimidad al proceso electoral guatemalteco mucho antes de la jornada de votación, por lo que pidió a la comunidad internacional aumentar la vigilancia.

“Por lo general despliegan una delegación de observadores electorales el día de la elección, pero este proceso empezó en Guatemala el 20 de enero con la convocatoria general… De nada va a servir que lleguen una o dos semanas antes de las elecciones en junio, solamente a ver cómo cuentan votos, prácticamente a hacer turismo, sino hacen pronunciamientos serios y contundentes por las anomalías que están sucediendo ya en Guatemala”, dijo el ex procurador durante una conversación a finales de febrero en la capital estadounidense.

Otros, como el politólogo Daniel Zovatto, creen que la manipulación previa del proceso electoral es la antesala de la consolidación de un régimen con rasgos dictatoriales. “Se utiliza al órgano electoral para decidir arbitrariamente a quién dejar participar y a quién no. Muy grave… El país va camino a convertirse en un régimen autoritario”, tuiteó.

Uno de los mecanismos para consolidar una candidatura y bloquear otras ha sido el uso del Ministerio Público como arma política, según Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien dirigió investigaciones de alta corrupción política en su país y tuvo que salir exiliado después de abrir expedientes por casos que involucraban al presidente Alejandro Giammattei.

“Yo no dudo que la maquinaria del MP se pondrá a disposición para tratar de detener lo que por otras vías posibilitaría la inscripción, como ocurrió en otros casos. Me recuerdo que hace cuatro años pasó con otra candidata, en el caso de Thelma Aldana, cuando existía la posibilidad de que ella fuera inscrita, entonces fue emitida una orden de captura a petición del Ministerio Público”, dijo Sandoval en referencia a la ex fiscal general guatemalteca que fue su jefa y quien también lideró investigaciones de gran calado en temas de corrupción.

El MP pareció dar la razón a Sandoval cuando, el 20 de marzo pasado, pidió el retiro de la inmunidad a la que Edmond Mulet tiene derecho como candidato presidencial. El argumento de Rafael Curruchiche, el jefe fiscal encargado del caso, y a quien el Departamento de Estado también califica de funcionario antidemocrático y corrupto, es que Mulet obstruyó la justicia al cuestionar, en una conferencia de prensa, acciones anunciadas por el MP en contra de periodistas. Mulet ha interpuesto recursos legales para intentar el bloqueo de su candidatura, algo que también hicieron, sin resultados positivos, los otros candidatos bloqueados.

Mientras tanto, sin dar declaraciones públicas ni pronunciarse respecto a todo lo que pasa a su alrededor, Zury Ríos tuitea fotos de sus actos proselitistas; guarda silencio mientras se afianza en la primera posición de una carrera que se va quedando sin competidores.

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