Quién es Karla Raquel García Cáceres, la adolescente que abortó en una cárcel de El Salvador y que Nayib Bukele quiere ocultar

A Karla Raquel García Cáceres, de 17 años, el Estado de El Salvador le practicó un legrado en un hospital nacional en la periferia de San Salvador, la capital, luego de que la menor sufrió un aborto en una penitenciaría juvenil en la que la policía la había metido un mes antes acusándola de pertenecer a pandillas. La intervención médica consta en un documento judicial al que Infobae ha tenido acceso y el cual confirma información sobre este caso que el gobierno de El Salvador se ha empeñado en negar en el contexto de múltiples señalamientos por violaciones a los derechos humanos durante un régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele hace un año.

Fue el 22 de julio de 2022, poco más de un mes después de que dos soldados la detuvieron en una aldea costera en el oeste de El Salvador que Karla Raquel fue trasladada desde el reclusorio en el que la habían ingresado hasta el Hospital Nacional San Bartolo, en la periferia de la capital San Salvador, para practicarle un procedimiento conocido como Aspiración Manual Intrauterina (AMEU), según consta en un oficio judicial anexo al caso que el Estado salvadoreño le abrió a Karla por asociaciones ilícitas y al que Infobae tuvo acceso. El AMEU es una técnica médica para retirar el contenido del útero tras un aborto incompleto, según una ginecóloga consultada.

Cuando Karla Raquel fue detenida tenía entre cuatro y cinco semanas de embarazo de acuerdo con una prueba casera que, según testimonios de la familia, la joven se había hecho horas antes del arresto. No hay prueba documental del embarazo, pero sí del legrado que médicos empleados por el gobierno de El Salvador le hicieron un mes después.

El documento en que consta el AMEU es la respuesta a un recurso de habeas corpus que la madre de Karla Raquel, Anatalia Cáceres, introdujo en la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2022 y que el supremo resolvió hasta el 20 de enero de este año. “De acuerdo con certificación médica de fecha de noviembre de 2022, suscrita por médicos del Hospital Nacional Angélica Vidal de Najarro, San Bartolo, la adolescente fue ingresada el día 22 de julio de 2022 por aborto espontáneo incompleto, se realizó AMEU, y se dio de alta al día siguiente”, dice el oficio judicial.

Cuando presentó el recurso de habeas corpus, Anatalia Cáceres alegó que el Estado salvadoreño había detenido a su hija de forma ilegal y violenta. Según el relato escrito por la mujer, y ampliado en varias conversaciones con Infobae, dos soldados uniformados llegaron a la casa familiar en el caserío Las Tablas de Sonsonate el 18 de junio de 2022 a las 8:30 de la mañana a bordo de un vehículo negro con matrícula particular. En el lugar arrestaron a dos jóvenes que esperaban el autobús del servicio colectivo, una de ellos es Karla Raquel y el otro un hombre no identificado. Al arrestar a la joven, los soldados la golpearon: uno de ellos le dio un rodillazo en la espalda y la hizo caer sobre el piso de tierra y piedras, según el relato de una de sus hermanas que fue testigo de las capturas.

La madre de la menor alegó, ante la Corte Suprema, que fueron aquellos golpes, y el hecho de que Karla Raquel no recibió atención médica adecuada al estar bajo custodia de agentes del Estado, las causas del aborto espontáneo que, escribe la mujer en su petición legal, puso en riesgo la vida de su hija.

Jaime Ernesto Zavaleta, cuñado de Karla Raquel y vocero familiar, asegura que “los soldados la golpearon… le dieron un rodillazo en la espalda, la esposaron y eso fue lo que le causó el aborto”.

Consultado sobre este caso, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), con sede en Dinamarca, emitió una “opinión de experto sobre las potenciales causas de la pérdida de Karla Raquel García Cáceres”.

“Es nuestra opinión que el trauma físico experimentado por la señorita García Cáceres durante su arresto puede ser un factor contribuyente en su aborto espontáneo. Estudios médicos demuestran que el trauma físico, dependiendo de su severidad, puede causar o contribuir a un aborto espontáneo en cualquier momento del embarazo. También hacemos notar que hay estudios que han demostrado que mujeres detenidas presentan índices más altos de afectaciones perinatales, incluido el aborto espontáneo, debido a condiciones pobres de higiene, altos niveles de estrés, exposición a violencia y abuso, y deficiente atención sanitaria. En el caso de la señorita García Cáceres, el asalto físico por sí mismo o en combinación con su detención puede haber conducido a la pérdida del embarazo”, dice IRCT en una nota fechada el 22 de marzo de 2023.

En su resolución, la CSJ salvadoreña, cuyos magistrados fueron nombrados por diputados oficialistas leales a Bukele tras la destitución ilegal de sus antecesores, negó el habeas corpus a la madre de Karla Raquel porque, dicen, la mujer no pudo probar “el estado de gravidez” en que se encontraba la menor al ingresar a prisión. En la misma resolución, sin embargo, la misma corte se refiere al legrado que se le practicó a la joven embarazada.

“Si se estableció que hubo aborto significa que había embarazo. Es contradictorio entonces que la Corte diga que no se pudo comprobar el estado de gravidez”, dijo a Infobae un abogado defensor que conoce de cerca el caso de Karla Raquel.

Desde finales de 2022, el caso judicial contra Karla Raquel está en un tribunal de apelaciones en Santa Ana, capital provincial en el occidente de El Salvador. De acuerdo con una fuente judicial familiarizada con el caso, una de las juezas que lleva el proceso en la actualidad ha pedido al menos dos veces todo el expediente médico al centro de resguardo donde la menor está detenida, pero lo único que de ahí le han enviado es una certificación de exámenes médicos practicados en noviembre pasado, cuatro meses después del AMEU, según los cuales el estado de salud de la joven es bueno. Ni siquiera la jueza que lleva el caso tiene toda la información médica a su disposición.

Roxana Cardona es la abogada defensora que retomó el caso de Karla Raquel en la etapa de apelación. Entre las irregularidades con las que se ha encontrado es que no se ha llamado a todos los testigos posibles para determinar qué pasó con el embarazo y el aborto de la adolescente. También le parece extraño que el centro de resguardo no ha mandado el expediente clínico: “Solo dicen que ella está bien, y la señora jueza (de apelación) ha vuelto a solicitar esos informes... Yo estoy esperando que eso vuelva”, dijo Cardona.

Que ni la defensa ni la jueza hayan tenido hasta ahora acceso al expediente médico completo que por ley debe de llevar el Centro de Resguardo para Menores Virginia Pelletier, que es como se se llama la cárcel donde está Karla Raquel, es la principal irregularidad en este caso, según la abogada Cardona.

“En el artículo 8 del reglamento interno (de centros de resguardos para menores) se establece que todo menor cuando ingresa a un centro de resguardo debe ser examinado para comprobar si tiene algo malo, para verificar cualquier estado físico o mental que requiera algún tratamiento especial. Ahí tenían que haberle visto que ella estaba embarazada... Nosotros no sabemos si lo hicieron porque no nos han dado el expediente aún”, insiste Cardona.

Karla Raquel García Cáceres es una de los 1.082 menores de edad a los que el gobierno de Nayib Bukele había metido presos entre el 27 de marzo de 2022, cuando el presidente decretó por primera vez el régimen de excepción tras la ruptura de su pacto de gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18, y el 31 de agosto de ese año. En febrero de 2023, la no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó una base de datos de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) en la que constan las cifras de jóvenes detenidos, así como la causa de la mayoría de esos arrestos: asociaciones ilícitas, una figura delictiva que la Fiscalía General de El Salvador (FGR) suele justificar únicamente con testimonios de los uniformados que hicieron los arrestos.

En el caso de Karla Raquel, de acuerdo con una fuente judicial que conoce de cerca el proceso en contra de ella, la primera resolución de la jueza que sirvió para mantener a la menor en prisión se basó en un acta policial firmada por agentes de la PNC que no estuvieron presentes al momento del arresto. Según consta en lo escrito en el recurso de habeas corpus presentado al CSJ como en los relatos de una de las tres hermanas y la madre de Karla Raquel, las dos familiares que estuvieron presentes cuando ocurrió la detención, los agentes captores fueron dos soldados del Destacamento Militar número 6, no los policías que firmaron el acta con que la jueza ha justificado la estadía de Karla Raquel en el Centro de Resguardo para Menores Rosa Virginia Pelletier.

“Estamos hablando de una niña de 16 años de una comunidad vulnerable que se encontraba embarazada al momento de la detención. Los soldados la golpearon en la espalda y la detuvieron sin orden judicial. Amenazaron a la madre con detenerla si hacía preguntas sobre su paradero. Luego, Karla perdió su embarazo bajo custodia policial y las autoridades no notificaron a su familia. Estamos frente a una violación de derechos humanos fundamentales, tales como a la libertad personal y a la integridad”, aseguró Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de HRW.

HRW y otras organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador, como Cristosal, así como medios de prensa independientes, han documentado decenas de casos con características similares al de Karla Raquel en los que hubo violencia a la hora del arresto y en el que la única acusación es el alegato vago de asociaciones ilícitas. Si la historia de esta menor trascendió entre las de miles de jóvenes arrestados durante el régimen de excepción fue porque Anatalia Cáceres le reclamó en público al presidente Nayib Bukele.

Anatalia Cáceres aún hila despacio los recuerdos que tiene del día en que los soldados se llevaron a Karla Raquel. Poco antes, la menor de sus cuatro hijas le había dicho que estaba embarazada. Quizá por eso Anatalia encomendó a otra de sus hijas que también vive con ella en la casa de concreto en el cantón Las Tablas que pusiera atención especial a Karla. Anatalia recuerda los gritos que la obligaron a salir de su cuarto la mañana del 18 de junio de 2022. Lo que vio en la calle la descontroló.

Los soldados habían reducido a un joven que estaba cerca y lo había tirado a la parte trasera del pickup color negro con matrícula particular en el que habían llegado. Cuando Anatalia salió, Karla estaba ya hincada y maniatada. La mujer, presa de un ataque de nervios, pedía a gritos que soltaran a su hija; que estaba embarazada, les decía. “Váyase para adentro o la llevamos también a usted”, le dijo uno de los soldados según consta en oficios judiciales.

La hermana mayor de Karla se había asomado por una ventana de la casa que da a la calle cuando ocurrió el arresto. Fue ella quien vio el rodillazo de los soldados en la espalda de Karla Raquel.

Anatalia se recompuso, tomó un bus y se fue a Sonsonate, la capital departamental cercana a Las Tablas. Después de dar vueltas por el centro judicial del lugar y por la sede del 911, el sistema policial de emergencias, alguien le dijo que Karla Raquel estaba en una carceleta policial. Durante meses, Anatalia solo sabría de su hija, que estaba viva, por los escasos monosílabos de empleados judiciales que se apiadaron de ella. Así, por referencia vagas, supo que se habían llevado a Karla a un centro de resguardo para mujeres jóvenes en la periferia este de San Salvador.

La mujer reunió algún dinero y empezó a viajar a la penitenciaría, a unas tres horas en bus, para intentar ver a su hija. No la dejaron. Sí le permitieron pasarle paquetes con comida que Anatalia compraba en una de las tiendas aledañas al lugar. Infobae ha publicado que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) del gobierno Bukele controla una red de tiendas y de entrega de alimentos e insumos básicos por cuyo uso los familiares de los presos tienen que pagar hasta USD 170 cada vez que quieren enviar algo dentro de las cárceles. Una empleada del reclusorio, recuerda Anatalia, le dijo que como Karla estaba embarazada le permitirían pasarle fruta y refuerzos vitamínicos.

Cada vez que podía reunir el dinero para el pasaje y el paquete de comida y víveres, Anatalia viajaba hasta la cárcel. Fue en una de esas visitas, a finales de julio, que una de las empleadas del reclusorio le dijo que Karla Raquel había perdido el bebé.

Harta de no tener noticias, el 14 de octubre de 2022, Anatalia Cáceres, acompañada de familiares, se plantó frente al portón del Centro de Resguardo Virginia Pelletier y grabó un video para el presidente Bukele. “Aunque sea cinco minutos sáquela para ver que ella está viva y sobrevivió la pérdida de su hijo, que es una cosa tan grave. Es un delito que usted ha cometido. Usted ahora tiene un delito por haberla metido a este lugar y perdió a mi nieto”, dijo la mujer agobiada por el llanto mientras sostenía en sus manos USD 300. Anatalia Cáceres fue una de miles de salvadoreños que recibieron esa cantidad del gobierno durante la pandemia de Covid-19. Aquel día, la mujer ofreció a Bukele regresarle el dinero a cambio de que la dejara ver a su hija.

“Le pedí al presidente que la sacara. Está bien que agarren a los que tienen crímenes, pero no que la hayan agarrado a ella que no tiene nada que pagar”, recordó Anatalia durante una conversación con Infobae a principios de marzo de este año.

Dos días después de que Anatalia Cáceres exigió la liberación de su hija, el presidente Nayib Bukele se reunió con su gabinete de seguridad y otros funcionarios en casa presidencial. Durante una charla con sus funcionarios, que el aparato de propaganda del gobierno reprodujo, Bukele habló del caso de la joven. “Apareció ahí un caso de una joven embarazada que dijeron que le hicimos perder su bebé, y hasta sacaron a una señora que le dieron un dinero… Bueno, me pasaron un reporte y la joven está bien, está siendo cuidada en su salud desde el inicio… No hay nada que sea imputable a nosotros…”, dijo Bukele antes de alegar que todo era un “caballito de batalla” montado por la oposición política.

El presidente se cuidó de mencionar que Karla Raquel había abortado estando en custodia del Estado de El Salvador. Eso o no estaba en el informe que le pasaron o el presidente lo obvió.

En aquella reunión en la casa presidencial también estaba Raquel Caballero de Guevara, la procuradora de Derechos Humanos elegida por los diputados de Bukele a pesar de que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por emplear a sus familiares en puestos públicos. El 21 de marzo pasado, la procuradora reveló que ella es parte de una “mesa interinstitucional” con funcionarios de Bukele y que es esa mesa, no los tribunales como está establecido en la ley, la que decide sobre la libertad de personas detenidas durante el régimen de excepción. Caballero de Guevara nunca ha mencionado el caso de Karla Raquel García Cáceres ni se ha interesado por la menor, según Jaime Ernesto Zavaleta, vocero de la familia.

El 18 de octubre de 2022, Suecy Callejas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y una de las diputadas más cercanas a Bukele, también se refirió al caso de Karla Raquel. La legisladora, haciendo suyos los señalamientos de la fiscalía y refiriéndose también a un “informe” que había recibido, acusó a la menor de estar asociada a pandillas e insinuó que Karla Raquel había perdido a su bebé quince días antes de entrar a la cárcel, lo cual ha sido desmentido por los documentos del Hospital Nacional San Bartolo anexos a una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Canales de Facebook y Youtube y decenas de cuentas de Twitter afines al gobierno reprodujeron sin parar las declaraciones de Callejas.

“La adolescente es una pandillera activa… Al momento de entrar al centro en donde se encuentra se revisa a todos los adolescentes que entran… en su caso no iba con golpes. La adolescente presentó un sangrado anterior a la detención que ya llevaba quince días y ahí empezó a recibir la atención…”, dijo la diputada bukelista al referirse a Karla Raquel durante una discusión legislativa previa a una nueva prórroga del régimen de excepción. La familia niega que Karla Raquel haya sangrado antes de que la arrestaran, una empleada penitenciaria confirmó a Anatalia Cáceres que su hija estaba embarazada cuando entró al reclusorio y el legrado se practicó el 22 de julio de 2022, dos días después de iniciado el sangrado. En los documentos judiciales a los que Infobae ha tenido acceso no consta que haya habido atención médica fuera de la cárcel antes de esa fecha de julio, pero sí un certificado de exámenes posteriores al legrado según los cuales el estado actual de Karla Raquel es estable.

Anatalia Cáceres pudo ver a su hija hasta el primero de noviembre de 2022. La vio de lejos cuando llevaron a la menor a una audiencia en el centro judicial de Sonsonate. Once días después, en otra audiencia, pudo hablar unos momentos con Karla Raquel; fue entonces que su hija le contó que había perdido al bebé, que la habían llevado al hospital dos días después de que le empezó el sangrado, que “la limpiaron y la mandaron de regreso”.

En enero de 2023, Anatalia pudo ver de nuevo a su hija en una videoconferencia organizada por el tribunal de apelaciones que está a cargo del expediente por ahora. Cuenta que volvió a verla pálida y desmejorada, pero que al menos le quedó la tranquilidad de que Karla Raquel aún está viva.

El próximo lunes 27 de marzo El Salvador cumplirá un año bajo régimen de excepción, el cual ha limitado los derechos de defensa y debido proceso a decenas de miles de personas. Cada vez que funcionarios del gobierno como la diputada Callejas se refieren a los arrestos durante el régimen especial aseguran que todos los detenidos son pandilleros cuando a la mayoría aún no los ha condenado un juez.

Para Juan Pappier, de HRW, el caso de Karla Raquel García Cáceres habla de lo fácil que es para un gobierno como el salvadoreño vulnerar derechos. “Es un ejemplo muy claro y crudo del grado de avasallamiento y vulneración que sufren las personas que han sido detenidas arbitrariamente durante el régimen de excepción en El Salvador. Lamentablemente, lo que le ha ocurrido a Karla y a su familia es una prueba de lo que sucede cuando no hay contrapesos y salvaguardas democráticos que puedan frenar las violaciones de derechos humanos y el abuso de poder”, dice.

El caso judicial contra Karla Raquel tiene reserva porque ella es menor de edad, pero la ley salvadoreña garantiza acceso al expediente a todas las partes y da al juez potestad de pedir información a otros entes estatales. Por alguna razón, sin embargo, el expediente médico completo de la menor sigue siendo un secreto, por ahora incluso para el tribunal.

Y, como en decenas de otros arrestos, en este la principal prueba es lo dicho por los agentes que realizaron captores, que en el caso de Karla Raquel ni siquiera son los mismos que rindieron informe ante el tribunal. La propaganda bukelista, además, ha circulado fotos de una joven tatuada como pandillera insinuando que es Karla Raquel, pero ella, la adolescente que abortó en una cárcel de Bukele, no tiene tatuajes.

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