El recién inaugurado Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado ha presentado un análisis de la actuación judicial en los delitos de delincuencia organizada. Los datos abonan a la preocupación de varios sectores de la sociedad sobre la penetración del crimen organizado transnacional en los distintos estamentos del país, incluyendo las fuerzas del orden.
Según el informe, el narcotráfico en sus distintas expresiones se presenta en el 64% de casos de delincuencia organizada en el país. Además, 14 de las 24 provincias de Ecuador presentan al menos un caso por delincuencia organizada entre 2015 a 2020. La mayor concentración de este crimen está en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con el 56% de los ingresos. Le sigue Pichincha, con Quito como capital, que reporta el 14% de causas a nivel nacional. Ambas provincias, reportan el 70% de ingresos por este delito a escala nacional.
En el periodo analizado y del total de sentencias obtenidas, el 56% de las condenas sucedieron a través de un proceso abreviado, donde los sospechosos se declaran culpables del delito que se les imputa. Esto equivale a que 8 de cada 10 condenas por delincuencia organizada se obtienen bajo procedimiento abreviado. Además, según el análisis, en Ecuador hay dos tipos de impunidad judicial en estos casos.
Apenas el 6% de acusados fueron declarados inocentes.
La primera impunidad está relacionada al proceso abreviado, pues el 41% de personas que accedieron a este proceso recibieron penas de entre 20 a 24 meses. Sin embargo, como el proceso judicial dura cerca de 21 meses, la condena efectiva es de apenas un par de meses en prisión. Asimismo, el informe observa que el 3% de las personas sentenciadas mediante procedimiento abreviado recibieron condenas que van de los 7 a los 19 meses.
De acuerdo con el observatorio, cuando el proceso fue ordinario apenas se obtuvo un porcentaje de sentencias condenatorias del 11%, cantidad que es “relativamente inferior en comparación a las sentencias ejecutoriadas ante otros delitos graves, lo que indica que el sistema judicial genera un proceso judicial de resolución de casos ante un delito que requiere una investigación a detalle de las tipologías criminales, las finanzas que alimentan las economías criminales subyacentes, así como elementos propios de la etapa probatoria como la aplicación del concurso y la conexidad con otros delitos graves o de alcance transnacional”.
Aunque el principal delito del crimen organizado en el Ecuador es el narcotráfico, también hay otros crímenes vinculados como la extorsión, los secuestros, sicariatos, robos con armas de fuego, estafa, tenencia y porte de armas, trata de personas, trata de migrantes y lavado de activos.
La segunda es la impunidad económica: “En el 70% de causas por delincuencia organizada no se solicitaron medidas cautelares de bienes, retención de cuentas bancarias u otros mecanismos orientados a desmantelar las economías criminales en el Ecuador. De este 70%, en apenas 1 de cada 10 casos se realiza el comiso de bienes producto de los ilícitos, generando una impunidad económica efectiva del 93% en causas por delincuencia organizada en el Ecuador”, se lee en el informe.
El Observatorio ha señalado que el 78% de los casos que se judicializan por estos delitos inician gracias a investigaciones policiales. Sin embargo, también ha advertido que 1 de cada 10 casos incluye la participación de un policía en servicio activo. De los policías que están involucrados en estos delitos, el 85% concentra su vinculación a actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo con el informe, se recomienda al Estado ecuatoriano que realice un replanteamiento jurídico, operativo e institucional en la estrategia del sistema de justicia penal contra la delincuencia organizada transnacional. Esto, ademas de diseñar una matriz de riesgos de corrupción en casos de delincuencia organizada que revise todas las fases del trámite interno e identifique señales de alerta.
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