El Ministerio Público de Perú allanó este jueves el domicilio del ex primer ministro del presidente Pedro Castillo, Aníbal Torres, en el marco de la causa que investiga el fallido autogolpe de Estado del pasado diciembre.
El allanamiento contó con el respaldo de la orden judicial correspondiente, que permitió a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de Funcionarios realizar las requisas en el domicilio y la incautación de bienes y documentos de Torres a fin de esclarecer cuál fue su rol y consecuente responsabilidad en el episodio, principalmente en el mensaje que Castillo pronunció a la nación.
En su alocución, el entonces Presidente anunció la disolución del Congreso, la instauración de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto y la reorganización del sistema de Justicia.
Esta decisión careció del respaldo del arco político, por lo que Castillo huyó del Parlamento y, momentos más tarde, fue interceptado y capturado por las fuerzas policiales. A continuación, la Fiscalía abrió una investigación preparatoria contra él y el Primer Ministro, por la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración.
La investigación suma a una tercera persona al episodio, la ex primera ministra y ex congresista republicana Betssy Chávez, con quien Torres y Castillo habrían organizado el autogolpe que culminó con la llegada de la vicepresidenta Dina Boluarte al sillón presidencial.
En diciembre la Fiscalía pidió la prisión preventiva para Castillo y Torres aunque ésta sólo le fue concedida al primero ya que el juez Juan Carlos Checkley señaló que el ex Jefe de Gabinete sufre problemas de salud. Esto sumado a su edad -80 años- llevaron que se le dictara prisión domiciliaria.
La decisión contó con el respaldo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
En cambio, Castillo permanece recluido en un penal en Lima, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso y otros 36 por diversos presuntos casos de corrupción.
Por su parte, también a raíz del fallido autogolpe, el Congreso aprobó la víspera acusar constitucionalmente a Chávez y a los ex ministros de Interior y Turismo de Castillo, Willy Huerta y Roberto Sánchez, por la presunta comisión -como coautores- del delito de rebelión y conspiración.
Si bien el Parlamento dio luz verde a los procesos contra Chávez y Huerta -por lo que quedaron separados de sus funciones hasta que concluya la investigación-, la acusación contra Sánchez no reunió los votos necesarios y, por tanto, no será suspendido de su cargo.
La denuncia había sido presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tras la denuncia de la Fiscalía de la Nación y fue votada en un debate que duró cinco horas y trató cada caso de manera individual.
En tanto, el pleno de la Asamblea aún no ha logrado un consenso sobre el futuro político de Perú en lo que respecta a un posible adelanto de elecciones o la permanencia de Boluarte hasta el fin del mandato previsto para 2027.
(Con información de EFE)
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