Organismos de derechos humanos, personalidades y opositores nicaragüenses exigen al régimen de Daniel Ortega que dé cuenta del paradero del obispo de Matagalpa y preso político, monseñor Rolando Álvarez, de quién no se sabe hasta ahora dónde y cómo está.
La última vez que se supo de monseñor Rolando Álvarez fue el 9 de febrero pasado, cuando el propio Ortega afirmó que había sido enviado a la cárcel Modelo, del sistema penitenciario, después que el obispo se negara a aceptar el destierro que le ofrecía el régimen nicaragüense. Desde entonces su paradero es un misterio.
Monseñor Rolando Álvarez es obispo del importante departamento de Matagalpa y era, hasta agosto del año pasado, una de las voces más críticas de Nicaragua. Desde el púlpito fustigaba los abusos que cometía la dictadura de Ortega.
En agosto, fuerzas policiales desplegaron un cerco en el Palacio Episcopal de Matagalpa donde vivía y el 19 de ese mes entraron por la fuerza y se lo llevaron detenido a Managua en condición de “resguardo domiciliar”, una figura inexistente en las leyes de Nicaragua.
Durante ese tiempo muy poco se supo de él. Casi tres meses después de su detención, el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, lo visitó en la casa en que estaba recluido y aseguró que se encontraba bien. “De salud está muy bien, espiritualmente muy bien. Él dice que mira estas cosas como un momento de su historia, un momento del espíritu y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo”, declaró Brenes a la agencia AFP.
El 9 de febrero pasado, el régimen de Ortega incluyó al obispo en una lista de presos políticos que enviaría al destierro a Estados Unidos. Sin embargo, Álvarez se negó a montarse en el avión, según relató Ortega esa misma tarde en cadena de radio y televisión.
“Cuando él está haciendo la fila, ya llega a las gradas del avión, a la entrada ya para que pase, entonces empieza a decir que él no se va, que primero tendría que hablar con los obispos, reunirse con los obispos, y exige una reunión con los obispos. ¡Una cosa absurda! Si lo que hay es una decisión del Estado nicaragüense, que no la puede cuestionar él como nicaragüense, no la puede cuestionar”, dijo Ortega molesto.
El dictador aclaró que el obispo no pudo ser forzado a subir al avión porque “en el acuerdo no permitían las autoridades norteamericanas montar a la fuerza al que no quisiera irse a los Estados Unidos. No podíamos montarlo a la fuerza. Si fuese una deportación, no hay problema, porque, ¿qué le hace el Estado nicaragüense? Sencillamente, si aquel no quiere montarse en el avión, se le monta en el avión, se le pone las esposas y va así adonde tiene que llegar. Pero como ellos explicaron que no podían aceptar al que no quisiera, y como el señor este no quiso, entonces, ¡vuelta para atrás!”
Pero no fue una vuelta “para atrás” para monseñor Álvarez, porque ese mismo día terminó el resguardo domiciliar en el que se le mantenía y supuestamente se le envió a la cárcel Modelo.
“A él se le había tratado de una manera increíble, como a ningún prisionero en la historia de este país”, dijo Ortega. “Bueno, ahora está en la cárcel Modelo, lógico, si él es un hombre común y corriente, el hábito no hace al monje, bien lo sabemos”.
Sin embargo, ni las autoridades del Sistema Penitenciario ni los familiares de Álvarez ni otros reos han confirmado que el obispo se encuentre en la cárcel Modelo y se desconoce dónde y cómo se encuentra.
Un día después de que Álvarez se negó a subir al avión que lo llevaría destierro, fue condenado a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por el delito de “traición a la patria”. La condena del obispo se produjo sin llegar al juicio, que estaba programado para iniciar el 18 de ese mes.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha emitido una alerta sobre la condición del religioso. “La vida de Monseñor Rolando Álvarez está en peligro, se desconoce cuál es su condición física y psicológica”, expuso en un tuit.
La defensora de derechos humanos, Bianca Jagger, ha pedido al régimen nicaragüense una “prueba de vida” del obispo y la posibilidad de visitarlo donde se encuentre recluido.
“Estoy profundamente preocupada por el obispo Rolando José Álvarez Lagos. Nadie sabe su paradero. Su familia ha estado tratando de averiguar dónde está, pidiendo a las autoridades que les permitan traerle sus medicamentos, comida y agua, pero en vano. Estoy pidiendo a Daniel Ortega y Rosario Murillo que me proporcionen una ´prueba de vida´. Queremos saber que Monseñor Rolando Álvarez Lagos está vivo y con buena salud”, publicó en sus redes sociales.
“Le pido al comandante Daniel Ortega que me deje ir a Nicaragua a visitar a monseñor Rolando Álvarez Lagos. Sería una acción compasiva de tu parte, especialmente durante esta temporada de Pascua. Recuerdo cuando te entrevisté en Nueva York y me dijiste que la persona que más admiras era Jesucristo. Ahora te pido en el nombre de Jesucristo, que me dejés ver a monseñor Álvarez Lagos y que lo dejés libre”, insistió Jagger.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) le recordó en un tuit a las autoridades penitenciarias y judiciales de Nicaragua que, en el caso de monseñor Álvarez, “incumplen la obligación de informar sobre su suerte y paradero, y de permitirle comunicarse con el exterior”.
La organización opositora Unidad Azul y Blanco (UNAB) también pidió una prueba de vida del religioso, y el obispo auxiliar de Managua, actualmente en el exilio, monseñor Silvio Báez ha insistido en sus homilías y redes sociales para conocer el paradero del obispo preso.
“Estoy muy preocupado por mi hermano obispo, monseñor Rolando Álvarez. Temo que la dictadura se ensañe más contra él. Ruego a la comunidad internacional que presione más al régimen exigiendo que lo libere de inmediato. ¿Dónde está y cómo está monseñor Álvarez? ¡Exigimos su libertad!”, expresó Báez.
El abogado nicaragüense Yader Morazán considera que monseñor Álvarez se encuentra en situación de “desaparición forzosa”, un crimen considerado de “lesa humanidad” por el derecho internacional.
El artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera que esta categoría se entiende como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.