Presos políticos, torturas y ataques a la prensa: el informe de los Estados Unidos sobre Bolivia

El Gobierno de Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre prácticas de derechos humanos en el año 2022 en Bolivia. En el documento se enumeran detenciones arbitrarias, torturas, preocupación por la independencia de la justicia y restricciones a la libertad de expresión.

“Los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: tortura y casos de trata o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; serios problemas de independencia judicial; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la censura; interferencia sustancial con la libertad de reunión; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y existencia de las peores formas de trabajo infantil”, señala el informe.

De acuerdo con el documento, organizaciones no gubernamentales (ONG) bolivianas denunciaron que el Ministerio de Justicia no tomó acciones sobre acusaciones de tortura por parte de policías y militares, que la empleaban con frecuencia. Las ONG informaron que las investigaciones policiales se basaron en gran medida en la tortura para obtener información y extraer confesiones.

“Según los informes, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a las instalaciones policiales o mantenían a las personas detenidas. Según informes de ONG que trabajan con poblaciones carcelarias, las formas más comunes de tortura para hombres y mujeres detenidos incluyen violación, violación en grupo por parte de los guardias, privación sensorial, uso de cámaras de gas lacrimógeno improvisadas, tasers, asfixia, abuso verbal y amenazas de violencia”, denuncia el documento.

El documento de publicado por el departamento de Estado de EEUU señala que las prisiones en Bolivia están superpobladas y los presos carecen de servicio médicos adecuados, lo que crea condiciones severas para los reos y que pueden ser potencialmente mortales.

Los abusos perpetrados por funcionarios penitenciarios incluyeron intimidación sistemática, violación, maltrato psicológico, extorsión, tortura, tráfico sexual y amenazas de muerte.

“La corrupción es generalizada. La capacidad de un preso para pagar sobornos a menudo determinaba la seguridad física, el tamaño de la celda, los privilegios de visita, la capacidad de asistir a las audiencias judiciales, la elegibilidad para el pase diario y el lugar y la duración del encierro. Los reclusos podían comprar un traslado al centro de rehabilitación, un centro de detención recién construido con mejores condiciones de vida. Tanto los reclusos como las ONG alegaron que el número de policías era insuficiente para escoltar a los reclusos a sus audiencias. Los directores de prisiones a menudo no tomaron medidas para trasladar a los reclusos a sus audiencias, lo que exacerbó las demoras. En ocasiones, la policía exigió sobornos a cambio de otorgar a los reclusos el derecho a asistir a sus propias audiencias. Los medios independientes informaron que las denuncias de corrupción contra la policía eran comunes. Los reclusos dijeron que los guardias piden dinero a los reclusos a cambio de bienes de aseo y comida”, señala el informe.

De acuerdo con el documento, grupos internacionales de derechos humanos han denunciado varios casos en los que personas fueron detenidas posiblemente por motivos políticos. Estas detenciones fueron contra opositores al gobierno o miembros del gobierno anterior.

“El 28 de diciembre, la policía arrestó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y lo trasladó a una prisión de máxima seguridad en La Paz. Las autoridades ofrecieron varias justificaciones para el arresto de Camacho, pero finalmente afirmaron que fue detenido por su papel en la crisis política de 2019, que el gobierno describió como un ‘golpe de estado’. El 30 de diciembre, un juez ordenó la prisión preventiva de Camacho durante cuatro meses por cargos de terrorismo. En respuesta al arresto de Camacho y los disturbios posteriores, el Secretario General de la ONU emitió una declaración en la que destaca la importancia de adherirse al estado de derecho y garantizar el debido proceso y la transparencia en todos los procedimientos legales. Human Rights Watch afirmó que la justificación de la detención preventiva de Camacho era muy frágil”, señala el informe.

El informe de Washington sobre derechos humanos en el país andino también se centra en los presos políticos.

“El 10 de junio, la ex presidenta interina Jeanine Áñez Chávez fue declarada culpable y sentenciada a 10 años de prisión por ‘resoluciones contrarias a la constitución’ e ‘incumplimiento de deberes’ relacionados con su asunción a la presidencia en 2019. Se encontraba en prisión preventiva desde marzo de 2021. La constitución establece que los presidentes en ejercicio y los ex presidentes tienen derecho a un juicio político, en lugar de un juicio penal ordinario, por actos cometidos en el cargo. Sin embargo, el gobierno inició procesos penales regulares contra Áñez, miembro del Movimiento Socialdemócrata, en lugar de juzgarla en la Asamblea Nacional, donde el partido gobernante MAS carecía de la mayoría de dos tercios necesaria para destituirla”, señala el informe.

De acuerdo con el documento, grupos de derechos humanos expresaron su preocupación de que los arrestos de Áñez y miembros de su administración tuvieran motivaciones políticas. En junio, Human Rights Watch informó que no vio evidencia para respaldar los vagos cargos de terrorismo, sedición y conspiración contra la ex presidente. El informe de Human Rights Watch también señaló que a Áñez no se le permitió estar físicamente presente en su juicio.

De acuerdo con el informe, algunos medios de comunicación bolivianos denunciaron que el gobierno de Luis Arce los presionó e intimidó para que informaran favorablemente sobre las políticas del gobierno al retener la publicidad oficial e imponer impuestos elevados. Una ONG registró 61 violaciones a la libertad de prensa entre enero y abril, muchas de las cuales fueron instigadas por el gobierno.

“Los periodistas sufrieron amenazas y acoso. El 2 de noviembre, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz condenaron la agresión a un periodista que cubría el paro en Santa Cruz por la fecha del censo nacional. Marco Rocabado, periodista de la cadena de televisión UNITEL, fue golpeado con piedras y palos y una turba le robó su teléfono celular y su micrófono. Las asociaciones culparon del ataque a grupos apoyados por el MAS”, denuncia el documento.

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