Guillermo Lasso modificó un decreto para que los damnificados del terremoto en Ecuador puedan acceder a bonos

El presidente Guillermo Lasso modificó el decreto de desastres naturales para permitir la concesión de bonos de alquiler de emergencia destinados a las víctimas del reciente terremoto en Ecuador. Según el último informe del gobierno, 251 casas resultaron dañadas y 90 casas está totalmente destruidas.

El art. 18 del Decreto Ejecutivo N° 405 de 2022 se modificó para hacer exigible el depósito de la bonificación a los damnificados por causa de esta emergencia provocada por el sismo que afectó a varias provincias del país, especialmente de la zona costera.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) informó que el pasado sábado 18 de marzo a las 12:12 horas se registró un sismo de magnitud 6.7 con epicentro en la isla de Puná, en el Golfo de Guayaquil, a 66 km de profundidad. Previamente se afirmó que el epicentro se provocó en el Municipio de Balao, al sur de la provincia del Guayas y a 124 km de Guayaquil.

Hasta este momento los reportes oficiales cuentan 14 personas fallecidas, 491 heridas, 1.189 afectadas, 251 viviendas dañadas, 202 instituciones educativas dañadas, 90 viviendas destruidas, 34 instalaciones gubernamentales dañadas, 52 instalaciones privadas afectados, 51 centros médicos dañados y 3 instalaciones privadas destruidas.

Según la reforma del decreto, el Estado podrá brindar asistencia de emergencia para pagar la totalidad o parte del alquiler de una vivienda ocasional para uso de los afectados y de sus familias.

Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del Ecuador, este beneficio puede otorgarse por un período máximo de tres meses y la víctima puede recibir un monto total de 1,5 veces el salario básico unificado vigente en Ecuador, equivalente a USD 675. Incluso, en los casos más graves, esta cantidad puede ser otorgada de forma adicional, por la misma cantidad y por el mismo período. Los USD 675 se dividirán en tres meses con pagos mensuales de hasta USD 225.

En cuanto a las medidas de alivio del terremoto, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, explicó en Radio City de Guayaquil que los fondos disponibles en el presupuesto estatal ya han sido destinados a los ministerios de salud, educación, obras públicas, vivienda e inclusión económica que van desde los USD 100 millones hasta los USD 200 millones, y que esta cantidad está sujeta a cambios, que puede ser variable según la necesidad de cada cartera y que será un fondo de libre disponibilidad y reposición.

El nuevo decreto de reforma también establece que para construir una vivienda de interés social y para producir mejoras integrales en los barrios afectados se ofrecerán incentivos económicos de vivienda provistos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que podrá firmar acuerdos de cooperación para la transferencia de recursos con empresas públicas, alianzas estratégicas o acuerdos de cooperación interinstitucional.

Otros mecanismos serán alianzas o contratos con el sector cooperativo para la construcción de viviendas, con organizaciones de economía popular y solidaria, incluidas las organizaciones territoriales comunitarias y barriales constituidas para contribuir a la construcción de soluciones habitacionales, para la autoconstrucción o para el mejorando de viviendas afectadas. Para tal efecto, el Miduvi emitirá las normas pertinentes.

Son tres los requisitos mínimos para beneficiarse de estos incentivos: ser una persona afectada por el reciente terremoto, que la vivienda dañada o destruida sea de su propiedad y que el bien se encuentre en la zona territorial declarada en emergencia por el gobierno nacional.

Para construcciones nuevas se destinará hasta USD 28.800, mientras que para reparaciones hasta USD 14.400. El Miduvi es la organización que dará las instrucciones para gestionar estos incentivos. La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gabriela Aguilera, en un comunicado difundido por su cartera estatal, afirmó que los bonos se aplicarán de manera transitoria mientras continúen los procesos de contratación para la construcción, reforma y/o compra de vivienda por parte del gobierno nacional.

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