Entre la crisis bancaria y la polémica sobre las reformas internas, Lula trata de encontrar su rumbo económico

El impacto de la quiebra en Estados Unidos del Silicon Valley Bank (SVB) y de Signature Bank y del colapso del Credit Suisse en Suiza también se ha dejado sentir en Brasil. Aunque el Ministro de Economía, Fernando Haddad, intentó tranquilizar al mercado nacional declarando que “la crisis no tiene por qué ser sistémica” y que no será un Lehman Brothers 2, la bolsa brasileña cayó un 1,5% la semana pasada, cerrando el viernes en su nivel más bajo en siete meses. El dólar también se apreció un 1,19%, cerrando el viernes a 5,28 frente al real.

En enero, Brasil se vio afectado por otro escándalo financiero, la quiebra de Lojas Americanas tras el descubrimiento de un agujero de 43.000 millones de reales (8.300 millones de dólares). Sólo las próximas semanas revelarán el alcance de esta nueva crisis bancaria internacional y sus repercusiones en Brasil. De hecho, las nuevas empresas brasileñas guardaban más de 10 millones de dólares en el SVB, que utilizaban principalmente para recibir inversiones extranjeras. El SVB también era conocido en todo el mundo por su compromiso con las startups ecológicas, más de 1.500, que desarrollan soluciones a la crisis climática en ámbitos como la energía solar, el hidrógeno y las baterías limpias.

En una entrevista concedida al New York Times, el consejero delegado de Arcadia, el mayor operador de energía solar comunitaria de Estados Unidos, declaró que “SVB era en muchos sentidos un banco climático, por lo que habrá muchos daños colaterales” .También en Brasil el impacto podría ser importante, dado que la nueva agenda ecologista del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se centra en la energía verde para atraer inversiones y proyectos de startups, tanto nacionales como extranjeras.

Esta semana también será crucial para la economía de Brasil, ya que Lula, antes de partir a China el 26 de marzo, anunciará en detalle la nueva regla fiscal también llamada “arcabouço fiscal” que sustituirá al “techo de gastos”, una regla impuesta por el gobierno de Michel Temer para sanear las cuentas públicas tras la recesión del anterior gobierno de Dilma Rousseff, que acabó con un impeachment en 2016. El asunto suscitó debates y preocupaciones después de que el Congreso votara a finales de diciembre la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), que prevé una ampliación de los gastos en 169.100 millones de reales, unos 32.000 millones de dólares.

Para los expertos, no es una buena señal que Brasil no pueda mantener la misma regla fiscal a lo largo de los años, sino que la cambie según los vientos de la política. Chile, por ejemplo, tiene la misma regla desde hace 22 años. La idea detrás del ancla fiscal de Brasil en 2016 era mantener constante el gasto público, es decir, el gobierno puede aumentar el gasto respecto al año anterior pero solo por la variación de la inflación registrada en los últimos 12 meses.

Además, la segunda virtud de la actual regla fiscal es mantener el gasto público constante en términos reales y abrir así espacio para el crecimiento a través de la inversión privada, lo que reduciría el tamaño del estado en proporción al Producto Interno Bruto (PIB). Con la expansión de los gastos decidida por el nuevo gobierno, el estado necesita más impuestos. Por último, la norma aún en vigor tiene una fecha de caducidad de veinte años, con la posibilidad de una revisión en 2027. Es cierto que Bolsonaro ha perforado el techo de los gastos pero esto no significa que la norma no esté bien hecha. Un editorial del diario brasileño Globo escribe que “es como pinchar la tubería y luego decir que la tubería no funciona porque ha habido muchas fugas de agua. Eso es lo que pasó con Bolsonaro que colocó varios gastos fuera del techo. Sólo que el gobierno de Lula, en vez de actuar como un plomero, piensa que hacen falta más agujeros.”

Nada se filtró sobre la nueva regla fiscal que el ministro de Economía, Fernando Haddad, presentó a Lula el viernes por la tarde, ni a la prensa ni en el seno del Partido de los Trabajadores (PT). Haddad teme sobre todo el fuego amigo, es decir, que el ala del partido más proclive al gasto social pueda intervenir sobre el texto de su reforma y mutilarlo. Ya hace algunas semanas, la devolución parcial de los impuestos sobre la gasolina había desencadenado un enfrentamiento abierto entre la presidenta del partido de Lula, Gleisi Hoffmann, y Haddad. Según la periodista de la TV GloboNews Eliane Cantanhede, el jefe de la Casa Civil, Rui Costa, del PT, había “expresado dudas” sobre el mecanismo fiscal de Haddad, reclamando una flexibilización de la medida para obras e inversiones.

Los expertos creen que la nueva regla fiscal adoptará criterios anticíclicos, es decir, los gastos aumentan cuando la economía va mal y disminuyen cuando va bien. En el sitio de noticias Metropoles, el economista Márcio Holland, profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV) señala que “en realidad ejecutar esta medida es muy complicado. ¿Qué parámetros deben utilizarse para definir una economía que está calentada? ¿Y quién los define?”. Hollande también señala que cualquier gasto social debe estar bien pensado porque puede ser difícil retirarlo y se corre el riesgo de que se convierta en permanente. Aumentas la ayuda de emergencia, la actual Bolsa Familia del Gobierno, el Auxilio Brasil de Jair Bolsonaro y luego ¿cómo la reduces?”. Pero, sobre todo, la parte más débil son las llamadas metas de gastos que, según Holland, no pueden definirse a partir de estimaciones futuras: “Sólo sabes si has acertado con la previsión cuando el gasto ya se ha ejecutado”.

También esta semana, los días 21 y 22 de marzo, el Comité de Política Monetaria (COPOM) se reunirá para decidir si empieza o no a bajar la tasa de interés de referencia Selic. Desde su toma de posesión, Lula ha declarado la guerra al Banco Central dirigido por Roberto Campos Neto y a su independencia, una marca de garantía para la economía brasileña a partir de 2021. El presidente calificó despectivamente a Campos Neto de “ciudadano” y de “tontería” la actual tasa Selic del 13,75% anual. Campos Neto es muy respetado internacionalmente por su gestión hasta ahora en el Banco Central, ya que fue uno de los primeros del mundo en subir los tipos para frenar la inflación. En contra de Campos Neto y a favor de tipos Selic más bajos, la página web oficial del PT ha publicado en los últimos días una convocatoria de protestas en todo el país fijada para mañana. También hoy, antes de la reunión del COPOM, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) organizó una conferencia sobre reglas fiscales en la que participan economistas próximos a la Teoría Monetaria Moderna y críticos de los altos tipos de interés. Entre los participantes están Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía en 2001, y la economista Mariana Mazzucato, ex consultora en Italia del mediocre gobierno del 5 estrellas Giuseppe Conte y elogiada por el presidente de Argentina Alberto Fernández y el Papa Francisco, que la nombró miembro permanente de la Academia Pontificia de la Vida. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, según el diario de Bogotá El Tiempo, la ha calificado en repetidas ocasiones como su referente en temas económicos, empezando por su polémica reforma tributaria.

Desafortunadamente, el gran malentendido del ala política del PT es que bajando artificialmente el Selic, sin ningún parámetro económico que lo justifique, la economía se acelerará. Esta visión, sin embargo, no tiene en cuenta el impacto sobre el cambio del real y la inflación, que probablemente crecerá, pesando especialmente sobre los pobres y la clase media, cuyos salarios son inferiores al equivalente a mil dólares. Es precisamente esta incertidumbre sobre la nueva norma la que ha rebajado las expectativas de bancos y analistas económicos para 2023, que prevén que el PIB crezca sólo un 1% frente a 2022, cuando creció un 2,9%. Una primera prueba de la política que elige sin criterios económicos demostrando ser un fracaso fue la reducción del tipo de interés de los préstamos bancarios para los jubilados del 2,14% al 1,7% mensual. Fue tomada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNPS) formado por representantes del gobierno, jubilados y sindicatos sin ninguna evaluación macroeconómica. Para el Ministro de la Seguridad Social, Carlos Lupi, que preside el CNPS, la tasa anterior era abusiva. Sin embargo, los bancos se declararon incapaces de garantizar préstamos al nuevo tipo de interés impuesto por el gobierno, por lo que los suspendieron indefinidamente. 14,5 millones de personas se beneficiaban de esos préstamos, el 42% de las cuales ya deudores declarados en pasado en estado de insolvencia. A ellos ahora sólo se les abrirán las puertas del crédito para los insolventes, que pero tiene un interés del 20% mensual.

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