Abandono estatal, ciclos de violencia y pocas oportunidades: los niños ecuatorianos reclutados por las bandas criminales

Alias Boquita tiene 12 años, según los registros oficiales, pero en realidad tendría 13. A esa corta edad, su imagen se ha difundido en redes sociales provocando un arduo debate sobre los niños, niñas y adolescentes que participan en actos delictivos. Alias Boquita, que debería asistir a una escuela y jugar como otros niños de su edad, ha sido señalado por participar en el asesinato de un policía en Esmeraldas, al norte del país, y, más recientemente, por un secuestro extorsivo que sucedió en Quito.

Aunque para muchos parecería que casos como el de Boquita son aislados, la verdad es que en Ecuador las cifras de niños, niñas y adolescentes detenidos por delinquir ha incrementado en los últimos años. En el 2021, la Policía detuvo a 1.975 infantes y adolescentes, pero en el 2022 fueron 2.129 los detenidos. Hasta el 13 de marzo de este año, las autoridades ya cuentan 494 detenidos menores de 18 años, según los registros oficiales entregados a Infobae por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Policía de Ecuador (Dinaf).

Estos datos solo incluyen a niños desde los 12 hasta los 17 años. Aunque la mayoría de detenidos son varones desde los 15 años, hay casos de infantes de hasta 11 años que han sido vinculados a delincuentes.

El caso de alias Boquita llenó las redes sociales de mensajes en contra del niño, de usuarios que pedían que se lo juzgue como adulto y de personas que aseguraban que el infante no tiene oportunidades para recuperarse. Fueron pocas las reflexiones sobre el papel estatal, social y familiar que ha sido insuficiente para garantizar el cuidado y protección de niños que, como Boquita, fueron reclutados por grupos criminales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Violencia, niñez y crimen organizado, explica que la presencia de grupos delincuenciales “en las zonas o comunidades más pobres y excluidas suponen un riesgo para los adolescentes de estas áreas”. Los criminales aprovechan la vulnerabilidad y escasez de los habitantes de estos lugares para reclutar a los niños y adolescentes que a veces ven a la vinculación con estas bandas “como una oportunidad para generar ingresos e incluso para obtener reconocimiento y respeto”.

Alias Boquita creció en Esmeraldas, una provincia históricamente abandonada por el Estado, ubicada en la frontera norte del país y que se convirtió en una zona de paso del narcotráfico y de la operación de grupos armados y criminales. En Esmeraldas, “el 85% de su población vive por debajo del umbral de pobreza, el 23% tiene acceso únicamente a los servicios más básicos, y el 15% de la población es analfabeta”, según explicó Ahmed Reid, del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes.

Alias Boquita es afroecuatoriano. Los afroecuatorianos representan al 7.2 % de la población nacional, sin embargo, representan el 40% de aquellos que viven en la pobreza. Sobre esto, la CIDH asegura que los niños afro de la región están más expuestos a las pandillas y a grupos dedicados a actividades ilícitas, a actos discriminatorios y de violencia de parte de las fuerzas de seguridad del Estado, así como acciones violentas por organizaciones paramilitares y por grupos de seguridad integrados por particulares.

En entornos con mayor presencia de los grupos criminales, explica la CIDH, es habitual que los niños y adolescentes tengan algún familiar, amigo o persona cercana que pertenezca al grupo criminal. Pero también que la presencia de estos grupos delictivos esté normalizada, lo que genera que para muchos niños, niñas y adolescentes les sea difícil eludirlos.

En septiembre de 2022, un adolescente de 16 años llamado Christian fue detenido por asesinar a un fiscal en Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país y del mundo. La policía lo detuvo como el autor material del crimen. Christian, que apenas tres meses antes había salido del Centro de Adolescentes Infractores, volvía a delinquir.

Euriza Rivera, directora de Medidas Socioeducativas para Adolescentes Infractores, dijo en aquel momento a Primicias lo que se ha convertido en una realidad que muchos no conocen o se niegan a reconocer: “los chicos están siendo cooptados, porque las organizaciones delictivas están supliendo las necesidades que otro tipo de instituciones debieran solventar”.

En ese mismo mes, el medio británico The Telegraph reveló cómo operan las escuelas de sicarios en Ecuador. La investigación recoge el testimonio de Juan, un adolescente de 16 años que ingresó a la escuela de sicarios a los 12 y que desde entonces ha asesinado a 45 personas. El adolescente explicó que para personas como él, con pocas oportunidades, no hay opciones cuando llega la mafia: “Los niños saben que si se niegan, los matarán. No tienen elección”.

Juan fue reclutado por miembros de la mafia albanesa, quienes ofrecieron que a los mejores sicarios se los llevarán a trabajar en Europa: “Conozco a tres de mis amigos que fueron. Ellos pagan la visa y todo. Nunca tuve la oportunidad. Pero es lo que la mayoría de nosotros soñamos”, aseguró el adolescente.

Para Sybel Martínez, experta y directora del Grupo Rescate Escolar, cuando se habla de la niñez y adolescencia inmersa en actos delictivos, no se enfoca el problema en el fondo sino que, social y políticamente, solo se observa una parte del problema: “Hablamos de pobreza extrema, hablamos de pobreza multidimensional extrema, donde los niños no han sido siquiera considerados dentro de la política pública. Se supondría que (estos niños) al menos van a encontrar asidero en la sociedad y si no en la sociedad, en su núcleo familiar, pero cada uno de nosotros, en cada uno de esos estamentos hemos fallado, entonces es muy fácil poner el dedo acusador”, explicó a Infobae.

Las bandas criminales reclutan a los niños y adolescentes “a través de engaños, amenazas, presiones y violencia”, según explica la CIDH. Además, cuando los grupos están vinculados al narcotráfico, “incitan también a los niños y adolescentes al consumo de drogas”.

En entrevista con Infobae, el teniente coronel de la Policía Jorge Borja, subdirector de la Dinaf, manifestó que la mayoría de niños y adolescentes detenidos son expendedores de droga, es decir que están inmersos en redes de microtráfico, pero la tragedia no termina allí: “estos adolescentes que son los expendedores, también se convierten en consumidores”, aseguró el oficial.

Las bandas que los cooptan los introducen al mundo de las drogas. Primero les surten de dosis de forma gratuita, cuando los adolescentes ya son adictos les empiezan a cobrar por la droga. Es entonces cuando “buscan otro tipo de delito, que les dé una rentabilidad para ellos poder sostener este vicio”, explicó Borja.

Convertir a los niños y adolescentes en expendedores y consumidores de droga es solo una forma de reclutarlos.

Generalmente, explicaron Borja y Martínez, los delincuentes les ofrecen obsequios e incluso atienden necesidades básicas de los niños y adolescentes para ganar su confianza y luego chantajearlos. Por ejemplo, les dan un celular o dinero en efectivo. Después les dicen: “como te di esto, ahora debes hacer esto por mí”, señalaron ambos expertos.

Cuando los niños y adolescentes son reclutados se integran en unidades jerárquicamente estructuradas donde cumplen órdenes de sus superiores, empiezan siendo vigilantes, por ejemplo, y luego escalan en el tipo de delitos. Asimismo, si no obedecen se atienen a castigos severos. Una vez dentro, es casi imposible salir: “La deserción del grupo es vista usualmente como un grave incumplimiento de las reglas dado que pone en peligro a la organización y su funcionamiento, y por tanto puede llegar a acarrear consecuencias extremas como el asesinato al considerarlos traidores”, explica el informe de la CIDH.

Aunque los niños, niñas y adolescentes que provienen de sectores sociales tradicionalmente excluidos y pobres son más vulnerables ante las bandas, entre ellos, el grupo más afectado por la violencia son los adolescentes varones. La edad promedio a la que los niños son captados por grupos criminales son los 13 años, indica la CIDH. Según los datos de la Policía del Ecuador, en este año, 406 de los 494 menores de edad detenidos tenían entre 15 y 17 años. Del total de niños y adolescentes detenidos, el 90 % son varones.

Las adolescentes también son víctimas de violencia en estos contextos, y suelen tener papeles que las vinculan al actuar del crimen organizado relacionados con roles tradicionales de género como las tareas de cuidado y en otros como integrantes activas de los grupos delictivos, explica la CIDH. En lo que va del 2023, 47 niñas y adolescentes fueron detenidas, la mayoría tenía entre 15 y 17 años.

Los tratados y convenciones internacionales de Derechos de la niñez y la adolescencia son claros al explicar que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Esa trilogía debe garantizar el correcto desarrollo de los infantes a nivel físico, cognitivo, emotivo, psicológico y social. La CIDH reitera que el niño “depende de los adultos para el efectivo acceso y disfrute de todos sus derechos”.

El Estado, a través de políticas públicas enfocadas en la niñez, la familia en acompañamiento responsable y la sociedad como sostén de los niños y adolescentes deberían trabajar en conjunto para atender las necesidades de los infantes. Esto porque “las limitaciones que enfrentan los adolescentes en el ejercicio y disfrute de los derechos, y la falta de oportunidades educativas y laborales para que puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo en condiciones de dignidad, contribuyen a exponerles a las organizaciones criminales y a sus actividades”, de acuerdo con la Comisión.

Para el teniente coronel Borja “deberíamos unirnos para buscar mecanismos a través de los cuales los niños y los adolescentes hagan lo que ellos tienen que hacer: jugar, compartir, tener espacios espacios de diversión, espacios donde compartan con los demás”. Martínez coincide con esto: “Hay que ponernos de acuerdo en temas mínimos de cómo debería ser la protección de los niños”.

Aunque el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene programas para la erradicación del trabajo infantil, para atender personas habitantes de calle y en situación de mendicidad, o de intervención psicosocial preventiva, la realidad es que no todos los niños o sus familias acceden a la atención gubernamental. “Hay más de 3 millones niños que sufren de pobreza extrema y seis de cada diez de ellos de pobreza multidimensional... Hablamos de falta de servicios, de seguridad alimentaria, de falta de educación, de falta de salud, de Seguridad Social, de protección social también y en esa carencia es en la que cree crecen estos niños”, indicó Martínez.

Por estos motivos, al hablar de que la punitividad de los niños y adolescentes debe ser igual a la de los adultos, la CIDH indica que “las actuales políticas de mano dura no toman en cuenta las consecuencias específicas de estos contextos para los y las adolescentes quienes se encuentran en una situación de desprotección que los expone a ser captados y utilizados por el crimen organizado, a vincularse a actividades violentas y delictivas, y a ser víctimas de ellas”.

Los niños, niñas y adolescentes que comenten actos delictivos sí pueden rehabilitarse y reinsertarse socialmente, pero para esto se necesita que el trabajo gubernamental interinstitucional priorice esa rehabilitación y no la respuesta punitiva. En la región, indica la CIDH, no hay programas de justicia restaurativa que no impliquen el encierro carcelario: “Los adolescentes son encerrados en condiciones muy precarias que no contribuyen a su reintegración en la sociedad ni a evitar la reincidencia. Estas condiciones solo agravan el problema. Algunos de ellos pasan toda su adolescencia privados de libertad”, dice el informe.

Como demuestran los expertos, los estudios y los registros, el problema no se reduce al debate de la pena que un infante o adolescente debe cumplir por un delito, sino que abarca un trilogía: Estado, familia y comunidad que no funciona y que no garantiza los derechos mínimos que un niño, niña o adolescente debe tener para desarrollarse en entornos que les provean oportunidades de crecimiento. Los niños, entonces, están abandonados.

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