Pagos fantasmas e indicios de lavado: las denuncias de corrupción contra Nayib Bukele que lo siguen desde que era alcalde

Cuando aún no era el candidato por vencer ni el político más popular en la historia de El Salvador, cuando apenas había ejercido ocho meses como alcalde de la capital salvadoreña, a finales de 2015, la contraloría de su país ya señalaba a Nayib Bukele por la mala administración de casi un millón de dólares de fondos públicos.

A finales de 2016, la Corte de Cuentas de la República, que es la contraloría salvadoreña, presentó un informe sobre un examen elaborado a las cuentas de la Alcaldía Municipal de San Salvador entre el 1 de mayo de 2015, cuando Bukele asumió como jefe municipal, y el 31 de diciembre de ese año. Los principales hallazgos son que la gerente de comunicaciones, la tesorera municipal y el director de administración de la alcaldía, los tres cercanos a Bukele, y otros funcionarios, habían entregado contratos sin seguir las reglas de competencia establecidas en la ley, que habían entregado pagos por obras y servicios no prestados y que no llevaban un control adecuado de los ingresos municipales ni de la deuda de la alcaldía.

La contraloría hizo reparos al manejo de USD 977,717.55 en el primer año de gestión de Bukele. De esa cifra, 775,456.70 corresponden a ingresos que la municipalidad hizo a la banca salvadoreña sin justificar de forma adecuada el origen de los fondos; los otros USD 202,260.85 corresponden a contratos mal administrados o adjudicados de forma irregular y a pagos a contratistas por servicios no prestados.

Dos de los casos cuestionados por los contralores tienen que ver con contratos adjudicados a compañías costarricenses por consultarías para mejorar la atención al cliente en la alcaldía y para crear una estrategia en la toma de decisiones administrativas. En total, contratos por USD 59,000. Más que las cantidades, pequeñas para una alcaldía del tamaño de la de San Salvador, los auditores destacan el patrón de pago: en ambos casos se entregaron las consultorías a compañías que no demostraron experiencia en brindar los servicios para los que estaban siendo contratadas, y, más grave, recibieron pagos sin que la alcaldía de Bukele pudiese certificar, con documentos, que las asesorías habían sido prestadas.

Uno de estos casos es de la empresa Punto Soluciones S.A., con sede en Costa Rica, a la cual la alcaldía pagó USD24,000 a cambio de que entregara una estrategia para mejorar la atención a los ciudadanos. El servicio fue adquirido mediante la orden de compra número 66868 del 16 de diciembre de 2015 y el pago entregado con la factura número 1200 el mismo día, según consta en documentos de la contraloría salvadoreña en poder de Infobae.

El problema con esa compra es que Punto Soluciones nunca presentó “los productos o servicios específicos de análisis…” y la alcaldía no realizó investigaciones de mercado para “verificar la viabilidad técnica, económica y financiera necesaria para la adquisición de este servicio”. La alcaldía de Bukele, dice el informe, tampoco siguió los pasos establecidos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), la legislación que regula las compras hechas con fondos públicos.

Patrones similares, de adjudicaciones irregulares y pagos por servicios no prestados, se repiten en al menos nueve contratos entregados por Bukele en sus primeros ocho meses de gestión en San Salvador.

Otro de los contratistas cuestionados es GAIA Consultores, una empresa de Costa Rica dirigida entonces por Danilo Morales Mora, costarricense, que recibió USD 35,000 por asesorar a Bukele en la toma de mejores decisiones administrativas. Al igual que Punto Soluciones, GAIA no entregó ningún producto a cambio del pago, no hizo estudios previos y recibió el contrato a pesar de que no presentó credenciales válidas para prestar el servicio que ofrecía. Con el tiempo, Morales Mora se convirtió en uno de los asesores más cercanos de Bukele en el camino del salvadoreño hacia la presidencia, e incluso le sirvió de puente para contratar, en Estados Unidos, a lobistas republicanos cercanos a Donald Trump, según un ex funcionario salvadoreño que trabajó cerca de Bukele en la alcaldía capitalina.

Un contador salvadoreño especializado en administración pública, y quien trabajó en la Corte de Cuentas, explicó que los exámenes de auditoría que hace la contraloría están diseñados, en primera instancia, para detectar irregularidades administrativas, pero también pueden dar pie a investigaciones penales si las autoridades contraloras encuentran indicios de actividad criminal y los remiten a la fiscalía general. En el caso del examen de 2016, no hubo investigación criminal, a pesar de que había algunos indicios.

“De todo lo más grave es que no se justificó el origen de muchos depósitos, el origen del dinero, a las cuentas bancarias de la alcaldía… No fue poco dinero”, dice el ex auditor consultado, quien habló desde el anonimato por razones de seguridad. El informe de la Corte de Cuentas, en el Anexo III, detalla 50 depósitos bancarios hechos a partir del 15 de mayo de 2015 por USD 775,456.70 en los que los auditores encontraron “deficiencias en el control de ingresos”. Una de esas deficiencias fue que las autoridades municipales no registraron el origen legal de esos fondos: “realizaron remesas diarias a cuentas bancarias de la municipalidad sin presentar un detalle que los relacione con los documentos que les dieron origen”, dicen los empleados de la contraloría.

Más allá del dinero observado, los informes de la contraloría hablan también de cómo el joven alcalde salvadoreño empezaba a consolidar el grupo de confianza que lo seguiría hasta la presidencia, pero también habla de los grupos de poder político que estuvieron cerca de Bukele en sus inicios.

El 16 de septiembre de 2015, el concejo municipal que presidía Bukele acordó, en el punto 6.2 de aquel día, entregar un contrato publicitario por USD 877,200 a la Sociedad América Publicidad por divulgar “acciones de la Alcaldía Municipal de San Salvador a través de diferentes medios de comunicación”. Dos días después se firmó el contrato. Al revisar lo hecho por América Publicidad, la contraloría encontró que la alcaldía había pagado USD 81,942 con dos cheques por 35,000 calendarios de pared. El problema, dicen los auditores, es que la empresa contratada nunca entregó esos calendarios.

América Publicidad es una empresa conocida en El Salvador, no solo por ser una de las más antiguas, sino porque, entre 2004 y 2009, fue una de las contratistas preferidas en el gobierno de Elías Antonio Saca, quien está preso mientras espera juicio por varios delitos de corrupción. Tras la captura del ex presidente Saca en octubre de 2016, la fiscalía salvadoreña detuvo a decenas de personas, entre ex funcionarios y contratistas del gobierno. Entre los detenidos estaban los directivos de América Publicidad acusados de recibir de forma ilegal dinero de la casa presidencial. La alcaldía de Bukele hizo el contrato con América Publicidad antes de que estallara el escándalo Saca, pero ya para 2015, el futuro presidente contaba entre sus asesores más cercanos a personas que habían trabajado con el ex presidente.

La responsable de administrar el contrato con América Publicidad era Sofía Medina, entonces gerenta de comunicaciones de la alcaldía. Medina también saltaría a la fama en aquellos días, no por los acuerdos publicitarios, sino por su rol en una red de troles cibernéticos aliados con Bukele que hicieron duplicados digitales del periódico La Prensa Gráfica para esparcir noticias falsas. A Medina la fiscalía la acusó en 2018 de varios delitos por ese caso, aunque luego fue exonerada. En la actualidad, la ex gerenta municipal es secretaria de comunicaciones de la presidencia.

Cuando fue alcalde de San Salvador, Bukele también entregó un contrato para la compra de hidrocarburos a Hydroil, una empresa propiedad de Enrique Rais, un empresario acusado en El Salvador por actos de corrupción y prófugo desde 2017, y quien tiene nexos con al menos uno de los ministros del actual gabinete.

Otros dos nombres que aparecen en el informe de la contraloría de 2016 son el de Jorge Miguel Kattán, tío de Bukele y director de administración de la alcaldía de San Salvador en 2015, y el de Claudia Juana Rodríguez de Guevara, tesorera municipal y en la actualidad secretaria privada de la presidencia. Kattán, quien es uno de los principales asesores comerciales de la presidencia actualmente, y Rodríguez fueron nombrados en sus cargos municipales en el primer día de la gestión Bukele en 2015, según consta en la primera sesión del Concejo Municipal entrante, celebrada el 1 de mayo de aquel año, y de la que Infobae tiene copia. Ambos son catalogados, en ese documento, como funcionarios de extrema confianza.

El informe de auditoría de 2016 también señala que, durante sus primeros meses de gestión, Bukele presidió una alcaldía en la que los números de la deuda pública no cuadraban. Según las investigaciones de los auditores, los libros mostraban inconsistencias por USD 6,2 millones en los saldos de la mora tributaria. Una de las unidades relacionadas con ese hallazgo es la de tesorería, presidida por Claudia Juan Rodríguez de Guevara.

Las inconsistencias en la mora tributaria pueden, según el ex auditor consultado, dar pie al maquillaje de cifras. Los auditores de la contraloría lo explican así: “No existe certeza de que los saldos de la mora tributaria a favor de la municipalidad se encuentran adecuadamente controlados, lo que podría ocasionar que exista sobrevaluación de las cifras presentadas en los estados financieros”.

Con los años, los señalamientos e investigaciones por corrupción inundaron la casa de Nayib Bukele y sus funcionarios. Para 2021, ya como presidente del país, el nombre de Bukele y el de algunos de sus funcionarios más cercanos, como su jefa de gabinete, su ex secretario privado, su ex ministro de agricultura, su ministro de hacienda, el de salud, el jefe de su diputados o el de su director de cárceles han aparecido en expedientes de la fiscalía salvadoreña, de una comisión internacional investigadora auspiciada por la OEA y de una fuerza de tarea estadounidense apoyada por los departamentos de justicia y del tesoro en Washington.

Los casos de corrupción, lavado de dinero, contratos irregulares y posible malversación de fondos achacados a Bukele y su entorno en la actualidad suman decenas de millones de dólares, en comparación de los cuales palidecen las cifras en las investigaciones hechas a la gestión municipal o a las cuentas de Nayib Bukele cuando fue alcalde de San Salvador y, antes de eso, jefe municipal del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán, entre 2012 y 2015. Aquellas primeras investigaciones, sin embargo, dan ya una idea de algunos patrones en la gestión pública del bukelismo.

La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia investigó, entre 2017 y 2018, cómo había crecido el patrimonio de Nayib Bukele cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio dormitorio de clase media alta ubicado en la periferia sur de San Salvador.

La ley salvadoreña establece que los funcionarios públicos deben presentar, a la entrada y a la salida de sus gestiones, declaraciones patrimoniales, las cuales son las bases para los estudios que hace la CSJ. Luego de que la sección de probidad pasa un informe preliminar al pleno de la corte, formado por 15 magistrados, este produce un informe final y decide si, con base en lo encontrado, remiten el informe a la fiscalía general para que se abran investigaciones criminales. Los magistrados también tienen la potestad de decir si hay indicios de algún delito. Con base a lo declarado por Bukele entre 2012 y 2015, el pleno de la CSJ decidió enviar el caso de Bukele al ministerio público y al ministerio de hacienda luego de encontrar que el político no había pagado impuestos por una donación de USD 846,662.42 que le hizo Karim Bukele, uno de sus hermanos y en la actualidad su principal asesor político.

Cuatro de los 15 magistrados que votaron aquel día consideraron, mediante un voto razonado, que la investigación a Bukele arrojaba suficientes indicios de que él había cometido delitos de enriquecimiento ilícito al aceptar el dinero que se supone le dio su hermano con cheques de Obermet, una empresa familiar de publicidad de la que Nayib fue directivo y con la cual obtuvo contratos por decenas de miles de dólares durante los gobiernos del partido FMLN, al que entonces pertenecía.

El resto de los magistrados, sin embargo, consideró que el asunto solo daba para mandar el expediente a Hacienda y a la Fiscalía por una posible evasión de impuestos que Bukele tenía que pagar por la donación de su hermano. Hacienda continuó la investigación a través de su unidad penal y, a finales de 2018, envió su expediente a la fiscalía general confirmando esos indicios, pero después, por razones no esclarecidas, retiró la denuncia.

Cuando Hacienda echó marcha atrás en la investigación a Bukele por posible evasión fiscal era ministro Nelson Fuentes. Ambos hombres compartían algo: habían recibido dinero de Alba Petróleos de El Salvador, la filial salvadoreña de la estatal petrolera venezolana PDVSA, que fue investigada por la fiscalía salvadoreña y en Estados Unidos por el presunto lavado de unos mil millones de dólares. En 2019, como parte de la investigación a Alba Petróleos en El Salvador, la fiscalía allanó varias empresas y encontró certificados de préstamos y donativos de dinero venezolano a varios funcionarios salvadoreños, entre ellos Bukele, quien recibió al menos USD1.9 millones, y Fuentes, quien obtuvo un préstamo por poco más de USD 75,000.

Investigaciones como las de la Corte Suprema de Justicia a sus finanzas personales o las de la fiscalía general hoy están enterradas por las mismas instituciones, a las que Bukele controla. La misma contraloría, que en 2016, hizo varios reclamos al joven alcalde Nayib Bukele, es hoy feudo del presidente Bukele.

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